El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción al cabo del Ejército Desiderio Montero Montero, e igual medida a Franklin Montero Berigüete y Alfred Báez Ubaldo, imputados por la Fiscalía por tráfico de cocaína.
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) a través de una investigación obtuvieron información sobre una operación que realizarían los imputados en horas de la noche del 31 de julio 2018, en las proximidades de una bodega, localizada en la autopista 30 de Mayo, del sector Jardines del Sur.
En el expediente de solicitud de medida de coerción se estable que a las 9:21 PM agentes de la DNCD observaron la llegada de la camioneta conducida por el cabo Montero Montero y que transportaba a Montero Berigüete, quienes se estacionaron en la antes citada ubicación, unos cinco minutos más tarde llegó un minibús que se detuvo justo detrás de ellos y siguieron la marcha hasta detenerse en un punto, donde Montero Berigüete se desmontó de la camioneta y abordó el minibús.
“Alrededor de las 9:35 PM los miembros de la DNCD procedieron a interceptar los referidos vehículos en la carretera Sánchez, en dirección Este-Oeste próximo al peaje de Haina. Al ser requisado el vehículo en que se desplazaban los imputados Báez Ubaldo y Montero Berigüete, fueron ocupados 13 paquetes de droga” explicó el procurador fiscal investigador William Custodio.
Además en la camioneta en que iba el imputado Montero Montero se ocupó un revólver con seis cápsulas, un bolso que contenía un cargador de pistola y cinco cápsulas. En las revisiones a los vehículos en que se transportaban los imputados también se ocuparon varios documentos y dinero en efectivo.
El análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses arrojó que la sustancia ocupada resultó ser cocaína clorhidratada con un peso de 13.59 kilogramos.
El magistrado Vargas ordenó que los imputados cumplan la medida en la Penitenciaría Nacional La Victoria.
La Fiscalía otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 5 literal A, 28, 75 párrafo II y 85 literales B y D de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la categoría de traficantes, además de infringir el artículo 3 numerales 1 y 2 de la Ley 155 contra el Lavado de Activos y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas.
