El Colegio Médico dominicano (CMD) aparece ante la opinión pública como el opositor base a la implementación de la atención primaria.
Esta acusación la hacen las ARS, tomando como base la alianza que poseen los médicos con la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), alianza en la que, ciertamente, no se alcanza a distinguir entre los intereses de los unos y de los otros. Esto a sabiendas de que cada uno posee intereses contrapuestos, lo cual no es sinónimo de imposibilidad de que puedan llegar a armonizar sus puntos de vista, en razón de que es obvio que todos desean un pedazo del pastel de los gruesos fondos que la Tesorería de la Seguridad social (TSS) entrega cada mes a las aseguradoras de riesgos de salud.
Lo que no está claro es si algunos o todos ellos alcanzan a entender que están manejando fondos que no les pertenecen y, sin en el caso de la parte gubernamental, entiende que su obligación es de garantía, es decir toca al Estado crear la política pública con miras a garantizar el derecho a la salud.
Hasta donde se sabe, el gobierno se ha limitado -hasta ahora- a servir de mediador entre los golosos, pero este es solo una parte muy pequeña de su rol. Si bien la parte laboral ha estado representada lo mismo que la parte empresarial, la verdad es que los usuarios no han estado presentes y esto perjudica a las ARS.
Esta ausencia notoria perjudica la posición de las ARS porque estas tienen interés en poner en marcha la atención primaria, se entiende que el gobierno también debe garantizar la aplicación de este concepto, pero los mayores interesados son los consumidores o usuarios de esos servicios.
De ahí que la ADARS si bien ha planteado su punto, no ha sido clara ni objetiva en cuánto a plantear la necesidad de incorporar a las conversaciones a la parte destinataria del seguro universal de salud y, por vía de consecuencia, interesada en la aplicación pura y simple del nivel primario.
Es característico de los debates dominicanos el hecho de que las partes aparezcan contrapuestas en los debates e incluso que se hagan haraquiri por no decir autoflagelación. Pues, hasta ahora las ARS han actuado como verdugo de los consumidores y esto ha traído como consecuencia que amplios sectores estén planteando ya la necesidad de la desaparición pura y simple de las ARS. De ahí que se hace necesario que éstas replanteen su estrategia pues podría ocurrir que termine imponiéndose el planteamiento excluyente solo por torpeza.
De su lado, el Estado, tradicionalmente se queja de que los médicos no cumplen con sus labores y los galenos responden que no tienen condiciones de trabajo adecuadas para ejercer su digna labor, mientras tanto, el resultado es el mismo: siguen muriendo pacientes por baja calidad del servicio y los que aun están vivos tienen una calidad de vida muy precaria.
Es obvio que los médicos y la Andeclip han decidido aliarse, lo que obliga a las ARS a mirar hacia donde pueden llegar a tener aliados estratégicos. Sobre todo, si el gobierno sigue interesado solo en el rol de mediador. Las ARS quieren el dinero de los usuarios y éstos quieren ser atendidos humanamente, que la técnica y sus avances estén a su servicio porque para eso han ahorrado. En una sociedad civilizada este llamado a cumplir con sus obligaciones no tiene nada de extraordinario, por tanto, las condiciones están dadas para una conciliación o para la desaparición del sector parasitario, el que no es imprescindible para que opere el derecho del paciente.
Los usuarios y sus organizaciones representativas han llevado la voz cantante en exigir servicios, en plantearse atención primaria ya. En su demanda no han tenido a nadie por aliado. Incluso el Estado ha sido parco en cumplir su rol regulador. Por esos el tema se ha ido hacia un extremo en el cual se está exigiendo la desaparición de las ARS por un lado y, por otro, que el Estado asuma su rol regulador.
En palabras finales: nadie ha planteado la exclusión de las ARS pero si están insisten en apropiarse de un dinero que no les pertenece, es obvio que son ellas quienes han de salir del mercado.
Por tanto, en buena hora ha planteado la Fundación Justicia y Transparencia un anteproyecto de ley que ha tenido buena acogida en el Congreso Nacional para que sea modificada la ley 87-01, teniendo como Norte la eliminación de las ARS. DLH-26-8-2018
