Sector médico y ARS en diálogo sin usuarios

David la Hoz, abogado y profesor universitario.




La democracia bajo el Estado social y democrático de derecho, se diferencia de la democracia griega en su carácter inclusivo. En la República Dominicana, hasta donde sabemos, está vigente la democracia del Estado social y no la democracia de las ciudades-Estados de Grecia.

David La Hoz

David La Hoz es abogado.

Sin embargo, el dialogo de las autoridades con los médicos y las ARS, a raíz de las fuertes inequidades del Sistema Dominicano de Salud, está llevándose a efecto bajo los términos excluyentes de la democracia helena, pues no se ha invitado al sector de los consumidores a dicho dialogo. Cuando ocurren exclusiones es fácil predecir que dicho dialogo está condenado al fracaso porque en democracia las partes son o no son. Esto es, no existe delegación de representación de intereses. Menos cuando se trata de sectores que como el de los usuarios de servicios de salud, defienden un derecho de rango constitucional porque la salud es un derecho de acuerdo con el art. 61 de la Constitución y porque los consumidores están contemplados en el art. 53 de la propia carta magna.

Si el sector de los médicos entiende que poseen su propia agenda, la cual es lesionada por las ARS, si la asociación de clínicas privadas (Andeclip), posee agenda propia, si el Estado entiende que es mediador del sector, si el sector sindical y los empresarios entienden que deben estar con representación propia en dicho dialogo ¿por qué negar a los consumidores y usuarios del derecho y del servicio de salud una participación efectiva allí por intermedio de sus organizaciones representativas?

No existe otra respuesta que la falencia del concepto del Estado de derecho el cual implica que no puede ni debe haber exclusión, aun en el supuesto de que se trátese de sectores no tipificados en el contenido garantista de la Constitución. En razón de que la esencia de la Constitución del estado social es la inclusión, por tanto, aborrece toda forma de exclusión.

El sector de los consumidores no ha sido ni excluido ni incluido simplemente ignorado, pero en cualquier forma, el resultado es el mismo: se encuentra fuera del dialogo y eso es inaceptable por ser inconstitucional. No es la única expresión de exclusión, es que simplemente el Estado Dominicano no alcanza a entender las características del Estado Social que nos rige, pues una serie de entes reguladores cuya única razón de su existencia es la participación organica de los consumidores o usuarios, son excluidos. Por ejemplo, la DIDA no solo es que se encuentra fuera de dicho dialogo sino que algunos llegan a aseverar que no debería existir.

No cabe duda de que estos comportamientos obedecen a reminiscencias del Estado liberal clasista. No hemos sido capaces de desterrar estas visiones excluyentes porque los actores del proceso desde el Estado, no lo entienden y el movimiento social no ha sido capaz todavía de arrancar esta conquista a los de mentalidad excluyente.

Debe llegar el día en que en la Junta Monetaria, en la Superintendencia de Bancos, en la de seguros, de electricidad, de la seguridad social, y así en toda entidad creada para regular el sector consumo, se comprenda que es inconstitucional toda exclusión orgánica de los consumidores de sectores donde los empresarios y otros sectores tienen representación, por igual y en las mismas condiciones deben poseerla los usuarios en general.

De manera que el presente comentario, persigue exhortar a los entes que integran el dialogo iniciado en el sector salud, en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, el que es imperativo, por ser un asunto de rango constitucional, la participación organica de los consumidores y usuarios del sector salud, pues constituyen la parte más afectada del modelo que se entiende imperfecto.

Si no se comprende ni soluciona esta simple exhortación, con probabilidad, dicho dialogo podría estar condenado al fracaso porque la parte central del tema, los destinatarios de dicho derecho-servicio no habrán expresado ni defendido sus legítimos intereses, lo cual repetimos, es inconstitucional y atentatorio de la tranquilidad y la paz pública.

Recientemente, conversaba con uno de los deudos de un connotado jurista administrativista del país, recientemente fallecido, quien me comentaba que el mayor dolor que estaba sufriendo su familia, su mayor trauma, después de la pérdida de su familiar, es la presión de la clínica donde fue atendido, pues a pesar de que casi la totalidad del ahorro de esa familia, no ha sido suficiente para pagar los gastos que dicha clínica reclama y eso es una iniquidad, que, con probabilidad, no será objeto de ningún comentario por la actual mesa de dialogo del sector salud. DLH-12-8-2018



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David La Hoz
David la Hoz es abogado, experto en derecho de autor.