Pasó sin ninguna consecuencia legal el fallecimiento del periodista puertoplateño Carlos Acevedo a causa de un derrame cerebral, pese a las denuncias mediáticas de que éste fue “rebotado” de tres centros de salud por no disponer de un adelanto monetario de cien mil pesos.
Este hecho evidencia las fallas que tiene el sistema de salud del país, que muestra la insensibilidad extrema de algunos propietarios de clínicas, quienes se han convertido en mercaderes inhumanos, renegando al juramento hipocrático, buscando fortunas a como dé lugar, sin importarles poner en riego las vidas de los demás.
El comunicador pudo salvar la vida durante el tiempo que los familiares tardaron en encontrar un centro médico que lo admitiera. Hubo de llevarlo a Santiago para practicarle una cirugía, donde murió, lo que se atribuye en parte a las horas perdidas antes de la intervención quirúrgica.
El de Carlos Acevedo no es el único caso. Con mucha frecuencia se dan esas situaciones, pero no se conocen porque no se denuncian en los medios. Se supo este porque la víctima era un periodista.
El rebote también se sintió en una ocasión en mi familia. Hace unos años, mi hermana mayor fue trasladada desde Barahona a la capital, tras registrar una taquicardia. Recuerdo que tratamos de internarla, dada la delicadeza del caso, en una clínica y allí nos exigieron un depósito de 100 mil pesos, que no disponíamos en ese momento, para admitirla en una sala de cuidados intensivos.
Decidimos llevarla a otro lugar y allí nos exigieron 75 mil pesos, lo que nos motivó a buscar refugio en el Hospital General Plaza de la Salud donde la dejaron interna con la ayuda de una enfermera amiga. Allí pudo salvar la vida.
Son comunes los rebotes a pacientes de bajos recursos económicos llevados de emergencia a determinados centros médicos.
Tal parece que los propietarios de clínicas privadas controlan el sistema de salud del país y son quienes deciden la suerte de los pacientes afectados de enfermedades catastróficas. Esas escenas siguen sucediendo y no hay régimen de consecuencias. Las autoridades callan, no actúan, mostrando una indiferencia insólita ante ese fenómeno.
Ahora recuerdo que la doctora canadiense Ghislaine Lanctót, en su libro “La mafia médica”, describe muy bien cómo instituciones de esa estirpe controlan el sector salud en complicidad con organismos nacionales, internacionales y el propio Estado.
Es deber del Estado velar por la salud de los ciudadanos, según lo consagra nuestra Constitución. Esa vigilancia implica obligar a los centros médicos privados a prestar asistencia a las personas que presenten una escena de emergencia, como el de Carlos Acevedo. Si no obtemperan a esas normas, entonces que se proceda aplicando todo el peso de la ley. ¿Quién lo hará?
El juramento hipocrático no se cumple en la práctica; al menos, muchos galenos así lo demuestran. Ese reglamento tiene un contenido de carácter ético, que lamentablemente no se está cumpliendo.
No podemos continuar en este desorden. Hay que aplicar sanciones ejemplarizadoras pues llegará el día en que alguien enfrentará con sangre esos rebotes inhumanos. Y eso no es bueno.
