Erróneas políticas en seguridad pública




Por Jesús Batista Suriel/Las erróneas políticas de seguridad ciudadana desarrollada en los últimos años en República Dominicana, han demostrado que no han logrado ningún efecto positivo. La seguridad ciudadana no debe ser tema de disputas entre partidos, más bien, debe ser una estrategia nacional. Demanda una visión de continuidad más allá de los cambios de gobierno. Debe ser una política de Estado.

La delincuencia en la República Dominicana nos dificultad y oscurece el día a día. Los dominicanos perdimos la libertad, la autonomía, la soberanía de caminar por las calles sin el nerviosismo de que un delincuente nos pueda asaltar, atracar, agredir, herir, pegar, robar, y nos matan hasta por un trapo de celular. Para los malhechores, la vida humana no vale nada.

De los sucesos violentos que ocurren en nuestro país, a lo mejor no sea posible un análisis exacto, pero sí podemos hacer unas observaciones de la desatinada política de seguridad ciudadana que ha estado desplegando el gobierno en los últimos años. La ausencia de justicia social, empleos, salud, y añadir, por demás, la falta de institucionalidad que tenemos, fomentan este desorden.

Es alarmante ver los números de las diferentes encuestas realizadas por el Observatorio de Políticas Sociales y Enhogar. Ambas coinciden en que más del 74% de los dominicanos entiende que la delincuencia es el principal problema y más del 41% ha limitado actividades por temor a ser víctima de un atraco. Peor aún, cuando vemos que el 62% de las personas que han sido víctimas, no denunciaron el acto por la desconfianza hacia la Policía Nacional y el Poder Judicial.

Los ensayos del gobierno han colapsado. Seguir vendiendo este mal como percepción, es un error, no tiene credibilidad ante la opinión pública. Lamentablemente, el crimen en nuestro país se ha convertido en una industria exitosa, motivada por la falta de institucionalidad y autoridad de quienes están llamados a garantizar el orden.

Usar el mismo librito de la militarización de las calles para conservar la seguridad pública, demuestra falta de una política eficaz. No más violación a las garantías individuales con redadas mixtas de las FF.AA. y la Policía Nacional.

Impotencia, enfado, enojo, resentimiento, pena, lastima y muchas cosas más es lo que se produce en los ciudadanos cuando anuncian con bombos y platillos un “plan estratégico” para combatir la delincuencia que consiste en aumento del patrullaje, y se gastan millones de pesos promocionándolo. “Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes” Albert Einstein.

La seguridad ciudadana es un tema transcendental, por lo tanto, es inaceptable seguir implementando una política incorrecta, errónea y desatinada. No es casualidad que la violencia que vivimos en República Dominicana haya retoñado de la noche a la mañana, hoy vivimos los efectos acumulados a lo largo del tiempo, que han favorecido al desbordamiento de la violencia. Los dominicanos solo observamos impotentes cómo nos roban nuestras calles.

Tenemos un Código Procesal Penal garantista. Urge reforzar la Ley General de Telecomunicaciones No.153-98 y darle mayor fuerza legal a la Policía Nacional, Indotel, la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el Departamento de Investigación de Crímenes y Alta Tecnología de la Policía Nacional, DNI, J-2 y demás departamentos de seguridad del Estado, para que puedan actuar contra esas organizaciones criminales que tienen como plataforma de comunicación los “celulares maco”.

El crimen es local, con menos centralización desde el Poder Ejecutivo a las autoridades provinciales y municipales, tendremos más control. Fiscalizar el territorio es vital, tanto de quienes viven dentro del mismo, como visitantes e intrusos; eso ayudará, inclusive, a capturar fugitivos.

Cualquier programa establecido exclusivamente en el uso de la fuerza, será inútil, inservible, costoso, mal enfocado. El nivel de criminalidad descenderá cuando las autoridades provinciales y municipales no tengan tanta dependencia del Gobierno Central.

Los ciudadanos se sienten burlados y manifiestan frustración. Diferentes indicadores lo certifican. Debemos hacernos estas preguntas: ¿Dónde está el Centro de Control del Crimen en Tiempo Real? Ya que este forma parte del proceso de reforma y modernización de la Policía Nacional. ¿Existe? ¿Las políticas del gobierno han logrados sus objetivos? ¿Fracasó el gobierno en materia de seguridad? ¿Hizo metástasis el cáncer en la seguridad pública?
“Cualquier sociedad que renuncie a un poco de libertad para ganar un poco de seguridad, no merece ninguna de las dos cosas”. Benjamín Franklin.

El Autor: es abogado, Reside en Santo Domingo



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La Redacción
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