¿Y ahora quien podrá defendernos?
Por Lissette Rivas S.- El próximo 15 de marzo los Consumidores de los 192 países miembros de la ONU celebrarán como cada año desde el 1983 el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, en conmemoración del discurso del extinto John F. Kennedy en 1962 cuando afirmó: “Consumidores somos todos”, dando paso con esto al reconocimiento de los Consumidores como Sujetos de derechos y a la vez elemento fundamental del proceso productivo-. Este hecho histórico dio lugar a que el movimiento consumerista de las Américas lo utilizara para exigir e impulsar el desarrollo de una legislación específica que protegiera dichos bienes jurídicos cuyas sanciones tenían carácter punitivo y otras administrativas.
Aunque la Ley No. 13 de 1963 de Protección a la economía popular jugó un rol importante para las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores de la época, no menos cierto es que a la sociedad dominicana le tomó 42 años evolucionar de una legislación primitiva de “Control de Precios de los productos de primera necesidad” hacia una legislación amplia, moderna, de orden público, imperativa y de interés social en la que estos derechos alcanzaron un rango Constitucional desde el 2010.
¿Será que los consumidores deberán de conformarse con la entrega de una ofrenda floral en el altar de la patria con más pena que gloria y después de haber luchado tanto? Pienso que si ya que la entidad brilla por su ausencia en temas transversales como el Pacto Eléctrico, prácticas abusivas del sector Bancario, GLP, la promoción de una Ley especial para la Seguridad de los Productos en el Mercado, la internación de los productos perecederos, la implementación del Libro de Reclamaciones en el sector de las Telecomunicaciones previsto en el Convenio con INDOTEL, ¿Cuáles establecimientos comerciales poseen el Libro de Reclamaciones? ¿Cuáles son las ONG´s de Defensa al Consumidor existentes? ¿El gobierno le aumentó la partida presupuestaria con 30 millones para este 2018 y para qué? ¿Para hacer campañas publicitarias de temporada y ya?
Parece ser que el derecho de consumo inicia su etapa involutivo y oscuro en la que el consumidor volverá a preguntarse ¿Y Ahora quién podrá defendernos? Para muestra basta un botón:
Hace unos días alguien me comentó su amarga experiencia en una oficina de remesas quienes le informaron que no podía recibir dinero debido a un “problemita con el sistema” sin indicarle razones válidas de la prohibición.
Cuando preguntó por el Libro de Reclamaciones le dijeron que ellos tienen su propio sistema y ellos le responden a la Oficina Central en el extranjero – queriendo decir con ello que no están sometidos a la legislación dominicana y cuando llamó a Pro Consumidor para hacer una reclamación le informaron que no tenían competencia para esos casos y que otras personas habían llamado por lo mismo. Al preguntar sobre la obligatoriedad del Libro de Reclamaciones le informaron que la empresa sí debía de tenerlo ya que es obligatorio según la normativa dictada por el Consejo Directivo de Pro Consumidor.
¿Entonces, a quien debe creerle el ciudadano? ¿Al mandato de la ley que le otorga competencia y jurisdicción a nivel nacional dentro de su ámbito de competencia o al proveedor reticente que rechaza la existencia de la ley? ¿Cómo sus operadores jurídicos desconocen derechos fundamentales como el Derecho a la Información y los Intereses Económicos mediante un trato equitativo y no discriminatorio? Sepan que los derechos se interpretan de manera extensiva y nunca de forma limitativa, máxime si son fundamentales, aplicándose de la manera más favorable al titular de los mismos, es decir, el consumidor y obligan a todos los poderes y autoridades del Estado conforme los artículos 53 y 74 de la Carta Sustantiva.
Quedó grabado en la historia el accionar de algunas Organizaciones de Protección al Consumidor y el trabajo realizado por la invicta Altagracia Paulino quien durante su gestión demostró que es posible cambiar “la cultura del engaño por una cultura de reclamo”, sancionando las prácticas fraudulentas del Empresariado intocable mediante la aplicación de multas administrativas, cierre de establecimientos, la redacción de una extensa normativa sobre mejores prácticas comerciales y campañas Prevención de Fraudes por Internet.
