No bien Danilo Medina se había juramentado para su segundo mandato cuando ya las empresas encuestadoras colocaban lo favorito para continuar en el poder por un tercer periodo, algo insólito si tomamos en cuenta que la Constitución de la República, la que juró respetar y hacer respetar, lo prohíbe.
Funcionarios del gobierno, desoyendo el mandato legal, no han parado de promover la continuidad en el Palacio Nacional de Danilo Medina sin que éste los haya llamado para desautorizarlos o bien hablarle al país para decir que no optará por una tercera repostulación porque legalmente es imposible, y, como demócrata respetuoso de la Constitución –algo que está por verse- entregará las riendas del país a su sucesor no importa el partido al que pertenezca.
Cada mes aparece una o más “investigación” dando posibles ganadores a más de dos años de las elecciones. (Una locura, porque “una encuestas es una fotografía del momento”)
Como en otras oportunidades, considero que los sondeos de opinión política, al igual que en otros países, tienen que ser regulados por la ley.
¿Quién financia una encuesta? ¿El gobierno? ¿Un funcionario que pretende reelegir al jefe de Estado para reelegirse él y continuar gozando de los privilegios del poder? ¿La paga Luís Abinader o Hipólito Mejía para posesionarse ante la opinión pública y crear una percepción de triunfo? ¿La paga Leonel Fernández o sus seguidores con el mismo propósito?
No es posible que a un mes de comenzar un mandato se esté hablando de reelección. Debe haber un tiempo para eso. Un año antes de las elecciones, por ejemplo. De igual modo tienen que suspenderse un mes antes de los comicios, al igual que las inauguraciones del presidente y las “visitas sorpresas”. (Solo pienso en voz alta)
Algo igualmente importante. Todas las encuestas tienen que ser firmadas, no por la empresa que las realiza, sino por el grupo o persona que las paga. Regularmente quién financia un sondeo aparece encabezando las preferencias perdiendo credibilidad. (El que pone el dinero aparece en la delantera).
Algunas encuestas son de escritorios. Se hacen para construir percepción, como ha he dicho.
No tengo claro si debe ser una ley especial, como en más de un país, o si debe incluirse en la ley de partidos o electoral. Sea como sea, tiene que haber un marco jurídico.
Me siento engañado cuando me entero de quién o quienes han ordenado determinada encuesta. Los periódicos HOY y Diario Libre, para poner dos casos, son los que pagan. La más preponderante, “HOY con Gallup”, estemos o no de acuerdo con sus resultados.
Las encuestas son mecanismos políticos o comerciales. Algunos sinvergüenzas acotejan los números para que favorezcan a sus patrocinadores. Son incapaces de publicar la verdad. Quien crea que los sondeos son inocentes, que están desprovistos de intereses políticos y económicos, están equivocados. En cada una hay una intención, un propósito. Expertos en marketing dicen que una encuesta se responde con otra. Es lo que llamamos “guerra de encuestas” que terminan confundiendo al ciudadano.
Al final de cada sondeo debe decir: Pagada por el PRM, el PLD o cualquier otro partido. Igual si lo hace algún ministerio o el gobierno como tal. La que aparece en tal o cual diario tiene la obligación de establecer al final: financiada por decir Financiado por Leonel Fernández, José Ramón Peralta, Luis Abinader, Quique Antún, Fernando Hasbún o Hipólito Mejía. ¡De ese modo no nos cogerán de pendejos!
