El Movimiento Cívico Participación Ciudadana ha cuestionado las acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el escándalo Odebrecht y ha dicho que el mismo deja claro que solo la movilización social haría posible que se castigue a los sobornadores y sobornados.
En un comunicado la dado a conocer este martes, el movimiento cívico hace una descripción del caso desde que se hiciera la revelación de que la compañía Odebrecht sobornó a funcionarios del Gobierno dominicano, así como a legisladores para lograr la conceción y adjudicación de obras del Estado. El texto completo del mismo es el que sigue:
Con la reserva de conocer y procesar los méritos o fundamentos que puedan contener las acusaciones formuladas ante la justicia por la Procuraduría General de la República tras año y medio de las investigaciones sobre los hechos criminales del escándalo Odebrecht en el país, Participación Ciudadana está en la obligación de fijar posición al respecto.
1.- Desde que se conocieron las implicaciones nacionales en el mayor escándalo de corrupción internacional documentado y admitido por la empresa constructora brasileña Odebrecht, hemos participado militantemente en el clamor nacional por sanciones que reparen los daños materiales y morales y contengan la ruinosa impunidad que nos agobia.
2.- Por eso hemos formado parte de los promotores del movimiento Marcha Verde contra la corrupción y el fin de la impunidad, y ya el 1 de mayo del 2017, junto al Centro Social Juan XXIII, la Fundación Masada y Santiago Somos Todos, formulamos una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que determine el destino de 4 millones 396 mil 796 dólares transferidos entre 2013 y 2014 desde tres filiales de Odebrecht en Perú a la cuenta de Cine&Art 2013, constituida en Santo Domingo por dos hijos de los asesores electorales del presidente Danilo Medina, Joao Santana y Mónica Moura.
3.- El 8 de junio del 2017, tras las imputaciones hechas por la PGR a 14 personas por los crímenes de Odebrecht, aunque consideramos que el documento presentaba indicios de responsabilidades importantes, formulamos múltiples reparaciones y reclamamos una exhaustiva investigación para fundamentar los cargos e impedir que el escandaloso caso se enrumbara, como tantos otros, a la impunidad.
Entre otros aspectos hace un año señalamos:
a) Que fue notoria la comisión de errores injustificables que ayudaban a desacreditar la indagatoria y contribuyen a sustentar la posición de quienes los creen intencionales para facilitar la impunidad.
b) Advertimos que la PGR sostuvo en su instancia que todas las obras contratadas con Odebrecht "fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial imputado Angel Rondón, a funcionarios de República Dominicana".
c) Llamábamos la atención al hecho de que, aunque todo el fundamento documental de las imputaciones se encontraba en las 101 transferencias de cinco empresas de Odebrecht a dos de Angel Rondón, en los años del 2007 a enero del 2015, la mitad de los imputados correspondían al gobierno de Hipólito Mejía 2000-04, cuando se contrataron con Odebrecht las primeras dos obras, una de las cuales sería ejecutada por el siguiente gobierno, y que ambas sólo implicaban el 5% del monto contratado. Y cuando no habían comenzado las transferencias del dinero documentado, ascendentes a 83.2 millones de dólares. Advertimos un sesgo político en las imputaciones.
d) Dijimos que aunque un comunicado de la PGR rectificó que en la contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina "sólo hubo sobornos a un senador y un diputado para la aprobación de su financiamiento", eso resultaba inconsistente porque no se les identificaba y porque desde el 2010 el partido gobernante contaba con casi todos los senadores y el 60 por ciento de los diputados, y debía asumirse que no tenía necesidad de sobornar a dos legisladores para aprobar los contratos ni sus adendas.
e) Nos resultó resaltante que en las imputaciones no se aludiera a la lista de los sobornados que tantas veces la PGR dijo haber recibido de Odebrecht y de las autoridades brasileñas.
f) Sostuvimos que, aunque en la misma instancia de la PGR asoman las sobrevaluaciones de las obras contratadas con Odebrecht, a más de cinco meses del estallido del escándalo, no habían sido auditadas "lo que implica una grave negligencia investigativa".
g) Señalamos que, aunque en dos casos de las imputaciones se alude a financiamiento ilícito de campañas electorales, el Ministerio Público no parecía interesado en asumirlo, a pesar del testimonio de quienes dirigían el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht de que trasladaron sus operaciones a Santo Domingo, por considerarlo un lugar seguro, cuando la justicia brasileña empezó a desarticular la corruptela.
Una brecha abierta para la impunidad
4.-Ahora con las acusaciones formuladas por la PGR, la indignación general se multiplica y crece la convicción de que el Ministerio Público actúa como instrumento político, que no sólo oculta deliberadamente las responsabilidades de las gestiones gubernativas del Partido de la Liberación Dominicana, sino que además encuentra más responsables en la gestión que aprobó el 5% del monto contratado con Odebrecht, en relación de tres a dos.
5.-Queda evidente que las investigaciones han evadido las sobrevaluaciones y el financiamiento de campañas electorales que involucran a los asesores políticos del presidente Danilo Medina, Joao Santana y Mónica Moura. La denuncia de las transferencias a Cine&Art 2013, contiene los bancos utilizados y número de cuentas. Es inadmisible que tras año y medio del escándalo no se hayan realizado las auditorías de los costos de las obras, ni se hayan establecido responsabilidades sobre la violación de la ley de compras y contrataciones, con sobrecostos que en casi todas las obras superaron los límites legales.
6.- Una prueba del desinterés por establecer el financiamiento ilegal de campañas electorales, es que el exministro Temístocles Montás, quedara liberado de la imputación del año pasado, a pesar de que admitió en un comunicado público que había recibido dinero de Angel Rondón para la campaña electoral del PLD en las elecciones del 2008, 2012 y 2016.
7.- En la instancia de acusación sólo aparece un funcionario de los gobiernos del PLD, el exministro Víctor Díaz Rúa, y un senador, el de San Cristóbal, Tommy Galán, aunque del total de las transferencias documentadas el 33 por ciento llegaron a las cuentas de Rondón, en el gobierno de Leonel Fernández, y el 67 por ciento en el de Danilo Medina. Es relevante que, en el período de contratación de las plantas de carbón, entre 2013 y 2014 los depósitos a las cuentas de Rondón para los admitidos sobornos, ascendieron a 49.6 millones de dólares. Pese a ello ningún funcionario de este gobierno, ni de sus obras contratadas, aparecen implicados, esperándose una explicación de los investigadores sobre a dónde fue a parar todo ese dinero.
8.- Es más que resaltante que dos presidentes del Senado del antiguo Partido Revolucionario Dominicano, que ahora son presidente y secretario general del mayor partido de oposición, figuren como acusados por haber gestionado la aprobación de los dos primeros contratos, pero no ocurre lo mismo con quienes presidieron ambas cámaras legislativas cuando se aprobaban 15 de los 17 contratos, con numerosas adendas que elevaron los costos, aún de las dos obras contratadas en el período 2000-04.
9.- El caso del senador Tommy Galán, único legislador oficialista acusado, es más que relevante, pues a pesar de la revisión de "más de 800 mil transacciones bancarias" con "más de 130 mil horas de trabajo de 50 especialistas", y de haber reunido "1,711 pruebas", solo queda él como responsable de que los 32 senadores de su mismo partido aprobaran el 95 por ciento de lo contratado con Odebrecht. Aprobaciones que se realizaban casi siempre sin lectura de los contratos y bajo declaraciones de emergencia.
10.- Contrasta que Odebrecht sobornara a un solo senador y que no tuviera que hacerlo con los diputados, donde había una diversidad inexistente en el Senado. Con la liberación de los originalmente imputados Alfredo Pacheco y Ruddy González, no queda ningún diputado implicado.
11.- Ante todo el país ha quedado evidente una concertación para no realizar las auditorías de las sobrevaluaciones de las contrataciones de Odebrecht, estimadas en 22 por ciento como patrón ejecutivo, según confesión de los propios funcionarios de la constructora brasileña. Si se aplica ese porcentaje a los 5 mil 957 millones de dólares de las contrataciones, las sobrevaluaciones pudieron haber llegado a 1,119 millones de dólares, es decir 13 veces el volumen de 92 millones de dólares de los sobornos confesados por Odebrecht en el país, el tercero más elevado de las 11 naciones involucradas.
12.- Ya en nuestro comunicado de junio del 2017 advertíamos que tres familiares de Rondón y Díaz Rúa, que aparecen como beneficiarios de grandes sumas de las transferencias, no habían sido imputadas, lo que sugiere una concesión en camino a la impunidad. Al reducirse a la mitad la cantidad de los imputados, aumenta la percepción. Más aún si no se documenta el destino del 67 por ciento del dinero transferido a Rondón, quien desde el primer momento dijo que ese era un pago de comisiones por su representación de Odebrecht en el país y en las negociaciones con el Estado.
13.- Participación Ciudadana advierte que sólo una renovación de la movilización nacional contra la corrupción y la impunidad evitará que el escándalo Odebrecht se sume a muchos otros sin sanción de la justicia. En lo inmediato nos sumamos al "campamento de la dignidad y resistencia verde" levantado en el entorno de la Procuraduría General. –
