Afirma que hay que garantizar la salud, la seguridad, los derechos de los consumidores y la vida digna”
Al poner en circulación su nuevo libro en un acto presidido por el ex-presidente Leonel Fernández y por el empresario José Luis Corripio Estrada, el abogado y catedrático de Derecho Constitucional Namphi Rodríguez afirmó que “el gran desafío de los políticos dominicanos es entender que la Constitución proclamó en el 2010 el Estado social” y que hay que garantizar la “vigencia real” de los derechos económicos y sociales.
Rodríguez consideró que no hay Estado social sin vigencia plena de prerrogativas fundamentales como los derechos a la salud, a la educación de calidad, a la seguridad social o a los derechos de los consumidores y los usuarios.
“Los políticos no han entendido que estamos en el Estado Social y que hay que garantizar la salud, la seguridad, los derechos de los consumidores y la vida digna”, adujo.
El jurista puso en circulación, a casa llena, en la Fundación Corripio su nuevo libro Protección Constitucional del Consumidor y del Usuario, un extenso manual de 600 páginas que hace un enfoque estructural y legal de estos derechos en República Dominicana.
La presentación estuvo a cargo del ex-vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia Rafael Luciano Pichardo, quien sostuvo en el prólogo que se trata de la primera obra de ese género en el país que hace un estudio cabal de los derechos de los consumidores y los usuarios a la luz de la Constitución.
“Deseo dejar constancia que la obra Protección Constitucional del Consumidor y del Usuario, del consagrado jurista Namphi Rodríguez, la que estimo es la primera en su género y con la profundidad requerida en atención a los temas que se derivan de lo principal que no es otro que la protección del consumidor y del usuario en la legislación dominicana”, subrayó Luciano Pichardo al leer el prólogo de la obra.
De su lado, el empresario José Luis Corripio Estrada, presidente de la Fundación Corripio, dijo hizo un recuento de sus años como estudiante de Derecho de la antigua Universidad de Santo Domingo y de los doctrinarios que fueron sus profesores, entre quienes mencionó a Joaquín Balaguer, Leoncio Ramos, Froilán Tavares hijo y a Arturo Peña Batlle.
“Deseo éxitos a Namphi Rodríguez en el camino que ha emprendido con este libro que viene a enriquecer la bibliografía jurídica dominicana”, dijo Corripio al pronunciar unas palabras en el acto que se efectuó en la fundación que preside.
El libro es un exhaustivo estudio constitucional sobre el alcance de los derechos de los consumidores en la Carta Política dominicana y de su derivación en la Ley 358-05, de Protección a los Derechos del Consumidor o Usuario.
Dentro de los 18 capítulos que conforman la obra se encuentran: el derecho constitucional del consumidor, el contrato de consumo, los contratos por adhesión, el consumidor frente a la publicidad, protección del consumidor en Internet, los usuarios de servicios públicos, Proconsumidor como órgano de aplicación de la Ley y aspectos del sistema Dominicana para la Calidad (Sidocal).
Su autor, Namphi Rodríguez, es abogado y catedrático, master en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Master en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y master en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, de la cual es doctorando en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social.
Es especialista en Sistema Interamericano de Derechos Humanos de Washington College Law y ha realizado estudios de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Javeriana, de Bogotá, Colombia, y de Comunicación Política en México, España, Estados Unidos.
En su labor académica, ha sido catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Universidad Católica de Santo Domingo, además de formar parte del cuerpo docente de los programas formación del Tribunal Constitucional.
Se ha desempeñado como director ejecutivo de la Comisión de Juristas de la Cámara de Diputados para la Armonización Legal y Constitucional y de la Comisión Presidencial para la Reforma del Marco Regulador de la Libertad de Expresión.
