Señala Peter Drucker que “en la sociedad post capitalista nada es permanente”, todo está su sujeto a cambios, pero dicho autor se cuida de delimitar su planteamiento cuando recuerda que sus ideas están plasmadas con base a la experiencia de los países de capitalismo desarrollado, esto es: al igual que Marx, señala que sus ideas son de difícil aplicación en el mundo subdesarrollado, en los países emergentes, y tiene razón porque la inestabilidad que registran los empleos públicos en la República Dominicana, por ejemplo, acarrean graves daños sociales debido a su inestabilidad.
Los gobiernos luchan por crear empleos estatales y un estado que prometió su achicamiento los ha expandido enormemente, pues el Estado se ha metido a empleador y a competidor con el sector privado formal e informal, por la mejor remuneración de sus asalariados. El resultado ha sido un crecimiento desigual, los denominados funcionarios de libre nombramiento poseen ventajas que igualan en unos casos, y superan en otros a sus homólogos del primer mundo. Con la agravante de que una corta estancia en ciertas posiciones gerenciales de la Administración Pública, implica pensiones y jubilaciones de por vida con jugosos salarios a sus integrantes. Esto contrasta con lo que ocurre con los empleos de carrera en este último caso, la ley de Función pública es violada sistemáticamente por todas las instituciones públicas del gobierno central, los órganos autónomos, los especializados los descentralizados, los provinciales y los municipales.
Son escasas las instituciones públicas que garantizan estabilidad en sus puestos a su personal. Esto se debe a que se ha convertido en una práctica que en lugar de debilitarse se fortalece, el que el nuevo incumbente lanza a la calle a todos aquellos que no son de su grupo primario. Unas veces porque necesita colocar a los suyos, en otras porque debe saber decirse a sí mismo que es un jefe; en otras porque no acepta disidencia aun las que pudieren surgir en el ámbito de lo técnico conceptual, etc. A veces la arbitrariedad campea pues al interior de las instituciones públicas existen técnicos altamente calificados que las más de las veces, han sido formado por el propio estado. Hecho que no constituye una detente para el ejercicio del jefismo retorcido de algunos funcionarios públicos.
Es como si las recomendaciones al respecto de Max Weber no hubieren calado al interior de la administración pública dominicana cuando sostiene dicho autor que: la profesionalidad junto a la estabilidad, a la inamovilidad de los cuadros formados de cualquier institución es lo que genera el tan anhelado desarrollo. Lo que se observa hoy al interior de la Cámara de Cuentas es un buen ejemplo, allí todos los que han asumido responsabilidad aducen que deben profesionalizar los grupos técnicos que les permitan realizar sus funciones y, precisamente, ese es el problema, se han pasado la vida destituyendo cuadros formados para proceder a crear otros que requieren una nueva inversión a iguales fines, y así se repite el proceso ad infinitum.
La repercusión de tal distorsión no solo hace estragos en el estado, la ocasiona también en el ámbito de lo privado y en el Estado Social y sus instituciones, por ejemplo, el seguro médico, la pensión y la calidad de vida como los impuestos sufren con estos vaivenes.
El país debería reflexionar sobre estos temas, pues al parecer, estamos arando en el mar y sembrando en el desierto, como dijere en su momento, Simón Bolívar, líder suramericano que liberó unas cinco naciones.
Un país presidencialista debe ponderar mucho estas decisiones, pues, si bien es cierto que aquí la mayoría entiende que el presidente de la república es un monarca sin corona y que cada funcionario de su gabinete es un conde, no menos cierto es que, a la postre, el gobierno de turno terminará repudiado por el ejercito de desvinculados que poco a poco, va engrosando la oposición al gobierno dentro del propio partido de gobierno y más tarde ante sus adversarios de la oposición. Puede -desde esta perspectiva- hablarse de que Desiderio Arias continúa vivo, es decir tumbando gobiernos.
En pocas palabras, será el jefe de la administración pública, el mayor afectado cuando permita esta clase de inconductas. DLH-25-3-2018
