El magistrado José Alejandro Vargas ordenó arresto domiciliario, uso de brazalete electrónico, impedimento de salida del país y pago de garantía económica a la imputada Estrella Barriola Varela, gerente de la empresa Don Metal, SRL.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El juez coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medida de coerción a una empresaria que, en asociación con otros imputados, se dedicaba a deducir impuestos mediante uso de facturas falsas con valor fiscal, emitidas por compañías ficticias, en perjuicio del Estado.
El magistrado José Alejandro Vargas ordenó arresto domiciliario, uso de brazalete electrónico, impedimento de salida del país y pago de garantía económica a la imputada Estrella Barriola Varela, gerente de la empresa Don Metal, SRL. Es el segundo grupo de defraudadores que en menos de tres meses enfrenta decisiones judiciales por perjudicar al fisco.
Barriola Varela fue sometida a la justicia por la DGII porque, en su calidad de socia y gerente de la citada empresa, se beneficiaba de una estructura criminal dedicada a defraudación fiscal y falsificación de facturas, ascendentes a más de RD$1,000 millones en perjuicio del Estado Dominicano.
El Ministerio Público, conjuntamente con la Dirección General de Impuestos Internos, durante varios meses desarrolló una exhaustiva investigación acerca de los ilícitos en lo que incurría la imputada, a través de su organización criminal.
“Esta decisión ha sido basada en el deber de salvaguardar la importancia de que los ciudadanos cumplan con las obligaciones tributarias, y que no incurran en realizar reportes no fehacientes con contribuyentes que no realizan actividad comercial”, declaró la DGII en un despacho de prensa.
En marzo pasado, el mismo juzgado impuso medidas de coerción –que recientemente le fueron ratificadas- a un asesor fiscal y a una contadora que se dedicaban a formar “compañías comerciales ficticias” para elaborar y vender facturas falsas con valor fiscal.
Se trata de Franklin Rosario Vicente, a quien el juez José Alejandro Vargas impuso tres meses de prisión preventiva a ser cumplidos en la Penitenciaria La Victoria, y Marlenys Sánchez Pérez, a quien dictó garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida del Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo, mediante uso de brazalete electrónico.
