Nos narra el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua que el término “pira” tiene una significante antigua y una moderna, es gracioso el que ambos significantes encajen para describir la situación de la Cámara de Cuentas no solo actual sino de las anteriores, nos explicamos: hoguera en que antiguamente se quemaban los cuerpos de los difuntos y las víctimas de los sacrificios, ahora: fuga, huida, no entrar a clase en la jerga estudiantil, ir de parranda, juerga o jarana.”
Tres ejes cardinales pautan el quehacer de la actual Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en primer lugar, es un órgano donde sus integrantes afirman que no tienen recursos para realizar las funciones propias de dicha entidad, por tanto, no cumplen con su objeto debido a ello; en Segundo lugar, aducen que la empleomanía que la conforma no forma parte de los acólitos que desean incorporar a la misma como parte del ceremonial para mostrar al país que son jefes y que pueden dar empleos y destituir por encima de la ley a quien les plazca, postura que ha dado lugar a una cacería de brujas en donde nadie se siente seguro en su puesto y todos los días se está desvinculando personal por mero capricho, en esto, la actual Cámara de Cuentas cumple con el dicho de que esa es la tradición allí; En tercer lugar, los integrantes del consejo de la actual Cámara seguros de que no hay dinero para cumplir con sus funciones ni condiciones para que los servidores de carrera permanezcan allí, si han encontrado adecuado subirse los salarios.
Estos acontecimientos nos presentan una sociedad macondiana donde nadie puede estar seguro de que los órganos existentes actuarán conforme a los preceptos de la ley, pues quien llega a una posición, antes que nada, ha de mostrar que las prácticas trujillistas perviven en nuestra instituciones, o peor aún, que la calidad del empleo público en la República Dominicana es muy baja e inestable. Esto explica el que muchos ciudadanos de a pie le tengan fobia a los empleos formales prefiriendo ser buhoneros, chiriperos o desempleados, pues los denominados empleos informales son más estables que los formales sin importar el grado técnico de los mismos. Siendo la ley de servicio civil y carrera administrativa un parapente formalista para guardar las formas.
Peor aún, la situación de la Cámara de Cuentas muestra que el valor de las decisiones judiciales de las altas cortes nacionales valen un bledo para los detentadores del poder, pues en el pasado reciente tribunales de todo el orden judicial administrativo, civil y penal dieron sentencias en las que la Cámara de Cuentas resultó condenada por abusos contra sus funcionariado medios y bajo, es más, incluso el propio Tribunal Constitucional debió establecer precedentes denominados vinculantes al respecto a los cuales la actual dirección de allí le dice un “bien gracias”.
Estos hechos permiten cuestionar la institucionalidad democrática prevaleciente en el país, así como la credibilidad de la ley y la confianza de las decisiones constitucionales, ahora que el Tribunal Constitucional ha creado una departamento para dar seguimiento al acatamiento que hacen las instituciones a sus decisiones aparece la Cámara de Cuentas en posición desafiante para desmentirlo. Es mucho lo que hay en juego y poca la responsabilidad de los funcionarios públicos. Es más, es probable, que el mal juez pase ahora a ser el funcionario con la posición razonable pues siendo así las cosas ¿para qué hacer derecho? Si el derecho es la ley del más fuerte. En este escenario resulta más pertinente congraciarse con el poder que recordarle que tienen límites según el artículo 138 de la Constitución.
Es muy grave lo de la Cámara porque se trata de un órgano que ha de servir de modelo a los demás porque incluso debe supervisar a otros que violen la ley y la Constitución pero bajo actuaciones como las que hoy vemos allí es muy difícil concluir en que ésta pueda tener calidad moral para decirles a otros el derecho cuando ella es la primera en hacer trizas con los acreedores de derechos en su seno.
El país observa cierto retroceso marcado en el actual régimen de gobierno, pues el caso de la Cámara tampoco es original, es un libreto que se expande por todo el ámbito estatal con la fuerza de un ciclón sin que se conozca más antídoto que la pertinente pérdida de valor del régimen democrático. Estos caminos conducen a un descreimiento total en las instituciones y abrir el camino para que el populismo, la demagogia y la dictadura se abran pasos agigantados por la petulancia de funcionarios antidemocráticos enquistados en las instituciones públicas y por prácticas trujillistas que se han convertido en sistémicas. De modo que no deberíamos sorprendernos si de nuevo la Cámara se hace habitué en la pira de la opinión pública, tribunales y ante el Congreso Nacional. DLH-18-3-2018
