La Procuraduría encubre en vez de descubrir y monta un sainete judicial en vez de procurar justicia, dijo Max Puig.
La Alianza por la Democracia (APD), condena el manejo que le ha dado la Procuraduría General de la República (PGR), a la trama Odebrecht, al desvirtuar ésta por completo sus funciones para ponerlas al servicio de la impunidad.
La presentación que hizo la PGR de la acusación, a través de los medios de prensa, fue un espectáculo de mal gusto, aunque muy representativo de la parodia democrática dominicana.
El Procurador hizo todo lo contrario de lo que estaba obligado a hacer: en vez de investigar para descubrir lo que hizo fue confundir para encubrir y, a final de cuentas, para proteger a los principales y verdaderos culpables del saqueo de los bienes públicos, que son bienes de nuestro pueblo.
La trama Odebrecht se armó desde las más altas instancias del gobierno y eso lo sabe todo el pueblo dominicano.
También sabe que, desde hace meses, se ha venido montando un sainete de justicia con propósitos políticos inconfesables.
De ahí la indignación que ha provocado la tosca manipulación que se pretende vender como proceso judicial justo e imparcial.
Lo cierto es que, en este caso como en muchos otros, el partido dominante está haciendo un uso instrumental de las instituciones para fines ilegítimos.
El colmo de la burla es pretender que no hay corruptos en el gobierno más corrupto que ha tenido Republica Dominicana en toda su historia y que no hay implicados del actual gobierno en la trama Odebrecht, cuando fue en este gobierno que la transnacional delincuente confesó haber pagado la mayor parte de sus coimas en el país.
Es descaro decir que no hay indicios de corrupción en la licitación, adjudicación, financiamiento y proceso de construcción de las sobrevaloradas y contaminantes plantas de carbón de Punta Catalina.
El procurador hace el ridículo cuando ofrece como prueba de la limpieza de las operaciones de Punta Catalina declaraciones ofrecidas por ejecutivos de Stanley Consultants, empresa directamente implicada en las irregularidades como quedó demostrado en el Informe de la Comisión Presidencial sobre Punta Catalina o Informe Agripino.
Es escandaloso que el procurador no encuentra pruebas de los delitos cometidos por los miembros del comité político del partido dominante involucrados en la estafa, a pesar de que uno de ellos confesó haber recibido y canalizado hacia el PLD millones de dólares que le fueron entregados por el principal implicado en el caso.
Es un insulto obviar en la investigación las sobrevaluaciones de las obras de Odebrecht y la participación de esta empresa en el financiamiento de las campañas electorales del PLD y en la conducción misma de estas campañas, a través del experto electoral y operador de financiamientos ilícitos Joao Santana.
Es una vergüenza el indigno acuerdo de impunidad que el gobierno dominicano firmó con la empresa delincuente, salvándoles el pellejo -judicialmente hablando- a los ejecutivos y funcionarios de ésta.
Es una tomadura de pelo la afirmación de la Cámara de Cuentas de que ésta no ha podido auditar las obras de Odebrecht en el país, primero por falta de dinero, y luego por falta de tiempo.
A la luz de estos hechos y de otros no menos importantes, queda claro que la investigación y la acusación amañadas de la PGR forman parte del propósito general de proteger la asociación de malhechores que se ha enquistado en el Estado.
No obstante, los sostenedores del entramado de corrupción en que se asienta el modelo económico, social y político dominicano, no lograrán su propósito.
Y no lo alcanzarán porque operaciones tan groseras como la que han articulado en el manejo del escándalo Odebrecht, lejos de favorecerlos los deslegitiman, poniendo en entredicho su sistema de dominación basado en la corrupción.
Procedimientos como los que están siendo empleados por la PGR y el gobierno generan indignación y repudio.
De ahí que, como en tantos otros momentos decisivos de su historia, el pueblo dominicano sabrá sacudirse y superar la podredumbre.
La legión de los hombres y mujeres que prefieren vivir con decencia y dignidad crecerá cada día y disminuirá el número de los que prefieren arrastrarse en la ignominia.
Ante la degradación, el pueblo dominicano sabrá armarse del temple y de la reciedumbre moral necesarias para encarar la situación.
Frente a un gobierno que no vacila en utilizar los medios más despreciables, como está quedando demostrado, la oposición política está llamada a cumplir su papel con responsabilidad y decisión.
República Dominicana necesita de una oposición firme y vigorosa, consecuente con sus principios, con dirigentes que no se amilanen o se dejen presionar por las diversas formas de chantaje que puedan ser ejercidas desde el gobierno.
De cara a un manejo perverso, la dirección opositora no debe dar señales de que le teme a un poder cada vez más ilegitimado por sus propias actuaciones.
Templanza, rectitud y coraje son las consignas de la hora.
Santo Domingo, 10 de junio de 2018.
