El Gobierno español, empeñado en incumplir todas las leyes internacionales y las nacionales, apoyados en la adormecida situación del pueblo que les vota minoritariamente, aprovecha la nula reacción de las autoridades europeas, reacias a aplicarle el artículo 10, por haber utilizado la fuerza para reprimir al propio pueblo, entre otras “lindezas”.
Rajoy fuerza cada vez un poco más, cada vez aprieta más “las tuercas” a ver si provoca alguna reacción y puede acusar a la gente de “antisistema” y “violentos”. Las autoridades europeas, entre tanto, parece que estén esperando a intervenir cuando la masacre se haya extendido, como hicieron en Yugoslavia, con la diferencia de que Yugoslavia no era miembro de la Unión Europea. Queda claro que la UE es poco europea, pero de unión, absolutamente nada.
Los catorce puntos del Presidente Wilson, el principio de las nacionalidades, claro que estaban hechos en función de la situación concreta de aquel momento. Pero no eran excluyentes, no especificaban una posible caducidad. Cuando se acordó el Derecho de Autodeterminación y se aprobaron los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (no confundir con la Declaración Universal de Derechos Humanos), se dejó claro que la libertad de los pueblos es fundamental, como requisito necesario para la plena efectividad de los Derechos Humanos individuales. Pese a lo que digan los apesebrados medios informativos españoles, el Principio Fundamental del Derecho Internacional Público es inalienable. Y considera inalienable el derecho de todos los pueblos a la libre determinación. La oposición de los países colonialistas a condenar el colonialismo duró poco tiempo: el que tardaron en darse cuenta de la imposibilidad de detener el movimiento terrestre. La “Carta Magna de la descolonización” llegó con la Resolución 1514 el 14 de diciembre de 1960, que declaraba el derecho a la independencia “a todos los países y pueblos coloniales”, y se decidía que la voluntad de los pueblos se ejercería mediante consulta en Referéndum. Al día siguiente, en la Resolución 1515 el Derecho se ampliaba a “la independencia, libre asociación o integrarse en otro Estado” y abarcaba a todos los pueblos, no se limitaba a los territorios de ultramar que aún eran colonias. Sólo se planteó la necesidad de separación geográfica ó diferencias étnicas y culturales. La resolución 2615, de 24 de octubre de 1970, ratificó “el Derecho de todos los pueblos”. “Su respeto –sostiene- es condición necesaria para el establecimiento de relaciones amistosas y de cooperación entre estados”.
Como si con falacias se pudiera justificar el incumplimiento de los acuerdos firmados, seguramente por vicio propio adquirido en la práctica, España presenta el peor balance, al robar su cultura a los pueblos más adelantados, particularmente el caso de Andalucía, con lo cual ha buscado dos beneficios: presumir de una Cultura ajena, a costa de ocultar la Historia, y convencer a los despojados de esa Historia, que deben su cultura a España, justamente dando la vuelta a la realidad. Convencer de lo más opuesto a la verdad. Para eso han contado con tres factores: una escuela mediatizada por los planes de enseñanza y por la falta de responsabilidad o el sentimiento imperialista de la mayoría del profesorado, el hambre provocada, que obligó a la gente a despreocuparse de la política, cuando tanto cuesta alcanzar un plato de comida, a lo que se añadieron recientemente unos medios de comunicación domesticados, que para eso se llevaron a cabo las concentraciones empresariales, que los han dejado en manos de tres grupos. Un trabajo sostenido y continuado de setecientos años de represión sanguinaria, ofrece sus frutos ahora a los gobiernos totalitarios, todavía anclados en el franquismo. Otro elemento, creación importante del régimen, han sido los opinantes favorables y justificadores de la política gubernamental. Entre todos han hecho creer a la gente en lo peligroso del pensamiento. para tener las manos libres e impedir actitudes y aptitudes. Para descabezar reclamaciones antes de que empiecen. Y, cuando el régimen ha querido que algo sea “ilegal” por su exclusiva voluntad, los medios lo han difundido y la gente asumido. Sin más.
El Referéndum es la forma más justa de hacer democracia. En el referéndum –salvo en las dictaduras, dónde se mediatiza y desnaturaliza- el pueblo es quien decide. Países realmente democráticos, como Suiza, deciden en Referéndum la aprobación de todas las leyes propuestas por el Parlamento. Decir, y creer, que la democracia se limita a votar cada cuatro, cinco o seis años, según los países, es el más burdo y peligroso fraude al pueblo. En la elección periódica se elige representantes, que, según las leyes electorales, pueden representar a sus votantes o a su partido, caso específico del reino de España. Luego queda en manos de los partidos laborar por quienes han puesto en el Parlamento a sus candidatos, o limitarse a sus intereses partidistas y personales y a los compromisos adquiridos, no precisamente con esos votantes. También caso específico. Negarse a convocar Referéndum es negarse a practicar democracia. Lo lamentable es que, porque lo dijo el Gobierno, una gran mayoría del pueblo español haya podido admitir que un Referéndum pueda ser “ilegal”.
No se trata de un problema específico, menos aún exclusivo de Cataluña. Las decisiones antidemocráticas, autoritarias, totalitarias, tomadas por el Gobierno español, con la aquiescencia o ayuda inestimable de algunos jueces, capaces de interpretar la Constitución muy por encima de sus propios contenidos, ponen en peligro cualquier acción o decisión de organizaciones humanitarias, sociales y políticas, de los partidos que pudieran ser serios y honrados y de los gobiernos de las comunidades autónomas, que así pierden autonomía, en un forzado regreso al sistema centralista. Las medidas aplicadas por el Gobierno y, lo que es peor, aceptadas por la prensa y por un buen número de españoles, podrán ser vueltas a aplicar en cualquier otro momento, con tal que sirvan para afianzar los intereses del partido en el poder. Esa es la enseñanza que los españoles todavía no han querido asimilar.
En definitiva, ni los acuerdos y pactos internacionales sobre la Libre Determinación de los pueblos se refieren exclusivamente a los colonizados en 1960, ni están derogados. Todo lo contrario: están aceptados, firmados por España, con lo que, al incumplir alguno de sus artículos está incumpliendo serios compromisos contraídos y la propia Constitución. Además de con leyes represivas que contradicen claramente a la Carta Magna, aunque el Constitucional en estos casos se haga el sordo, se incumple la Constitución faltando a esos acuerdos, que forman parte del conjunto de leyes propias, desde el momento en que se rubricaron. Es más: la Declaración Universal de Derechos Humanos está recogida en la Constitución española como parte de ella misma. Pero la mayoría parlamentaria de un partido aprobó. una Ley que castiga las manifestaciones y oculta a los miembros de los cuerpos de Seguridad que pudieran abusar de sus funciones. Entre otras cosas.
Parece que sólo un milagro salvará a España de la dictadura cada vez menos encubierta y de los abusos de las grandes corporaciones económicas, o una intervención de la ONU, que obligara a cumplir los acuerdos y que Europa forzara a cumplir las leyes comunitarias. Pero para eso, desgraciadamente, hacen falta muertos. Y no unos cuantos. ¿Será eso lo que están esperando?
