En los últimos tres meses se han producido varios decomisos de dinero, armas de fuego y otros materiales transportados de manera ilegal a través de puertos y aeropuertos dominicanos, acciones que han puesto de manifiesto la eficacia preventiva de la Dirección General de Aduanas tendente a evitar estas acciones delictivas.
Casi todas estas incautaciones han sido realizadas en contendedores procedentes de diversas partes de los Estados Unidos, principalmente de Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts, los puntos de la costa noreste de la nación norteamericana donde reside buena parte de nuestra diáspora quisqueyana.
Esos contenedores han sido embarcados por empresas que se dedican al transporte de mercancías caseras que envían dominicanos residentes fuera del país, quienes suelen mandar paquetes con productos alimenticios, vestimentas y otras colaboraciones para familiares o relacionados.
Los delincuentes se aprovechan de muchos huecos que hay en la vigilancia de lo que se envía desde Estados Unidos, cuyas autoridades aduanales, por razones de seguridad nacional, prefieren controlar lo que entra a su territorio y no siempre lo que sale de él.
De esa forma, estos maleantes dañan las operaciones de las llamadas "mudanceras" que por décadas han prestado un servicio de suma importancia para quienes tienen familiares allende los mares, los cuales no siempre pueden hacerse presentes con dinero en efectivo sino que prefieren acopiar productos enlatados y otras chucherías que sirven de alivio material para quienes las reciben en nuestro país.
A pesar de saberse del uso delictivo de esas empresas para el trasiego ilegal de dinero y armas, el director general de Aduanas, licenciado Enrique Ramírez Paniagua, ha optado por no afectar las operaciones de las "shippings", considerando que los dueños no forman parte de las redes de contrabando, pero al mismo tiempo consciente del servicio que estas prestan, el cual tiene un impacto socioeconómico inestimable.
Sin embargo, se ha extremado la vigilancia en los puntos de entrada al país, logrando ir dando golpe tras golpe con la incautación de millones de dólares e incontables armas de fuego ingresados sin declarar, una operación que, obviamente, se hace en razón de su origen pecaminoso.
Es decir, que la DGA bien pudo haber tomado medidas drásticas contra las embarcadoras, pero de hacerlo afectaría a inocentes que como los destinatarios de las ayudas materiales, no forman parte de la actividad delictiva.
Inclusive, los dueños de esas empresas no tienen—hasta prueba en contrario—responsabilidad en los hechos violatorios de las leyes, pues la modalidad que estas utilizan para la recolección de sus embarques se presta a cualquier manipulación dolosa.
Los golpes de la DGA y la rigurosidad en las medidas de control deberían desalentar a los delincuentes. Pero no, ellos insisten.
