SAN FRANCISCO DE MACORIS, R.D.- El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y otras organizaciones escenificaron en esta ciudad una crucifixión en reclamo de la construcción de diversas obras, para exigir justicia en el asesinato del dirigente emepedeísta Vladimir Lantigua Baldera y por la destitución del Fiscal Regis Victorio Reyes.
La denominada “Gran Crucifixión” tuvo lugar frente al Palacio de Justicia y estuvo encabezada por Raúl Monegro, vocero nacional del Falpo, Odilín Morel, dirigenta de la Unión de Justas de Vecinos, Yoel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), JoséAriel paulino del grupo estudiantil Felabel y Danel Jerez, vocero del Movimiento Popular Dominicano (MPD), quienes estuvieron acompañados de más de un centenal de estudiantes, activistas populares y transeúntes que se sumaron, atraídos por la actividad, que simbolizó al pueblo, hambriento y sediento de justicia, crucificado.
“Hace más de dos mil años Jesucristo pasó un calvario de injusticias, de vejámenes y de sufrimientos de los males de aquel tiempo, siendo sometido al suplicio y la crucifixión por Pilato; hoy estamos frente a muchos Pilato, que se hacen cómplice de crímenes, de la dejadez del gobierno frente al pueblo y de la falta de oportunidades para el pueblo y se lavan las manos. Aquí en la Fiscalía de San Francisco de Macorís está un Pilato, el Fiscal Regis Victorio Reyes, quien a siete meses del asesinato del dirigente Vladimir Lantigua Baldera, no ha sometido a los policías asesinos ”, manifestó Raúl Monegro.
El dirigente popular resaltó que, durante la gestión del Fiscal Victorio Reyes, son más de 35 casos de asesinatos ocurridos en San Francisco de Macorís, incluyendo el de Vladimir Lantigua, permanecen impunes, lo que demuestra que “está en cualquier otra cosa, menos al servicio de la comunidad ni en acción contra la delincuencia”.
En reacción a la protesta montada frente al Palacio de Justicia, el procurador fiscal de San Francisco de Macorís, Regis Victorio Reyes, explicó que la concentración realizada en su contra se debe a una investigación hecha a uno de los miembros del Falpo, a quien vincula con la muerte de Lantigua Baldera, sin que revelara el nombre del supuesto implicado.
“Son ellos que tienen que aclarar, ellos saben lo que se mueve, esas protesta es porque investigamos a uno de sus miembros vinculados al caso, se llegó el tiempo de que hay que terminar con el engaño que le tienen a este pueblo, diremos las cosas como son”.
Tras las declaraciones del Fiscal, familiares de Vladimir Lantigua realizaron una rueda de prensa, en la que cuestionaron a Regis Victorio y su manejo ante el asesinato, tras considerar que el funcionario se ha enfrascado en “dar declaraciones para salir del apuro” de las preguntas de la prensa y no en procurar que se logre justicia en el caso.
“La gente no se imagina la angustia que embarga nuestra familia al ver semejantes declaraciones alegres y saber que la persona que segó la vida Vladymir se pasea impunemente por las calles, sin pagar por el crimen cometido”, expresó la profesora Andrea Escolástico Fabián, esposa de Vladimir Lantigua, acompañada de dos hermanos y el padre del extinto dirigente popular.
Y Agregó: “Nuestro mayor interés es que se haga justicia y que el culpable pague con todo el peso de la ley por sus hechos; no queremos culpables fabricados para llenar estadísticas, queremos que pague el verdadero culpable, porque de lo contrario, sería denegar justicia”.
“El fabricar un culpable constituye un crimen”, consideró la viuda del extinto dirigente popular, “por ello exigimos al fiscal Regis Victorio Reyes, resultados que establezcan la verdad de los hechos. Si existe un informe y si ya existe presuntos responsables, porqué no ha traducido a la acción de la justicia a los responsables del crimen?”
Vladimir Lantigua Baldera fue asesinado el 1ro. de agosto del año 2017, a pocas horas del inicio de un paro de actividades que por 48 horas habían convocado el Falpo y otras organizaciones comunitarias, Pese a haber transcurrido ocho meses, se desconoce el informe de las investigaciones realizadas por el Fiscal Regis Victorio Reyes. Las organizaciones comunitarias han catalogado el hecho como “crimen de Estado”.
