El Movimiento Cívico Participación Ciudadana expresa su total apoyo a la resolución emitida por la Junta Central Electoral el pasado 20 de junio, mediante la cual se prohíbe la realización de actos de campaña electoral, otorgando un plazo de 5 días para que sea retirada toda la promoción que prolifera en lugares públicos de todo el país.
Valoramos esta medida como justa, oportuna y pertinente ya que no solo está dentro de las atribuciones que la Constitución de la Republica le asigna al alto organismo electoral, sino que responde a un reclamo nacional que el Congreso Nacional y la clase política han desoído por décadas. Desde que se comenzó a discutir en el país el primer proyecto de Ley de Partidos y luego el Proyecto de Ley Electoral, uno de los puntos con mayor apoyo ciudadano es el referente a la limitación de las campañas electorales y, como consecuencia, de los gastos de los partidos y candidatos.
Esta es una conquista que la mayoría de los países democráticos ha puesto en práctica desde hace décadas. Son muchas las razones que justifican la limitación de las campañas. En primer lugar, todas las libertades propias de las sociedades modernas están reguladas, así lo reconoce la propia Constitución, en función del interés colectivo y de las experiencias de lo que funciona mejor para el fortalecimiento de la democracia y la convivencia social. Las campañas electorales ilimitadas provocan:
1. El costo excesivo de la actividad política y del acceso a una posición electiva. No hay que abundar en demostrar la enorme cantidad de recursos que se requieren para movilizar personas en las calles, sostener propaganda por diferentes medios y mantener una constante actividad durante varios años.
2. Los recursos que usan los precandidatos no provienen de fuentes transparentes ni públicas ni privadas, por lo cual se prestan a ocultar inversiones espurias provenientes de dinero ilícito o de sectores interesados en pasar factura a futuros gobernantes o directamente insertarse en algún órgano del Estado.
3. Las campañas políticas ilimitadas solo favorecen a los precandidatos que ya ostentan cargos públicos, prestándose al abuso y a la utilización de las instituciones y cargos para imponerse sobre los aspirantes que no tienen este beneficio, con lo cual se establece una situación de inequidad y privilegios que violenta los principios democráticos.
Participación Ciudadana reitera la necesidad de que en el país se aprueben las leyes Electoral y de Partidos Políticos, siempre y cuando las mismas contengan las medidas necesarias para regular la actividad política, especialmente el costo y la obligatoriedad de rendición de cuentas, con las debidas sanciones para quienes incumplan. El país no puede permitir que algunos sectores políticos bloqueen los avances institucionales, impidiendo las necesarias regulaciones y, al mismo tiempo, oponiéndose a que el órgano electoral ejerza una función legitima, legal y ampliamente reclamada por la sociedad. Mientras tanto, la JCE está llamada a actuar en consonancia con sus funciones y, entre ellas, está reglamentar los tiempos y los gastos de campaña. Por otro lado, la Ley Electoral vigente fija el inicio de la campaña en el momento en que la Junta realice la proclama.
Participación Ciudadana apoya esta y todas las medidas que pueda tomar la Junta Central Electoral en aras de hacer más justo, equitativo y transparente el próximo proceso electoral. Las regulaciones deben llegar a todos los aspectos que se han documentado como dañinos en los anteriores procesos y que están contenidos en los informes emitidos por nuestra organización.
La firmeza de las autoridades electorales es necesaria ahora más que nunca, por cuanto el escándalo ODEBRECHT muestra cómo los partidos y candidatos se alían a empresas extranjeras o a cualquier fuente de recursos ilícitos para incidir en la voluntad popular, al tiempo que comprometen los recursos públicos para beneficio de unos pocos.
