El observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) lamenta las obstrucciones en el cumplimiento de la Ley número 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), a causa de una litis generada por la incomprensión de un artículo del reglamento de apelaciones ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), que ha dado cabida a interpretaciones erróneas de la misma, en detrimento del derecho a la salud y a la seguridad social, tal y como lo dispone la Constitución de la República en sus artículos 61 y 62.
Ese reglamento de apelaciones del CNSS, de 2005, en su artículo 13 avala la suspensión de las ejecutorias de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) ante cualquier impugnación a sus resoluciones.
El ONPECO entiende, que el Consejo de la Seguridad Social debe reunirse nuevamente para revisar el ya famoso artículo 13 de su reglamento de apelaciones, el cual quedó derogado al entrar en vigor la ley 107-13, que regula las relaciones entre la administración y los administrados, y el mismo es contrario a lo que manda esta disposición legal de 2013, en su artículo 49, cuando dice que “…la interposición de los recursos administrativos no suspenderá en principio la ejecución del acto impugnado”.
El Art.13 del reglamento de apelaciones del CNSS establece que “el efecto suspensivo de la interposición del recurso, disponiendo que el recurso de apelación suspende la ejecución de la decisión de cuya apelación se trate”. Pero el artículo 49 de la ley 107-13 indica lo contrario, y es importante recordar que un instrumento reglamentario no puede estar por encima de la ley y mucho menos de la Constitución.
Las ARS representadas en el Consejo de la Seguridad Social no pueden ni deben suspender las ejecuciones de las resoluciones de la SISALRIL.
Resulta que la SISARIL, como ente regulador del Sistema, y en representación del Estado ante el mismo, se ha visto imposibilitada para aplicar la ley por las oposiciones que hacen a la misma las ARS, a través de sus representantes ante el Consejo.
Esto ha provocado que los usuarios del sistema se hayan vistos perjudicados por no recibir los servicios que se suponen garantizados por la Ley y la Constitución de la Republica.
La SISARIL, elevó una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, en busca de una decisión que le permita cumplir con la ley número 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), ya que ha sido objeto de 83 apelaciones en solo tres años.
El ONPECO entiende, que le ley 107-13, deja claro y en libertad a la SISARIL para actuar, ya que en el artículo 49 de dicha Ley, expresa que: “Salvo disposición legal expresa en contrario, la interposición de los recursos administrativos no suspenderá en principio la ejecución del acto impugnado”.
En otro orden el ONPECO se pronunció en contra de unas declaraciones de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud-ADARS- que acusa a la SISARIL de querer introducir cambios en el sistema, cuando eso no es cierto.
Durante el litigio salió a relucir que en tres años se han producido 83 impugnaciones a decisiones que van en dirección a que se aplique la Ley. Es evidente, que hay resistencia a que el sistema funcione como manda la ley, eso es lo que explica las innumerables apelaciones a las decisiones de la entidad.
El ONPECO entiende que el sistema de salud debe ser bien regulado, es la única manera de que los ciudadanos ejerzan sus derechos constitucionales a la salud.
En el ordenamiento económico del libre mercado, el Estado aparece como ente regulador y no puede no debe delegar ni renunciar a esa función que es la que le da garantía de cumplir con su papel de protector de los ciudadanos tal como mandan la Constitución y las leyes.
La vigilancia de los ciudadanos no debe perderse y en esta litis salió a relucir la voracidad del mercado en detrimento de unos servicios de salud justos y dignos como merecemos todos los que estamos protegidos por el Sistema.
Si la SISARIL acudió a los tribunales es porque le han puesto una camisa de fuerzas, la cual debe cesar si se busca un acuerdo donde todos los actores involucrados se comprometan a garantizar un servicio de salud integral como lo han soñado todos los dominicanos que han luchado por la justicia social desde la desaparición de la dictadura.
El sistema de la seguridad social es pagado por todos los asalariados del país, los que merecemos respeto, por lo que estaremos vigilantes ante el incumplimiento de la ley y la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Santo Domingo, D.N.
26 de abril de 2018
