Diana Castaños Guzmán de Martínez disertó en la Academia Dominicana de la Historia.
La abogada Diana Castaños Guzmán de Martínez expresó que durante la década perdida en la República Dominicana se registraron más de 500 financieras y hubo una verdadera hemorragia de nuevos bancos comerciales entre 1982 y 1990.
Recordó que entonces comenzaron a operar el Banco de Comercio, Banco Nacional de Crédito (Bancrédito), Banco Cibao, Banco Mercantil, Banco Dominico Hispano, Banco Panamericano, Banco Antillano, Banco del Caribe, Banco Latinoamericano, Banco Girod Dominicano, Banco Comercial BHD, Banco Universal, Banco Osaka y el Banco Internacional (BANINTER).
Al dictar la charla titulada “La del 80: una década perdida en América Latina, caso dominicano”, en la Academia Dominicana de la Historia, la especialista en el área bancaria e investigadora dijo que entonces el número de bancos comerciales se multiplicó 1.5 veces, y que algo parecido ocurrió con los demás intermediarios financieros, especialmente bancos de desarrollo, y que se quiso instalar por lo menos uno en cada provincia.
Manifestó que el siguiente paso fue adoptar las innovaciones financieras del sistema financiero norteamericano y que se produjo un sostenido proceso para llevar al más alto nivel las operaciones de la banca local, y que fue cuando se masificó el uso de las tarjetas de crédito y de débito.
Explicó que en el 1988 que produjo la quiebra de una de las financieras más grandes del momento, el Consorcio la Monetaria, lo que hizo evidente la realidad, que “usaban los depósitos de la población para auto préstamos, realizar inversiones en bienes raíces y cualquier actividad que fuera más rentable”, que prestar y que en menor escala la práctica fue imitada por la banca tradicional.
“Con motivo de la quiebra del Consorcio la Monetaria crecieron los temores de riesgos, por el número cada vez mayor de ejecutivos bancarios sin experiencias y con altísimas remuneraciones. A lo que se sumaban debilidades de leyes, falta de competencia y recursos presupuestarios de la SIB para adaptarse al nuevo contexto”, añadió.
Dijo que se produjo lo que se temía, el efecto contagio, que causó la primera crisis sistémica bancaria de importancia de las últimas cuatro décadas. “El colapso de la Monetaria fue seguido por quiebra del Consorcio Financiero Horizontes, de la Financiera Internacional Dominicana, S.A. (INTERDOSA), de Hipotecas y Pagares, de Dominicana de Bienes Raíces (DOBISA) hasta concluir con la quiebra de cientos de pequeñas y medianas financieras.
“En todos los casos los ahorristas perdieron su dinero. Pero las cosas no se pararon ahí, arrastraron a bancos de reciente creación que se caracterizaban por no apegarse a la ortodoxia bancaria, esto es, captar recursos del público y prestarlo con alta probabilidad de recuperación”, añadió.
Recordó que colapsaron los bancos Universal, Panamericano, Antillano, Dominico Hispano, del Caribe, Latinoamericano y Cibao, de 1988 a 1991, se afectaron además varios bancos hipotecarios y de desarrollo, y centenares de familia perdieron los ahorros de toda una vida.
Dijo que los rumores que la incertidumbre generaba amenazaron con perjudicar a entidades de buena reputación, gestión diáfana y transparente.
Lecciones aprendidas
“Las lecciones aprendidas de esa crisis bancaria fue que los bancos habían avanzado más rápido que la Superintendencia de Bancos, que necesitaba fortalecerse para desempeñar las funciones de supervisión que reclamaba un sistema financiero diferente al de la fecha cuando se constituyó”, enfatizó.
Agregó que se requería, además, tomar prevenciones para evitar nuevas situaciones riesgosas, y fue así como, con la asesoría de los organismos internacionales de cooperación, se empieza a presionar para que se modernice el sistema financiero, mediante la una ley acorde con las exigencias de las normas de Basilea.
“Aunque por resoluciones de la Junta Monetaria desde 1991 se aplicaban muchos de los aspectos filosóficos, se necesitaron diez años de discusión para consensuar la Ley Monetaria y Financiera No.183 del 19 de noviembre de 2002. Fue una de las condicionales del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, usado como apoyo institucional del Banco Central y la Superintendencia de Bancos”, explicó.