El Observatorio Nacional para la Protección de los Derechos del Consumidor, (ONPECO) reitera la demanda contra varias Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), por entender que las personas y las familias que han sido afectadas por los precarios servicios que ofrecen estas aseguradoras, merecen ser indemnizadas por los daños causados.
Numerosas familias han perdido a algunos de sus miembros, a causa de los rebotes en los centros asistenciales, falta del medicamento indicado por la deficiente cobertura, las restricciones en los servicios, como prohibir que se haga una mamografía al seno restante después de una mastectomía, el corte de las piernas a personas diabéticas en vez de suministrarles previamente el tratamiento pertinente para evitar tener que acudir a esta trágica decisión, entre otras faltas graves violatorias a lo que manda la ley que establece el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, que vulneran el derecho constitucional a la salud.
El ONPECO entiende que las ARS actúan como un negocio sin control, ignorando que el origen de ese capital financiero que administran no les pertenece, por lo que no les corresponde sacrificar la salud de ciudadanos y ciudadanas solo con el objetivo de obtener más ganancias y beneficios particulares.
Estas violaciones al derecho a la salud se cometen por falta de regulación de parte de los órganos rectores que no asumen el papel que les corresponde, dejando a merced del mercado el Sistema de la Seguridad Social, una importante conquista de la sociedad dominicana, sostiene el ONPECO.
Los daños causados a numerosas personas deben ser imputados a las ARS, conforme han considerado, además del ONPECO, la Asociación Dominicana para la Educación al Consumidor-(ADEPROCO), la Asociación de Comités de Amas de Casa, asociaciones de pacientes de enfermedades denominadas catastróficas, entre otras
Las organizaciones que forman parte del colectivo ONPECO, y otras que le acompañan en estas demandas, entienden que la Ley número 87-01 que regula el sistema debe ser modificada, pero mientras eso se produce, los daños causado a las personas y sus familiares, deben ser resarcidos conforme a lo establecido en el artículo 1382 Código Civil dominicano, el artículo 100 y la Ley número 358-05 de Protección a los Derechos del Consumidor y Usuarios y el artículo 111 de la Ley 153-98.
Según el ONPECO, la mayor parte de la población afiliada a la seguridad social que ha acudido a los centros de salud contratados por las ARS, tienen quejas de sus administradoras, porque actúan como si gestionaran un capital de su propiedad con el único objetivo de obtener beneficios financieros particulares, olvidándose del compromiso y responsabilidad social que este Sistema implica y principalmente del carácter solidario que debe primar cuando se trata de salud y seguridad social.
En las emergencias, aunque las personas que acudan a ellas se encuentren en estado de gravedad, corren el riesgo de ser rebotadas si no presentan un carnet de seguro de una administradora previamente afiliada al centro, violando incluso la misma Ley 87-01 que establece claramente que las emergencias deben ser debidamente atendidas sin importar el tipo de plan o cobertura que le corresponda.
El ONPECO considera que el Sistema de Seguridad Social se está manejando de forma discriminatoria, excluyente y limitativa, lo que constituye una violación a un derecho fundamental cuya responsabilidad civil y penal recae en las ARS que se colocan al margen de la Constitución y de las leyes del país.
Reiteramos que las familias y personas afectadas deben ser resarcidas por los daños y perjuicios recibidos en el transcurso de la implementación del Sistema Dominicano de la Seguridad Social.
Santo Domingo, D.N.
7 de agosto de 2018
