Los augurios sobre la sentencia del tribunal de apelaciones de Porto Alegre no eran favorables para Luiz Inácio Lula da Silva, la apuesta era a la ratificación de la condena del juez Sergio Moro, pero los jueces fueron más rigurosos de lo esperado, adoptaron la decisión a unanimidad y ampliaron la pena de primer grado que era de nueve meses y medios de prisión y la llevaron a doce.
Es evidente que los jueces no solo produjeron una decisión judicial sino también una sentencia política: Lula, que encabeza todas las encuestas para las elecciones de octubre de este año no podrá ser candidato, y se le descarta con acusación similar a la que pudo haber terminado con la carrera política en los Estados Unidos, del senador demócrata Bob Menéndez, y por la que un jurado determinó que no habían pruebas convincentes para un juicio.
Así como se le atribuía a Menéndez haber aceptado prebendas del oftalmólogo dominicano, Salomón Melgen, consistentes en hospedaje en una suite del hotel Park Hyatt en París y viajes a RD en el avión privado del médico,
Menéndez siempre negó las acusaciones, pero independientemente de que pudiera considerarse inapropiado recibir ese tipo de regalos, entre la afirmaciones de los fiscales y los alegatos contrarios de la defensa debieron mediar pruebas de sobornos, que tenían que trascender esos alegatos, al no estar, juicio fue anulado.
Lula también ha negado ser el propietario del inmueble que presidente de la empresa OAS dice, en delación,haberle habilitado. La prueba es que al mandatario y a su esposa se les había visto en el lugar, pero ni título de propiedad, ni pagos de servicios, ni pago de impuesto a la propiedad inmobiliaria. La propiedad es tan suya que si muere sus hijos no la heredan.
Es el más grave de siete expedientes que tratan de demostrar que un estadista que tuvo poder de decisión por miles de millones de dólares, sin nada que demuestre enriquecimiento ilícito, dirigió la mayor red de corrupción que presidente alguno haya manejado en el mundo.
No obstante, lo han hallado culpable de corrupción pasiva y lavado de activos con la finalidad de hacerlo inelegible, y es ahí que la instrumentación de la justicia con motivos políticos es el peor servicio a la lucha contra la corrupción. Las consecuencias de ese proceder son impredecibles para la gobernabilidad y estabilidad macroeconómica.
En el ínterin la suerte inmediata de Lula y su candidatura es incierta, aunque el Partido de los Trabajadores insiste en su candidatura.
Ha dicho que el afectado con esa decisión no es él sino el pueblo brasileño, la voluntad de más de 50 millones de electores que podrían marcar su casilla, se ve cercenada por las maniobras de un puñado de jueces al servicio de los que desde el plano interno y desde el exterior procuran evitar la rehabilitación política de quien se convirtió , en su momento, en el Presidente más popular y mejor valorado del hemisferio, superando al primer negro que llegó a la presidencia de los Estados Unidos.
Lo que Lula da Silva vive hoy era impensable al momento de abandonar el poder con la aprobación de 4 de cada 5 brasileños; saldo total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional; reducción de la tasa de desempleo por debajo del 5% y con 29 millones de personas elevadas de la pobreza hacia la clase media.
