Durante su participación en el encuentro anual de jueces en Perú, el presidente de la alta corte señaló que el incumplimiento de las sentencias es la principal dificultad que enfrentan
LIMA, Perú.- Al participar como panelista en el Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), doctor Milton Ray Guevara, señaló que el incumplimiento de algunas sentencias constituye una de las principales preocupaciones que enfrenta la alta corte y subrayó la necesidad de contar con los medios legales que le permitan hacer cumplir sus resoluciones.
Dijo que esta debilidad ha de ser reparada con una reforma a la ley orgánica que rige a la alta corte, “como ha ocurrido en España a partir de las reformas adoptadas en 2007 y 2015, a cuyo tenor −en ocasión de la ejecución de las sentencias del TC− podrá, de oficio o a instancia de parte, declarar la nulidad de cualquier resolución que contravenga lo decidido, así como imponer multas coercitivas, acordar la suspensión en sus funciones de autoridades o empleados, recabar el auxilio de la administración y realizar la ejecución sustitutoria de la decisión”.
Durante su ponencia, titulada “Ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional. Perspectiva de la República Dominicana”, Ray Guevara expresó que lo ideal es que quienes están encargados de dar cumplimiento a las resoluciones, lo hagan de manera voluntaria, lo que no siempre se cumple, convirtiendo así en un despropósito que atenta contra los derechos fundamentales y la propia supremacía de la Constitución como instrumento de ordenación general del Estado de derecho.
“Sin la adecuada y oportuna ejecución de las sentencias del TC por los poderes públicos, los órganos del Estado o los particulares, ni la supremacía de la Constitución, ni la defensa del orden constitucional, ni la protección de los derechos fundamentales de las personas, ni ninguna otra pretensión o finalidad reconocida o declarada en una sentencia sería efectiva”, indicó.
Consideró que el no cumplimiento de las sentencias resta efectividad al pronunciamiento jurisdiccional y genera en los ciudadanos desconfianza hacia la institucionalidad democrática. “Ello constituye, además, un atentado contra el poder jurisdiccional, dejando a los tribunales como simples órganos que declaran el derecho, pero son incapaces de hacer cumplir lo decidido”, agregó.
Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias
El magistrado Ray Guevara señaló que como parte de los esfuerzos para garantizar la efectividad de las sentencias que dicta, el Tribunal Constitucional creó la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias (USES), que se encarga de investigar y tramitar las solicitudes tendentes a resolver las dificultades de ejecución o incumplimiento de las decisiones.
Agregó que una experiencia a ponderar en casos complejos es la sala de seguimiento conformada por jueces que supervisen los avances en el cumplimiento de las sentencias, tal y como ha hecho la Corte Constitucional de Colombia, inspirándose en los trabajos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de la época Warren.
La exposición del doctor Ray Guevara formó parte de las actividades del segundo día en el Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, al que también asistieron, de este tribunal, el magistrado Idelfonso Reyes y Nelson Reyes Ureña, juez del TC y director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, respectivamente.
El evento, convocado por el Tribunal Constitucional de Perú y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, tiene como tema central “El juez constitucional y la ejecución de las sentencias constitucionales y convencionales en América Latina”.
El programa incluye conferencias y panales que tendrán como ejes temáticos “El juez constitucional: rol, competencias y desafíos en el siglo XXI”, “Ejecución y cumplimiento de las sentencias en los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales”, la “Ejecución, cumplimiento e implementación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y la “Digitalización, accesibilidad y transparencia de las actuaciones de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales”.
