Santo Domingo. La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por la provincia de San Cristóbal, Jacqueline Montero entiende que el apresamiento realizado, este fin semana, de decenas de trabajadoras sexuales que ejercían en los alrededores de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia en Higuey, es una muestra más de la discriminación y violación de derechos que experimenta esa población en el país. “En la República Dominicana no existe una ley que prohíba el trabajo sexual, por lo tanto, ese apresamiento resultó ilegal”, afirmó.
La también directora del Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), ONG que trabaja en el empoderamiento de dicha población también comentó que “es natural el hecho de que las trabajadoras sexuales escojan esa área para ofrecer sus servicios sexuales, debido a que es una zona ampliamente transitada”.
Asimismo, Montero denunció que en vez de colocarlas en una situación de mucho más vulnerabilidad, el Estado y la Alcaldía de Higuey deberían crear más fuentes de empleos, para que las trabajadoras sexuales tengan otras opciones en la vida. “La mayoría de las compañeras que realizan el trabajo sexual son madres solteras que deben mantener solas a sus hijos y a las cuales se les hace difícil conseguir empleo, por la discriminación que experimentan en el día a día. El Estado debe garantizarle sus derechos en vez de maltratarlas”, finalizó.
