El punto negro de las políticas públicas de la República Dominicana es el tema salud. En su momento lo fue la educación área en la que el gobierno actúa conforme al mandato constitucional de que es deudor frente a sus acreedores que somos todos los ciudadanos y habitantes de la patria de Duarte.
Los problemas del sector salud son múltiples, el primero es el que da cuenta de que los principales hospitales del país, fueron -simultáneamente- sometidos a reparación y todavía no concluyen, lo que evidentemente ha ocasionado un déficits en la prestación de dicho servicio que constituye un derecho de rango constitucional. Para el cursante año se espera que los hospitales en reparación, unos 50, entren de nuevo en servicio, lo que de ser así, significaría que en el presente año este problema quedaría resuelto.
La República Dominicana es un país cuyo pueblo, desde los días de la dictadura, conocía un servicio transversal y universal de salud eficiente, sin embargo, con el arribo de la democracia y la incursión del sector privado en el tema salud, este servicio-derecho se ha convertido en una mercancía fuera del alcance popular y hasta del ciudadano medio. Lo cual constituye una vergüenza para la democracia y un peligro, pues es de conocimiento general que una sociedad sin salud tiene pocas posibilidades de alcanzar desarrollo y eficiencia, pues las molestias y ausencias laborales que ocasiona producen males a la economía y al bienestar general.
Pero en la actualidad, el problema ya no consiste en si el sistema privado es superior al público o viceversa, el problema ahora es la creación y la existencia de ARS, estas agencias privadas han pasado a convertirse en una amenaza para pacientes, médicos, enfermeras y el sistema de salud de la población en general, pues con base a la tecnología moderna, más la acción del legislador, bajo un esquema netamente neoliberal, han pasado a tener el control económico de la salud convirtiéndola en un negocio. Mientras eso sucede, no aparecen los centros de atención primaria ni los centros de atención especializada, es decir, la población está sin cobertura de salud, mientras se habla de exceso de médicos en unas zonas y de escasez de medios, equipos y disposición en casi todo el país, hasta La Plaza de la Salud, desprotege a los enfermos.
Por tanto, ven al enfermo como un cliente que fluctúa conforme a las leyes de la oferta y la demanda en un mercado controlado por ellas mismas. Al tiempo que los médicos, los paramédicos y todo el personal de clínicas y hospitales han pasado a ser sus esclavos, mediante su conversión en servidores que laboran en deplorables condiciones laborales. En razón de que existen controles estrictos sobre el trato a dar a los pacientes que provocan la irritación y el descontento, pues incluso la farmacología, es una parte integrante del gran negocio que constituye la salud bajo el neoliberalismo imperante.
Este aspecto podría incluso ser solo un problema para los pacientes. Sin embargo, el mismo va más allá en razón de que los médicos y sus auxiliares son testigos de primer grado del comercio brutal de que son víctimas los enfermos sin que ellos, en tanto y cuanto prestadores directos del servicio de salud, tengan una participación efectiva en la gruesa masa de dinero que genera este negocio. Esto así porque en el hospital como en la clínica, el control financiero está en manos de burócratas sin rostro que controlan el papeleo del proceso médico de forma privativa y el producto de dicho comercio va directamente a la administración, la que en confabulación con las ARS, son quienes disponen de los beneficios de la salud como negocio. Es probable que el número de muertos que este modelo esté ocasionando sobre pase ya los muertos de la época de la dictadura.
Ciertamente, el modelo neoliberal, como compensación a la brutalidad con que actúa, prevé la existencia de un Estado regulador que está llamado a restablecer el desequilibrio del mercado mediante una efectiva regularización y vigilancia, pero esta regulación es un mito cuando se posee un Pro Consumidor que no asume su rol de rector del sector consumo, lo que permite a la Silsaril ser inoperante por la ausencia de estímulos exteriores.
El propio Ministerio de Salud no se encuentra motivado a poner orden, pues Pro Consumidor no se interesa en el tema. Ciertamente, la DIDA ha estado haciendo un excelente trabajo, pero debemos recordar que es un órgano con voz pero sin voto en el consejo correspondiente. De modo que la pelota vuelve al Pro Consumidor porque, por ejemplo, la Silsaril en los años de la presidencia del Presidente Danilo Medina, ha dictado reglamentos propicios para la defensa del consumidor de servicios de salud, pero Pro Consumidor no se ha dado por enterada de ello.
El IDSS tampoco puede hacer mucho pues los caníbales del sector privado desean borrar esta supuesta presencia del dictador, sin detenerse sobre el gran servicio que esa institución, la primera en ofrecer seguridad social de salud del país, ha prestado. De manera que el día de Nuestra Señora de la Altagracia nueva vez nos llega con gente yendo en peregrinación a Higuey no porque hayan encontrado salud sino con la queja de que el modelo neoliberal es disfuncional cuando se colocan burócratas insensibles en ciertas posiciones públicas.
Entonces la pregunta es ¿de qué nos sirve que el Gobierno de Danilo Medina invierta mucho en salud si carece de funcionarios en capacidad de poner en práctica sus designios sociales, particularmente en Pro Consumidor? DLH-21-01-2018
