El juez de la Oficina de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Eliezer Luzón Adrián, imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional de falsificar licencias de construcción utilizando sellos y planos con el logo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La procuradora fiscal litigante Cariskeyla Peña precisó que a causa de los actos cometidos por el imputado resultaron perjudicados el Estado dominicano, a través del MOPC, el señor Carlos Martínez Rodríguez y La Sociedad Comercial Inversiones Ávila Núñez Invernau, S.R.L, representada por el señor Fernando Núñez Ávila.
La solicitud de medida de coerción narra que el imputado Luzón Adrián, quien laboraba como digitador de la Oficina Central de Tramitación de Planos del MOPC, aprovechando su condición estaba realizando de manera fraudulenta licencias de construcción usando planos y sellos con el logo de este Ministerio.
Trascendió en audiencia que el imputado estafó al señor Carlos Martínez Rodríguez con la suma de RD$70,000.00, cantidad que Luzón Adrián le solicitó a la víctima para concluir correcciones de planos y tramitación de la licencia para construir un edificio comercial en el distrito municipal de Verón, provincia La Altagracia.
Por otra parte, el imputado Eliezer también estafó a la víctima Núñez Ávila, en asociación con los coimputados Camilo Adolfo Pérez Pereira y Carlos Alberto Alvarado Melo, quienes además de desempeñarse como funcionarios públicos en las oficinas del Ministerio de Turismo de Bávaro, también se dedicaban a la obtención de permisos y licencias por ante esta institución y el MOPC.
El señor Fernando pagó a Pérez Pereira y Alvarado Melo honorarios ascendentes a RD$400,000.00 para gestionar el sellado de planos y la licencia de construcción del proyecto Plaza Don Fernando, en la localidad de Bávaro del distrito municipal Verón. La referida obra fue paralizada debido a que la licencia resultó falsa, ocasionando esto pérdidas millonarias a la víctima.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de estafa, falsificación de documentación pública y asociación de malhechores. Por estos hechos, a los imputados Camilo Adolfo Pérez Pereira y Carlos Alberto Alvarado Melo se les impuso medida de coerción consistente en presentación periódica, mientras que el imputado Eliezer Luzón Adrián fue enviado a la Penitenciaría Nacional La Victoria para cumplir la medida.
