Si la Junta Central Electoral no reorienta sus actuaciones, continuará encharcada en conflictos interinstitucionales que afectan su imagen y pudieran llevar al país a nuevas crisis en el arbitraje electoral.
Arrancaron el año con una decisión a todas luces improcedente: la variación del criterio para la colocación la asignación del orden en el que los partidos se colocarían en la boleta, que también cambiaba, para algunos, los recursos que recibían por parte del Estado para el financiamiento de sus actividades.
Variaban así una resolución que el pleno de la Junta Central Electoral había adoptado el 8 de mayo del año 2016, en base a la cual los partidos acudieron a las elecciones del 20 de mayo. Hasta un niño sabe que las reglas del juego no se cambian después que el juego ha terminado, y que los derechos que se han generado en base a unas reglas previas no pueden afectarse con decisiones posteriores.
El Artículo 110 de la Constitución establece en forma categórica: “La ley solo dispone y se aplica para el porvenir, no tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjudice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”
Ese desatino del pleno de la Junta Central Electoral fue anulado por el Tribunal Superior Electoral y la repuesta inicial del presidente de la JCE hacía pensar que ese conflicto quedaba subsanado: “La JCE en el Estado de derecho se acoge a la potestad soberana de las jurisdicciones y, por tanto, en este caso nuestro órgano electoral, independientemente de estar de acuerdo o no con la decisión la respeta”. Esas declaraciones fueron ofrecidas el 26 de abril, pero el 16 de mayo, adoptan una postura totalmente contraria y deciden recurrir ante el Tribunal Constitucional la medida que supuestamente iban a respetar, con lo que se expusieron a un revés más contundente.
Con el caso de los equipos electrónicos para el registro de concurrentes y de escrutinio automatizado, también han incurrido en errores que le han llevado a nuevos conflictos interinstitucionales.
Filtran a los medios un informe elaborado por el director de informática, Miguel Angel García, en el que se dice que esos equipos comprados a la empresa INDRA no están aptos para procesos electorales futuros, lo que implica que el Estado habría perdido una inversión de 40 millones de dólares, aunque la razón expuesta para alegar el desperfecto es que “se mostró una evidente improvisación, falta de control, y carencia de plan de trabajo integrado a un plan estratégico y un calendario electoral”.
Así como advertí que la decisión de cambiar el criterio para la asignación del numero en la boleta era inaceptable, también sostuve que el documento en cuestión carecía de credibilidad porque la persona que había elaborado guardaba resentimiento con el anterior presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario, y que había renunciado del departamento de informática alegando haber sido maltratado.
Sin que el pleno fijara una posición, el documento fue distribuido y remitido a la Cámara de Cuentas en mor de contestación a un informe en que esa entidad establecía que el contrato con INDRA se había acogido a todos los mandatos de la ley, y la respuesta fue no tenía valor alguno. Y no conforme, la JCE anuncia la una nueva comisión que contraviene sentencia del Tribunal Constitucional.
