Cada 15 de marzo el mundo celebra el día internacional del consumidor, esta es una de las grandes conquistas del Estado social y democrático de derecho, fecha propicia para pasar balance al progreso del país en este renglón.
Es con el gobierno de Juan Bosch que el país otorga rango constitucional al derecho de consumo y se vota una ley para proteger la canasta familiar del agio y la especulación. Será a partir de 2005 que el país contará con una ley de consumo moderna, y a partir de 2007 existe el Pro Consumidor, que la Ley 183-02 se votó el Código Monetario y Financiero que incluye al usuario de servicios financieros con los atributos y derechos inherentes al consumidor, igual a como lo hace la Ley 87-01, sobre seguridad social, la Ley 153-98 sobre telecomunicaciones, la ley 125-01 sobre electricidad y sus modificaciones, la Ley 166-12, sobre calidad, etc. Todas estas leyes contemplan protección para el consumidor o usuario.
A pesar de esa legislación, la realidad es que poco se ha avanzado en la creación de espacios institucionales en los cuales los consumidores cuenten con una representación orgánica plausible o de individuos directamente ligados al sector consumo.
A manera de ejemplo, puede afirmarse que la Silsaril ni el ministerio de salud cuentan con representación adecuada de los derechos de ese tipo de consumidores, tampoco el sector eléctrico, a pesar de que ahí los consejos se multiplican más que la verdolaga, sin embargo, gobierno y sector empresarial, han tenido el cuidado de no incluir una representación efectiva del sector organizado de los consumidores. Como ocurre también en materia de educación pues ni los consejos de la Mescyt ni los del Ministerio de Educación cuentan con representación organica de consumidores.
En las telecomunicaciones la ausencia del sector consumo es notoria, puede afirmarse que ese órgano es un órgano empresarial más. Otro tanto ocurre en el sector de los seguros, en la Superintendencia de Bancos, etc. De manera que cuando hablamos de Estado social estamos haciendo alusión a algo que todavía está en pañales gracias a la decidía oficial como a la poca organización de consumidores y usuarios nacionales.
Un hecho paradigmático es el estado de inmovilidad que se respira en el órgano rector del sector consumo, Pro Consumidor, es el mejor ejemplo sobre la inoperancia de la política oficial en materia de consumo, se ha colocado allí una burócrata que ni siquiera conoce a los integrantes de organizaciones de consumidores, y cuando los conoce es para hacer uso de la demagogia. Es obvio que así no podremos construir un Estado social creíble, pues sin garantías de que los derechos constitucionalmente establecidos tengan aplicación en la cotidianidad no puede instaurarse una política social efectiva.
Lo que aún mantiene a flote el derecho de consumo, es la frecuencia con que algún tribunal del orden judicial evacua una decisión en la que aplica la ley de consumo, pero esto ocurre en el plano de la individualidad nunca en el ámbito de lo social, pues Pro Consumidor ha decidido desmontar toda actividad judicial que pretenda asentar el derecho del consumidor, se juega ahí con la paciencia ciudadana y se pretende que el derecho de consumo puede aplicarse por gravedad. Política tras la cual se entiende que toda aplicación del derecho de consumo puede ocasionar la reacción del único sector que se siente a gusto con la Dirección Ejecutiva de dicho órgano: los empresarios, lo cual es inconstitucional, por tanto, ahí se viola la Constitución todos los días.
La cantidad de productos vencidos o sin calidad comprobada que se encuentran en nuestro mercado es proverbial, al igual que el aumento desmesurado de los precios, los cuales se han dejado al libre juego de la oferta y de la demanda perjudicando así a millones de consumidores nativos y extranjeros. No olvidemos que el turista es un consumidor sumamente vulnerable sin embargo se encuentra desprotegido incluso al adquirir una botella de agua en las calles de nuestras ciudades.
Los empresarios creen tener ganancia con el sostenimiento de una inconstitucionalidad así y un gobierno totalmente insensible a la aplicación pura y simple de la Constitución en materia de consumo, sostienen este ambiente desfavorable para los consumidores no se sabe hasta cuándo pues pocos en el Estado tiene conciencia sobre la noción de derecho de consumo y de los beneficios del mismo bajo una economía de mercado.
Es tiempo ya de que nuestra clase política gobernante entienda que el equilibrio es preferible al desequilibrio, que una política pública en materia de consumo contraria al sentido común y a la Constitución son contra producentes. Por ello hacemos un llamado a que con ocasión del día del consumidor se remueva el gabinete de consumo colocando allí a reales representantes de los consumidores. A los fines de equilibrar el desbalance con relación a la representación empresarial y gubernamental que si son auténticas y dominantes por constituir una mayoría contraria a los intereses del consumidor. DLH-11-3-2018
