Documentos que presenté esta semana en El Sol de la Mañana, evidencian que los alegatos esgrimidos desde la Junta Central Electoral, para descartar el uso en próximas elecciones de los equipos electrónicos adquiridos por la gestión anterior para el registro de los electores y el escrutinio, son prejuiciados y adolecen de fundamentos técnicos y jurídicos.
Un informe de cumplimiento elaborado por la empresa Indra y firmado conforme por la JCE, el 3 de marzo del 2017, precisa que, sometidos a revisión de garantías, 3,930 equipos reportados con algún desperfecto, del total de los 48,000 adquiridos entre captadores de huellas, escáneres e impresores, 3,649 fueron reparados, el 92.85%, y, 281 quedaron sin arreglos, 7.15%.
“El personal de la JCE formado por Indra arregló el 93% de los dispositivos determinados como averiados, en ocho días de trabajo. Después del proceso de formación, la JCE se quedó solo con 281 dispositivos averiados, es decir, que hoy –nueve meses después de la elección que fueron usados, cuenta con 31,719 dispositivos UE y UR completamente funcionales, lo que equivale a 99.12% del total.
“Los 281 dispositivos que no se arreglaron tienen daños por uso indebido o malas condiciones de almacenamiento que requieren la sustitución de elementos fundamentales y están fuera de garantías. Por ejemplo, presentan pantallas rotas, componentes extraídos, y elementos internos visiblemente dañados”.
El 17 de marzo del 2017, el director de Informática se despacha con un escrito de estilo panfletario en el que sugiere que el país lance por un zafacón la inversión de 34 millones de dólares, alegando que su uso no llenó las expectativas. Es cierto que en un 24% de los centros no fueron usados, ora porque los directivos de la mesa no quisieran usarlos o porque no sabían usarlos, pero en el 76% donde se empleó, los resultados fueron óptimos, así lo hizo constar Participación Ciudadana, cuando al comparar en muestras del computo en los distintos niveles en más de cinco mil colegios, halló que los resultados fueron idénticos o muy similares al conteo manual.
El escrito del director de informática permaneció meses archivado, y, a finales de año, cuando la Junta Central está en conocimiento de los resultados de la auditoría pedida a la Cámara de Cuentas, filtra el documento de informática a los medios para contrarrestar el informe Cámara de Cuentas porque no halló ningún tipo de irregularidad y dijo que todo se había manejado acorde a los procedimientos.
Y, en otro esfuerzo por hacer prevalecer el descredito, la JCE toma el escrito de informática que no había sido conocido por su Pleno, y lo envía a la Cámara de Cuentas para que se desdijera de su informe, experimentando otro revés, el 12 de diciembre el presidente de la JCE recibió una carta en la que el presidente de la Cámara de Cuentas le expresaba:
“Cortésmente, la Cámara de Cuentas de la República, procede a devolver el Informe sobre los Equipos Adquiridos para las Elecciones 2016, debido a que el contenido del citado documento no le es oponible a este Órgano Superior de Fiscalización y Control del Estado”.
Es de ahí que la JCE decide integrar una comisión privada en ánimo de que se avale su interés de desacreditar la inversión en los equipos, y dice que esperaría lo que digan esos nuevos evaluadores, pero sin esperar por un informe que ya saben no les complacerá, anunciaron de todos modos que descartan los equipos.
