San José, 20 de abril del 2018. Expresamos nuestro repudio ante los graves hechos de violencia que han ocurrido en Nicaragua y que han resultado en, hasta ahora, tres personas asesinadas y decenas de heridas. Condenamos el uso desproporcionado de la fuerza de parte de la fuerza pública de orden, así como la tolerancia de las autoridades en relación con la violencia desplegada por parte de particulares en contra de las personas manifestantes.
Recordamos que las manifestaciones se iniciaron ante la decisión de implementar reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que establecen un aumento en las cotizaciones y una deducción del 5% a las pensiones. La respuesta ante el reclamo ciudadano ha sido una represión creciente.
El Estado de Nicaragua demuestra con esto, una vez más, que su compromiso con los derechos humanos es, al menos, frágil.
Además, lamentamos profundamente la censura y violencia hacia periodistas y comunicadores/as, a quienes se les ha despojado de sus equipos e infraestructura, dificultando con ello la capacidad de difundir información de relevancia para el debate público. Con esto, Nicaragua transgrede una vez más el derecho a la libertad de expresión.
Hechos similares se han denunciado anteriormente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que Nicaragua ha hecho caso omiso.
Hacemos un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con ello, a la comunidad internacional, a condenar lo ocurrido así como monitorear y dar seguimiento a la situación en el país.
Por último, manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense: nuestro corazón y nuestras fuerzas están con ustedes.
Exhortamos al Estado de Nicaragua a respetar y cumplir con sus obligaciones y tomar medidas urgentes para evitar que la policía permita la comisión de arbitrariedades en perjuicio de los derechos de los y las nicaragüenses. Asimismo, les instamos a escuchar los reclamos de quienes se manifiestan y garantizar sus derechos.
