En declaraciones escrita el presidente de la Alianza por la Democracia (APD), Max Puig, aseguró que a pesar de los esfuerzos y las manifestaciones realizadas por la organización Marcha Verde para exigir el cese de la corrupción y la impunidad en el país, este flagelo sigue imparable en el gobierno del presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Entrevistado por el periodista Vargavila Riverón en el programa “Frías y Calientes” que se transmite por el canal Hilando Fino TV, deploró que continúan estallando casos de corrupción en instituciones públicas, no obstante calificó el 2017 como un año muy importante afirmando que ha sido el despertar ciudadano y de la movilización con las manifestaciones populares en contra de ese delito.
“Ha sido un año del despertar ciudadano, no es que se descubrió la corrupción, eso está desde hace mucho tiempo y crece cada vez más en este gobierno, este es el año del destape de la magnitud, de la profundidad y los efectos graves de esa corrupción ha provocado que se profundice el desprestigio del gobierno, ha perdido legitimidad, está en picada y por eso cada vez menos dominicanos confían en él y en el partido dominante”, declaró el también ex ministro de medio ambiente.
Reiteró que “los escándalos de corrupción más grandes de la historia del país se han registrado en las últimas administraciones gubernamentales del Partido de la Liberación Dominicana, pero al existir una complicidad explicita en la justicia, no se ha hecho nada al respecto, a pesar de que existen pruebas de muchos actos de corrupción”.
Dice sectores importantes fueron excluidos del Pacto Eléctrico y no representa los intereses de la mayoría
En otro orden, Max Puig aseguró que el gobierno se vio obligado a posponer la firma del Pacto Eléctrico, ya que no se escucharon las propuestas de sectores importantes del país, que fueron excluidos del proceso de discusión de la iniciativa.
Vaticinó que sería un fracaso en las condiciones en que el gobierno del presidente Danilo Medina pretende firmar el acuerdo para solucionar la problemática del sector energético en la República Dominicana, porque no representa los intereses del pueblo, sino de un grupo que se beneficia de la mafia eléctrica.
