La no aplicación del principio de régimen de consecuencias a los ciudadanos cuando incurren en infracciones contra las leyes tiene a la República Dominicana con la cabeza hacia abajo, inmersa en un desorden de alto relieve que, al parecer, ya es un fenómeno cultural irreversible.
Somos el hazmerreír del mundo. Nos ven como salvajes modernos con lujos y otros privilegios, pero con cerebros incivilizados.
Nuestras leyes son duras y los encargados de aplicarlas son frágiles, cobardes, indiferentes, que se abstienen de aplicarlas por temor, tal vez, a perder el cargo. Son instrumentos políticos, incompetentes, peones rastreros, rehenes y esclavos, de quienes detentan el poder gubernamental.
Desde el Congreso Nacional brotan leyes importantísimas para la sociedad dominicana que terminan archivadas porque nadie las ejecuta. Son leyes que solo reciben propagandas mediáticas, y nada más.
Muchos ciudadanos no saben, por ejemplo, que la vagancia es penalizada en el país con prisión y multas. También, el abuso y descuido contra los animales que sirven de mascotas o como instrumento de trabajo. Eso lo vi en alguna parte del Código Penal Dominicano.
Naturalmente, el principal garante de este fenómeno social es el Estado dominicano cuando no crea las condiciones para erradicar el irritante desempleo que afecta a la población, principalmente a la juventud.
Claro, hay que hacer una distinción entre los desempleados y los vagos, que son congénitos, enemigos acérrimos del trabajo. Estos últimos son la excepción a la regla.
La vagancia se estipula como una infracción que las leyes castigan con penas correccionales, segúnl el Código Penal Dominicano.
Otra normativa que no se aplica es la Ley 120-99, sobre Desechos en Lugares Públicos, promulgada en 1999 durante el primer gobierno de Leonel Fernández que prohíbe “tirar basura en calles, aceras, contenes, parques, carreteras, caminos, balnearios, mares, ríos, cañadas, arroyos y canales de riego, playas, plazas y otros sitios de esparcimiento y demás lugares públicos”.
La ley aplica sanciones a los propietarios e inquilinos de hogares y establecimientos comerciales por sacar basura, desechos o desperdicios en horas distintas a las establecidas por los ayuntamientos.
De igual modo, está penado “voltear y desorganizar los lugares y recipientes donde esté recogida la basura”. Las sanciones pueden ser de entre dos a diez días en prisión y una multa económica que puede ir de 500 a 1,000 pesos. En casos extremos se pueden aplicar ambas medidas.
Cuando el imputado es reincidente, según tiene escrito el Párrafo I del Artículo IV de dicha ley, se le aplicará el doble de la multa establecida y el máximo de los días que pueda pasar en prisión.
El artículo siete de esa legislación establece que todo ciudadano tendrá la obligación legal de mantener limpio e higienizado el frente de su residencia o establecimiento y recoger la basura, desecho o desperdicios que se encuentren en su acera.
Son pocas las personas que cumplen con ese reglamento jurídico y la razón es que no existe un régimen de consecuencias.
Ya es normal ver a individuos lanzar desperdicios en las calles (incluyendo animales muertos) sobre todo en las avenidas muy concurridas, los elevados, túneles y frente a residenciales. Y las autoridades no actúan.
Sin ánimo de ofender, pienso que una buena parte de la población nuestra es cochina en el manejo de hábitos de higiene, además de ser irrespetuosa a las leyes. “Están como chivos sin ley”, tal como expresa un viejo refrán.
