Denuncian que la acusación del Ministerio Público está incompleta si no investiga el financiamiento de campaña.
Santo Domingo, D.N.-El Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo SJ., Participación Ciudadana, el Centro Juan XXIII, Foro Ciudadano, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Dominicana de Religiosos/as -CONDOR- y la Acción Comunitaria por el Progreso, Inc. (ACOPRO), se pronunciaron desde el Campamento Verde de la Marcha Verde en su 7mo. día, instalado el pasado viernes luego de las declaraciones dadas por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.
Según las citadas organizaciones, las autoridades deben esclarecer si el partido oficialista PLD recibió fondos de Odebrecht, S. A., a través de las empresas “Polis Caribe, SRL.” y “CINE & ART 2013, SRL”, ambas propiedades del publicista brasileño Joao Santana, tal y como afirman varios altos funcionarios de esa empresa en instancias judiciales de Brasil. De confirmarse la veracidad de las delaciones premiadas en Brasil de esos funcionarios, se habría violado en la República Dominicana la Constitución y también la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Código Penal, la Ley Electoral No. 274-97 y la Ley de Lavado de Activos.
“La vinculación del Partido de la Liberación Dominicana, se hace en virtud de que ellos (sus dirigentes) declararon que Joao Cerqueira de Santana Filho era su asesor de campaña, y en las declaraciones de los estados financieros presentados a la Junta Central Electoral, no se evidencia ningún pago a Joao Cerqueira de Santana Filho ni a ninguna de sus empresas. De confirmarse los hechos, estamos frente a un ultraje a la Soberanía Nacional por la injerencia de una empresa extranjera en temas políticos de República Dominicana”, plantean las organizaciones denunciantes.
Señalan que los breves estados financieros “presentados tardíamente por el PLD a la Junta Central Electoral, no evidencian ningún pago realizado a Joao Santana ni a ninguna de sus empresas”. Recuerdan que la Ley Electoral resulta “clara y reiterativa” en tipificar y penalizar lo ilícito del uso de fondos extranjeros en campañas internas, así como en la obligación de transparentar todos los ingresos y egresos de los partidos políticos.
Las organizaciones no confían en el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, por su condición de miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y activista político partidario en la campaña del entonces candidato Danilo Medina Sánchez, en violación a lo que establece el Principio de apoliticidad del Art. 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11, el cual señala que “ninguno de sus miembros puede participar en actividad político partidista, aprovechar su investidura para realizar propaganda a favor de ningún partido político, ni utilizar los recursos humanos o materiales de la institución para tales fines.”
Expresaron que esperan que su acción cuente con el respaldo decidido de todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad, como una evidencia más de la invariable determinación de poner fin a la era de la impunidad, en vista de que urge un cambio radical que nos ayude a construir esperanza en la República Dominicana.