Si la dirección del periódico La Nación, de Argentina, hubiese confundido su rol, pretendiendo actuar como fiscal y juez, al recibir el manjar noticioso que puso en sus manos el chofer del número dos del ministerio de Planificación de las gestiones de Nestor y Cristina Kirchner, ese país habría recibido la escalofriante denuncia de un nuevo caso de corrupción, pero no, necesariamente, la instrumentalización judicial.
El medio trabajó e investigó hasta donde la labor periodística pudiera alcanzar, pero entendió que de denuncias estaban hastiados los argenitos, que lo que requerían era de acción real contra la corrupción, por lo que embargaron la publicación de sus hallazgos, los pusieron en las manos de un juez, que se encargó de contrastar cada una de las revelaciones, y, cuando nada de lo que se publicara afectara la investigación, realizaron sus publicaciones. A ese momento ya el juez Claudio Bonadio había dispuesto de 51 allanamientos y solicitado medida de coerción contra cuatro ex funcionarios y nueve empresarios de la construcción.
Así supo el país de la mafia que había articulado Nestor Kirchner y continuado Cristina Fernández de Kirchner, similar al Lava Jato brasileño. Se creó un sindicato de empresas constructoras que manejaban de antemanos los pliegos de las licitaciones de las obras del Estado, las ganaban, se las repartían a conveniencias y sacaban las tajadas de los inquilinos de la Casa Rosada.
El recaudador era un viceministro de nombre Roberto Baratta, que a su vez delegó en un asistente de confianza y chofer, Oscar Centeno, el trabajo de retirar las coimas que se pagaban en efectivo y llevarlas al destino indicado.
Para que no hubiera el trabajo de contar, se escogió el método de pesarlo, por lo que Centeno tenía que anotar el peso del sobre, el nombre de quien lo entregaba y su destino final, pero el manejador de las entregas, como mecanismo de protección reservó sus anotaciones particulares en ocho cuadernos, que fueron los que entregó al periodista Diego Cabot.
Sin la labor del juez, las precisiones de esos relatos pudieron haberse tomado como una fisión concebida por enemigos del kirchnerismo. El resultado ha sido más valioso para la judialización que los relatos de Centeno porque el juez interrogó a funcionarios y contratistas, obteniendo las pruebas que han basado la acusación.
Sobornadores admitieron la existencia de los acuerdos de pagos y las sumas entregadas, y se ha podido rastrear el recorrido de parte de los más de cincuenta millones de dólares descritos en los cuadernos de Centeno, apareciendo un grupo de empresarios arrepentidos que ofrecieron mayores datos.
La única orden de prisión que no se ha podido ejecutar es la dictada contra la ex presidenta Cristina Fernández que está amparada por su fuero como senadora, pero todo apunta a que tiene condena penal asegurada.
Por otros casos que habían salido a relucir, como el del ex ministro de Obras Públicas, José López, que cercado por una investigación fue atrapado in fraganti , tratando de enterrar en un convento religioso, nueve millones de dólares; o por el expediente que había motivado la orden de prisión contra Julio de Vido, el ex ministro de Planificación, la inmensa mayoría de la población no tiene dudas de que la corrupción en las administraciones de los Kirchner no se detenía en la puerta del despacho presidencial, pero este hecho probaba la asquente participación activa de la pareja presidencial.
