Hace dos semanas la Presidencia de la República anunció la aplicación de una medida encaminada a alivianar la pesada carga que Impuestos Internos pone sobre los micros y pequeños negocios mediante el cobro de obligaciones que están estrangulando a esos emprendimientos.
Aún así, los pequeños negocios son mantenidos con un pie en el cuello asumiendo obligaciones fiscales que en la mayoría de los casos escapan a sus posibilidades, en especial cuando tienen que pagar cada día 20 por una facturación que no saben si cobrarán.
De todos modos la disposición presidencial representa un alivio para evitar que decenas de miles de personas que se embarcaron en una iniciativa empresarial terminen con un lazo en el cuello o arrojadas desde un puente por ver esfumarse sus esfuerzos.
Hay que reconocer que ha habido políticas destinadas al incentivo del emprendimiento, incidiendo para que el número de esos negocios crezca de manera extraordinaria en los últimos años motivando la formalización.
Sin embargo, como nunca faltan los peros, llamamos la atención en el sentido de que ese apoyo indiscutible del Gobierno a la iniciativa individual, ha sido utilizado por los más vivos para aprovecharse de una política pública que no iba dirigida a ellos.
Nos referimos al hecho de que grandes empresas se han valido del ardid de crear pymes en cantidades industriales para competir con las de personas que viven de transar con el Estado, el cual, al ser el mayor comprador y por la naturaleza de esos negocios, a veces es su único cliente.
Resulta que para un micro negocio individual es punto menos que imposible competir en una comparación de precios con una pyme que, en la práctica, opera como una subsidiaria de una gran corporación, aunque en los papeles aparente otra cosa.
La cuestión es simple y sencilla: el suplidor supuestamente independiente correrá con una ventaja difícil de superar si ambos se abastecen del mismo mayorista, y de antemano garantiza que el vinculado obtenga el contrato.
Sabemos de casos como el Ministerio de Educación donde hay suplidores con hasta 30 compañías licitando en todos los renglones, lo que hace prácticamente imposible que no queden enganchados en todas las líneas que compra esa institución, dando lugar a una competencia desleal, una maniobra puede escapar al control de ese organismo.
Es cierto que en un sistema de libre mercado se hace difícil evitar estos trucos, pero si el Gobierno se lo propone puede rastrear las huellas de estos chanchullos y verá que conducen a un mismo destino.
Mediante estos engaños, grandes empresas se quedan con el 80% de las compras que les corresponde por su tamaño, pero también con el 20% de las pymes. Una trampa.
