Participación Ciudadana indica que la revelación hecha en la Cámara de Diputados es razón más que suficiente para una investigación.
Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, remitió esta mañana un comunicado al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Darío Maldonado, donde presenta su descontento por lo transcurrido en la sesión de ese organismo en fecha 11 de julio de 2018, ante la solicitud de la diputada Faride Raful, junto a los diputados Frank Paulino, Robinson Díaz y Agustín Burgos, de que se aprobara la creación de una comisión especial para investigar los pagos a las empresas de Joao Santana y su esposa Mónica Moura.
Se recuerda que durante esta sesión los cuatro legisladores propusieron que se investiguen las contrataciones públicas que hizo el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicación (DICOM) durante el período 2012-2017, a favor de las empresas Cine&Art 2013 y Polis Caribe, propiedad de Santana y Moura.
Raful aseguró que cuando Joao Santana salió del país en febrero 2016, en plena campaña presidencial, a enfrentar la justicia brasileña por recibir pagos en el extranjero que provendrían de sobornos en Petrobras (siendo condenado a prisión), éste renunció a asesorar la campaña del presidente Danilo Medina, momento en que aspiraba a la reelección. No obstante, la diputada sostuvo que las empresas de Santana siguieron recibiendo dinero por parte del Estado.
En ese tenor, Participación Ciudadana indicó que la revelación hecha por los diputados, con pruebas provenientes de la Contraloría General de la República, de contrataciones con ambas compañías por 4 millones 800 mil dólares y 1,109 millones de pesos, para un total de 1,346 millones 841 mil 796 pesos, equivalentes a 30 millones 784 mil dólares, “son razones más que suficientes para justificar con creces la solicitud realizada, la que PC respalda sin reservas”.
El movimiento catalogó como incorrecto el comportamiento del diputado Radhamés Camacho al solicitar sacar el caso del hemiciclo cameral y canalizarlo a través de los tribunales, ignorando que, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, el Congreso Nacional no solo legisla, sino que además tiene funciones de fiscalización y control de finanzas públicas, por lo que tiene facultad de nombrar comisiones especiales de investigación.
“La Constitución es reiterativa al respecto cuando en su artículo 246 dispone que <>”, añade la organización en el comunicado.
Participación Ciudadana sostuvo que los legisladores Raful, Paulino, Díaz y Burgos, no solo cumplían con su obligación como diputados, sino que también desempeñaban su deber ciudadano descrito en el artículo 75 de la Constitución, de velar por el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.
“No se trata de defender colores partidarios en la Cámara de Diputados sino de anteponer los colores patrios, ante un hecho tan revelador como el que implica pagos millonarios a dos personas vinculadas al caso Odebrecht, sobre todo, una parte de los pagos realizados con posterioridad a su condena en Brasil a cinco años de prisión por 19 cargos de lavado de activos. Todo esto implica que el gobierno dominicano ha estado pagando servicios a personas condenadas por actos de lavado, hecho que por sí mismo es gravísimo y merece no solo ser investigado, sino una explicación detallada por parte de las autoridades comprometidas en tales hechos”, alegó el capítulo dominicano de Transparencia Internacional.
Merán responde.
Mientras que el diputado oficicialista Henry Merán, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que la solicitud de de la diputada del PRM para crear una comisión especial para evaluar los contratos otorgados a empresas supuestamente vinculada al publicista Joao Santana es un pedido eminentemente político, fruto de un esquema de trabajo diseñado por ese partido con miras a ganar adeptos y posicionamiento en el electorado.
“Temas de esta naturaleza van a seguir surgiendo dentro del marco político electoral. Desgraciadamente en la República Dominicana hemos pasado a una etapa de judialización de los temas políticos”, expresó Merán.
En declaraciones al programa Matinal 11, reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD, el presidente de la comisión especial de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto de Ley de Partidos manifestó que este tipo de denuncia le hace daño a la democracia dominicana.
El diputado del PLD por la provincia San Juan de la Maguana entiende que estos temas son políticos coyunturales en los que se trata de llevar al ámbito judicial, alertando que en este último terminan sin prosperar pues hay que pasar de las denuncias a las pruebas.
Explicó que el Estado dominicano establece los mecanismos constitucionales a través de los cuales se trasmita este tipo de denuncia de forma jurisdiccional. “Si ella entiende que hay elementos que pueden comprometer la responsabilidad de aquellos funcionarios que intervinieron en esas operaciones perfectamente como abogada y legisladora puede tramitar sus alegatos a través de las jurisdicciones competentes”.
Agregó que estamos en un proceso de precampaña de opinión pública y que la documentación que presentó ella misma confiesa que fue entregada por las instituciones que tuvieron que ver con estas contrataciones.
