La justicia Dominicana en 2017 presenta señales contradictorias, de una parte, inició precedida de fuertes escándalos del año anterior y del propio 2017, de otra parte, hubo señales realmente interesantes sobre la postura de varias asociaciones de jueces que buscan una identidad propia al margen del discurso oficial de la justicia.
Estas causales puede decirse que caracterizan el desempeño de la administración de justicia en el recién finalizado año. Sin embargo, las mismas no son más que escaramuzas que ocultan el problema de fondo de la Administración de Justicia en el recién finalizado año, pues a decir verdad, el real problema de la justica fue, en el año que nos ocupa, el desenfado con que se continuó irrespetando el principio de inamovilidad de los jueces.
El origen de este problema de fondo ha de ser ubicado en las decisiones del Consejo del Poder Judicial, órgano que se ha convertido en el caballo de Troya de la justicia dominicana, pues atenta contra la imparcialidad y la independencia de los jueces incluso de la Suprema Corte de Justica, y convierte al Presidente de la SCJ en un dictador aun frente a sus pares, creando la percepción de que un partido dirige la justicia.
Buen ejemplo de ello son los escándalos que se sucedieron, la nación pudo observar el cómo en cada asunto de importancia, principalmente en materia de corrupción administrativa, los jueces sintieron presión que fue hecha pública, incluso, una juez caracterizada por defender su honor y su dignidad frente a Balaguer, en su tiempo de poder, dio pasos contradictorios con su trayectoria, lo cual es expresivo del malestar reinante. Pero esta no es más que la punta del iceberg, al interior, se observa cómo, por ejemplo, las decisiones del Tribunal Constitucional no son acatadas por los jueces en razón de que enfrentan al Estado o a una de sus instituciones y el temor es evidente, pues solo él puede explicar el por qué los jueces se abstienen de hacer ejecutorias sentencias que son definitivas por emanar del más alto tribunal del país. El asunto es peligroso pues de continuarse por esta vía, nadie respetará en el país una decisión de amparo ni ninguna decisión del TC ni de ningún otro tribunal.
Por otra parte, la Comisión de seguimiento a la Administración de Justicia fue cerrada con unas series de recomendaciones que no se sabe quién o quienes habrán de darle seguimiento y, si realmente, se les ha dado seguimiento. Hecho muy grave pues al parecer, las consultas sobre los problemas de la justicia fueron una tomadura de pelo.
El signo alentador es la postura de los jueces que por medio de asociaciones de jueces, buscan con la lámpara de Aladino, una identidad propia que les permita ejercer cierta independencia e imparcialidad, apoyándose en la sociedad y en los abogados. Esta búsqueda de identidad con y para la sociedad constituye el punto luminoso de la justicia en 2017, y, ojalá continúe ensanchándose en el cursante año de 2018, pues por esa vía, podría llegarse al punto de que la idea malsana que algunos han propalado sobre el populismo penal, se convierta en la vía de solución de los problemas de la justicia porque queda claro que el Consejo del Poder Judicial, no solo es que es un órgano antidemocrático distorsionador de la función de juez sino que se ha convertido en la mayor traba para los jueces. La atmosfera al interior de la justicia es carente de oxigeno debido a que ese órgano se ha convertido en el brazo inquisidor del Presidente de la SCJ.
Lo es también porque algunos jueces son intolerantes frentes a los abogados que hacen exigencias para con el debido proceso: esto es: no solo el CPJ es intolerante, también los son determinados jueces ante las críticas ríspidas de algunos abogados en estrados situación que reflejan luego en sus sentencias como castigo. El CEC-UASD entiende que este tipo de jueces no son tales, pues pretenden desconocer el rol del abogado y el rol de la doctrina en la buena práctica del derecho. El juez incapaz pasa por ser un juez anti crítico y sancionador de la libertad de expresión en el ejercicio de la abogacía. Ciertamente, algunos abogados se van un poco más allá de lo razonable, pero se debe recordar siempre al inefable Voltaire cuando sentenció: “Estoy en desacuerdo contigo pero daría mi sangre por defender tu derecho a disentir.” En un Estado Social y Democrático de Derecho es una desgracia que exista el juez intolerante, aunque a su vez sea víctima de lo mismo, pues no se justifica tal conducta.
Para salir del mismo, se requiere una reforma constitucional, o bien, que la propia SCJ empiece a declarar su obsolescencia dejando a las salas de la SCJ que inspeccionen o cuando menos que hagan sugerencias orgánicas sobre el desempeño de sus pares y de los jueces de instancias inferiores. Esta decisión junto a consultas abiertas y cerradas a las asociaciones de jueces puede que señalen el camino hacia una mejor administración de justicia junto al cese de la frenética carrera por lograr un ascenso como mecanismo de para obtener mejores condiciones de vida y de trabajo.
Las relaciones de los jueces con el Ministerio Público también presentaron altibajos producto de acusaciones y contra acusaciones constantes entre los unos y los otros, lo cual es una de la mayores evidencias de que la Administración de Justicia cojeó de ambas piernas en 2017.
El año cerró con una situación realmente alarmante desde la perspectiva de los derechos humanos por la desproporción y el favoritismo hacia ciertos internos con grandes posibilidades económicas mientras otros son simplemente ignorados para fines de permisos con ocasión de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo. Lo cual podría dar lugar a las constantes percepción de que la corrupción campea en ciertas áreas de la Justicia. Lo cierto es que los males que los fiscales achacan a los jueces son válidos también para ellos y viceversa.
Hablando de institucionalidad judicial quizás la mayor deficiencia fue la inexistencias de condiciones adecuadas para juzgar en la Provincia Santo Domingo, donde un furgón es sala de audiencia, o la cárcel de San Luis donde existen condiciones inhumanas con la suerte de que doscientos privados de libertad fueron sacados para que unos cuatros connotados sean los que ocupen el espacio que ocupan 200. Lo cual da una idea de la precariedad en que viven los internos del país, salvo honrosas excepciones en el denominado Nuevo Modelo.
Pero al tratar el tema de la institucionalidad y la Constitucionalidad, que son las materias bases del Centro de Estudios Constitucionales que presidimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, CEC-UASD, es evidente que la situación en que está operando la jurisdicción de lo contencioso-administrativo resulta deplorable: un solo juzgado de 1ra instancia y una única corte para toda la República.
En una época en que la mayor parte de los conflictos son entre organismos públicos y particulares tal situación constituye una flagrante violación a la Constitución y a los derechos ciudadanos. Se desconoce que el derecho común del Estado Constitucional es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, abogamos porque ese problema sea resuelto en el cursante años, pues exigir calidad en los fallos de esa jurisdicción es un contra sentido en sus condiciones actuales. No se sabe cuál jurisdicción entre la penal y la administrativa está en peor situación, una por las presiones de la política, la corrupción y las precarias condiciones de trabajo en que opera, donde los fiscales, todavía se limitan a pedir a la víctima que los provea de pruebas cuando la responsabilidad de tal iniciativa corresponde a tales funcionarios, y jueces temerosos de que se cuestione su decisión ante el autoritario Consejo del Poder Judicial, en unos casos, y, en otros, la inexistencia de tribunales en todas las provincias del país constituyen atentados de parte de los deudores de derechos ciudadanos y de garantías constitucionales frente a la ciudadanía.
Dr. David La Hoz
Director del Centro de Estudios Constitucionales de la UASD
A los cinco (5) días del mes de enero de 2018, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional de la República Dominicana.
