Juan Bosch, derrocado el 25 de septiembre del 1963.
Por Miguel Guerrero I de III
El viernes 20 de septiembre (de 1963) estalló una huelga del comercio convocada por un Comité Cívico Anti-Comunista integrado por directivos de Acción Dominicana Independiente. El Gobierno del presidente Juan Bosch declaró ilegal el paro, que afectó casi en su totalidad las actividades comerciales de Santo Domingo y otras ciudades del país. En Santiago, la paralización cobró fuerza en horas de la mañana, aunque después del mediodía tendió a debilitarse.
La protesta provocó reacciones airadas de los partidos opuestos a una interrupción del orden constitucional, expresadas en comunicados del PRD, el Catorce de Junio e incluso del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), que tan crítico fuera de Bosch a lo largo de los últimos siete meses. Pero la paralización constituyó un éxito rotundo para sus organizadores y permitió sacar a relucir las serias divisiones que aquejaban a los grupos dispuestos a respaldar a Bosch, cuya situación parecía ir resquebrajándose. Desde su regreso de México a comienzos de esa semana, el Presidente parecía encontrarse en peor posición que al momento de emprender el viaje.
El paro comercial se hizo sin una convocatoria previa. Fue el resultado de una labor de agitación que logró ese mismo día fundir en una sola protesta toda la frustración y desencanto que la política del Gobierno había acumulado en los sectores patronales. Se decidió como fruto de un insuperable desacuerdo con respecto al lugar de celebración de la próxima manifestación pública de Reafirmación Cristiana.
Tomás Reyes Cerda, de 39 años, funcionario del Consejo de Estado en el área de la información, al cesar en sus funciones como director de Radio Caribe al ascender Bosch al poder, había quedado como comentarista del programa radial de Unión Cívica Nacional. Era un periodista muy influyente y combativo. Corresponsal de la estación newyorkina WRL, compartía esas obligaciones con un puesto de redactor en Prensa Libre, el periódico de Rafael Bonilla Aybar. La redacción del diario funcionaba en un edificio de dos plantas ubicado en la intersección de las calles Conde y Espaillat, en el corazón de la ciudad colonial. En ese inmueble estaban también las oficinas principales de la UCN. Reyes Cerda, fiero opositor a Bosch, era uno de los miembros fundadores de Acción Dominicana Independiente (ADI).
A comienzos de semana, después del éxito de una concentración de Reafirmación Cristiana en Azua, los directivos de ADI discutieron la sede y fecha de la décima y próxima manifestación. Enrique Alfau propuso Barahona, que era un baluarte del PRD. La ciudad sureña, con un importante puerto, poseía un ingenio azucarero y minas de sal y yeso. Por su condición de centro laboral, la oposición conservadora al Gobierno carecía allí de muchos adeptos.
La objeción que Reyes Cerda puso a esa ciudad como sede de la décima manifestación cristiana no tenía que ver solamente con ello. Barahona distaba a unos 204 kilómetros al sur de Santo Domingo. Esta distancia considerable dificultaba los arreglos técnicos para la transmisión radial del acto. Onda Musical, con su frecuencia de 49 metros de onda corta, se había comprometido a transmitirlo. Pero su dueño Ramón Pacheco y Reyes Cerda, abrigaban dudas sobra la efectividad del alcance de la emisora para conseguir una buena y nítida transmisión. Finalmente se acordó que la difusión se haría por La Voz del Trópico, por donde se transmitían muchos de los programas contrarios al Gobierno, uniéndosele Onda Musical en cadena.
Quedaba todavía, sin embargo, la cuestión de si convenía hacerlo en Barahona. La opinión de los que se oponían a realizarlo en aquella remota ciudad consistía en el poco impacto que tendría. Surgió la idea, en oposición, de efectuar un paro de actividades en Santo Domingo, para crear una situación de crisis al Gobierno. La alternativa le pareció buena a Enrique Alfau quien dio su consentimiento.
Bonilla Aybar no estuvo en principio de acuerdo con el plan.
– Las huelgas no tumban gobiernos – dijo.
– Esta lo tumbará – le respondió Reyes Cerda.
La acción comenzó de inmediato. Alfau, que tenía excelentes contactos en las altas esferas empresariales y conocía a muchos jefes militares, se asignó el trabajo de moverse en esas áreas. En esa tarea le ayudaría Horacio Alvarez, uno de los industriales más importantes del país y un conocido opositor de Bosch. Por su parte, Reyes Cerda, Robinson Ruiz López, dirigente sindical, y Máximo A. Fiallo, antiguo empleado de la Pan American experto en radio, se encargaría de convencer al comercio árabe, chino y español, cuyos integrantes en su mayoría eran contrarios al régimen.
Fiallo, de 51 años, gozaba de gran reputación como técnico de radio, funciones que desempeñó por espacio de veintiún años en la línea aérea norteamericana. Su padre fue designado cónsul en Nueva Orleans en 1924, a raíz del ascenso de Horacio Vásquez a la Presidencia. Permaneció en ese cargo hasta que Vásquez rompió sus vínculos políticos con Federico Velásquez. Fiallo, el padre de Máximo, era un velasquista furibundo. Mientras su progenitor ejercía funciones consulares, Máximo se graduaba con honores de high school en el St. Paul’s College, uno de las más famosas instituciones por aquel entonces del estado sureño de Louisiana. Era un polifacético. Entre muchas otras habilidades, Fiallo se reputaba como un buen piloto de otros tiempos. Poseía la licencia de aviador civil número dos de la República Dominicana, que adquiriera a comienzos de los años 40. Durante el Consejo de Estado ocupó las funciones de jefe de comunicaciones del Aeropuerto. Cuando Bosch ascendió al poder se le canceló por su relación familiar con el doctor Viriato Fiallo, de quien era primo hermano. Por razones familiares disfrutaba de buenas relaciones con muchos oficiales de los distintos cuerpos armados: era sobrino del general Federico Fiallo, muchos años atrás uno de los principales oficiales de Trujillo.
A pesar de estos antecedentes, Máximo Fiallo prefería permanecer fuera de la política partidaria. Se oponía fuertemente a Bosch, pero tampoco profesaba muchas simpatías hacia la Unión Cívica, con todo y que su primo hermano, Viriato, era el líder de la organización.
La ADI consultó a varios jefes militares sobre esta decisión y algunos sugirieron extender el paro por cinco o seis días. La entidad estaba decidida a llevar a cabo la protesta por una sola jornada. El hecho de que se hiciera un viernes ayudaba a sus propósitos. Seguía la pausa del fin de semana y el martes siguiente, 24 de septiembre Día de las Mercedes, era feriado oficial. La paralización debía ser, pues, de un sólo día. Esto resultaba imprescindible a los fines de acreditar la acción como una protesta contra “el avance del comunismo”, no contra el Gobierno. Finalmente se adoptó la decisión y Alfau distribuyó las responsabilidades. En su residencia de la calle Estrella Sadhalá casi esquina Benito Monción, tenían lugar muchas de estas reuniones. Allí, para los fines prácticos, funcionaba el cuartel general de ADI.
El paro se organizó tan herméticamente, que ninguno de los servicios de seguridad fieles al Gobierno tuvo información anticipada del mismo. Tampoco se hizo mención siquiera de tal posibilidad en ninguno de los muchos programas de radio afectos al PRD y al Presidente de la República. Salvador Pittaluga Nivar, el comentarista de televisión que Bosch había utilizado para elaborar el protocolo de los actos de juramentación y que hiciera de moderador en el debate pre-electoral entre Bosch y el sacerdote Láutico García, menospreció la posibilidad de una paralización de las actividades comerciales. Se habla en algunos círculos de una huelga, dijo en su programa de televisión el jueves 19 en la noche. “Son rumores. No hay motivos de alarma”.
Los directivos de la ADI que esa noche veían el programa de Pittaluga para enterarse de las novedades oficiales, saltaron de gozo.
– ¡Se fastidiaron, porque la huelga irá mañana! – dijo Alfau.
Reyes Cerda tenía hecho los contactos para dar inicio a las primeras horas del día siguiente al paro de actividades del comercio. Con el propietario de La Voz del Trópico, Joaquín Custals, hizo arreglos para utilizar esa emisora como un canal de expresión para dirigir la protesta.
– Conmigo no cuenten… – les había dicho Custals – , pero si ustedes toman la emisora, no me opondré.
– Si ustedes toman la emisora, yo no tengo que ver con eso.
Cuando en horas de la madrugada del viernes 20 de septiembre, Máximo Fiallo y Reyes Cerda fueron en busca del técnico que se encargaría de hacer las conexiones para posibilitar la transmisión y la entrada en cadena de otras emisoras, no lo encontraron en el sitio acordado en el barrio de Ciudad Nueva. Decidieron entonces ir solos a La Voz del Trópico, situada a poca distancia de la entrada posterior del Palacio Nacional, en el sector de San Carlos, en pleno centro de la ciudad. Allí se les unió Robinson Ruiz López.
Penetraron a la estación alrededor de las cinco de la mañana, hora justa en que empezaba la transmisión del día. Hubo otro inconveniente. En lugar del joven locutor y técnico con el que se habían puesto de acuerdo, estaba Ercilio Veloz Burgos, con el cual aquel había cambiado de turno. Cuando le dijeron qué se proponían, Veloz Burgos le respondió con una negativa:
– Yo no tengo instrucciones para eso.
Fiallo extrajo una pistola de su maletín y le apuntó con resolución:
– ¡Estas son las instrucciones. Tu te quedas ahí, y no jodas!
Reyes Cerda trató de calmarlo en beneficio de su plan:
– Tu solo tienes que abrir y cerrar el micrófono cuando yo te diga.
No te pasará nada Ercilio.
Permanecieron allí por espacio de dos horas difundiendo consignas contra el comunismo y llamando a huelga del comercio. Como estaba planificado, no difundieron una sola consigna contra el Gobierno. Cuando tenían más de una hora en esa tarea, Reyes Cerda comenzó a sentirse afectado de ronquera. En el momento en que ya no podía seguir hablando, se presentó al estudio Pablo Garrido, un joven locutor desafecto a Bosch, quien tomó el micrófono en su lugar.
La policía no se presentó en la emisora hasta aproximadamente las ocho de la mañana, más de dos horas después de que Fiallo y Reyes Cerda la tomaran por la fuerza. Pero antes de que los agentes llegaran, les llamó Poncio Pou Saleta para informarles que las autoridades habían silenciado la emisora, cortando el suministro de energía eléctrica en la torre de transmisión. Si querían continuar en su labor, podían ir a la emisora de su propiedad, Radio Pueblo.
Pou era un sobreviviente de la expedición que en 1959 trató de derrocar a Trujillo. Gozaba de mucho prestigio en los medios opositores al Gobierno. Su emisora de radio funcionaba en la zona intramuros, en el barrio San Miguel, de la ciudad colonial, hacia donde de inmediato se dirigieron Fiallo y Reyes Cerda, ahora acompañados del joven Pablo Garrido. Allí les detuvo la policía poco después, poniendo fin a la transmisión. Un aviso previo les puso en alerta sobre la llegada de los agentes. Pero sólo Fiallo consiguió escapar, bajando del segundo piso por el patio de una casa contigua.
Sin embargo, para todos los efectos, la labor de estos tres hombres estaba hecha. Al día siguiente la prensa matutina resaltaría el éxito del paro contra “el comunismo”. El Listín Diario, un antiguo periódico que había reaparecido el primero de agosto después de varias décadas de ausencia por problemas con el régimen de Trujillo, informó que la paralización tuvo éxito en un 95 por ciento del comercio de Santo Domingo.
Reyes Cerda y Garrido fueron conducidos ante la presencia del jefe de la Policía. El general Belisario Peguero Guerrero, les dijo:
– Ustedes están presos por órdenes de Bosch – , pero los despachó esa misma noche.
En momentos en que Reyes Cerda, Garrido y Fiallo llamaban a la huelga, Enrique Alfau, de 66 años, se detuvo frente a la casa de su hijo, Enrique Miguel Alfau (Cuqui), ingeniero de 37 años, y le silbó una contraseña. Cuqui estaba bañándose. Se cambió rápidamente de ropas y acudió al encuentro de su padre. Alfau quería que le acompañara a una misión.
Cuqui compartía los sentimientos anti-boschista de su padre. Era un hombre de principios que actuaba conforma a su creencias. Como no compartía la política de Bosch, renunció, sin otros motivos, a un cargo importante en el Ministerio de Obras Públicas. Ahora se ocupaba de una ampliación del departamento de Ingeniería del Central Romana, la empresa azucarera norteamericana a la que Bosch había acusado antes de querer derrocar al Gobierno, en represalia por la promulgación de una ley de precio tope del azúcar.
Alfau le pidió a su hijo que tomara la precaución de ir armado. Cuqui tomó entonces una escopeta calibre 16 de cinco tiros y un revólver 38 con dos cajas de balas. Sólo disponía de permiso legal para el porte de la escopeta. Alfau lo condujo a su casa, donde ya había mucha gente esperándole con impaciencia. Encima de un sofá Cuqui puso observar varias armas y cajas de tiros sobre una mesa. En la excitación, puso reconocer a varios dirigentes y simpatizantes de ADI, entre ellos a Julio Sauri, Papito Dalmau, Horacio Alvarez Saviñón y su hijo Horacio.
Poco después de las diez de la mañana, se presentó Máximo Fiallo a la casa. Venía de acabar la transmisión en La Voz del Trópico primero y Radio Pueblo después. Fiallo instaló un pequeño transmisor portátil y todo quedó preparado para una nueva transmisión, esta vez en frecuencia de radio aficionado. Fiallo hizo la primera alocución de prueba y le siguió Alfau, a quien se le ocurrió la idea de lanzar consignas falsas: “Atención grupo uno, esperen instrucciones”.
Al rato de haber iniciado la transmisión, fueron advertidos mediante una llamada telefónica de que la residencia sería allanada. Los directivos de ADI habían podido observar momentos antes a un vehículo celular de la policía, matrícula 1215, dando vueltas por los alrededores. El llamado de aviso, dispersó al grupo. Cuqui Alfau logró huir dejando la escopeta que tenía permiso legal en la casa. Dentro de su maletín portaba el revólver calibre 38, que llevó a la residencia de Dalmau.
Entre tanto, la policía detenía a Enrique Alfau. Cuando los directivos de ADI llegaron a la jefatura del cuerpo para reclamar su libertad, se estaban allí preparando para llevarle ante el Fiscal Manuel Ramón Morel Cerda, quien más tarde ese día lo acusó de portar una escopeta ilegalmente. Cuqui extrajo de sus bolsillos el permiso legal del arma y el fiscal no tuvo más remedio que ordenar su puesta en libertad. Enrique Alfau sería nuevamente detenido al día siguiente, sábado 21 de septiembre, por sospechas de actividades conspirativas. Una fianza esa misma tarde logró ponerle otra vez en libertad, por segunda ocasión en dos días.
Después que allanaron la residencia de Alfau, el viernes 20, Fiallo instaló el transmisor portátil en su automóvil, utilizando otra banda de aficionados. Lo puso a funcionar cambiando cada cinco o diez minutos de lugar, moviéndose por toda la ciudad, colocando una antena y cambiando de posición y de frecuencia, para evitar una localización de las coordenadas. En la calle Pasteur, en el sector residencial de Gazcue, subió al techo de una casa deshabitada, para continuar desde allí la transmisión. De pronto resbaló cayendo encima de un gallinero.
Cuando la paralización comenzó a tener éxito y las exhortaciones radiales se hallaban en su punto más alto, Washington de Peña fue en busca de José Francisco Peña Gómez, secretario general del PRD, para dirigirse juntos a casa de Bosch. De Peña, de 27 años, había ocupado la secretaría general del partido hasta marzo, cuando serios desacuerdos con Bosch provocaron su renuncia. El Presidente le había comunicado su decisión de convertir los locales del PRD en escuelas y bibliotecas. El le dijo entonces que lo declararía en actividad permanente para reclamarle al Gobierno cargos para sus dirigentes y militantes. Bosch le reto a hacerlo y del conflicto Peña Gómez pasó a reemplazarle en la secretaría general. Sus relaciones con Bosch empeoraron, a pesar de los estrechos vínculos que unían a su madre, Esperanza de Peña, con el mandatario. Debido a la intervención de la dama, Bosch aceptó reunirse de nuevo con De Peña a quien ofreció enviarle como embajador viajero en misión por Africa. Informado por Peña Gómez de los problemas políticos del Gobierno, regresó a comienzos de septiembre, sin haber cumplido la misión que se la había encomendado por países africanos, ninguno de los cuales llegó a visitar. De Peña era médico de profesión y estaba considerando seriamente en esos días echar a un lado la política y dedicarse de nuevo al ejercicio de la medicina.
Washington de Peña y Peña Gómez encontraron a Bosch reunido con los secretarios Abraham Jaar, de la Presidencia, y Jacobo Majluta, de Finanzas, cuando llegaron a su residencia. Fabio Herrera, viceministro de la Presidencia, esperaba en la sala por instrucciones del Presidente. El coronel Julio Amado Calderón Fernández, jefe de los ayudante militares del mandatario, estaba ocupado en otros asuntos de la seguridad.
La ausencia en este momento crucial de Angel Miolán, quien poseía el verdadero control de la maquinaria partidaria, era una muestra elocuente del distanciamiento. Miolán había dejado de visitar hacía tiempo la casa de Bosch y tampoco iba al Palacio Nacional. El ambiente en la casa presidencial era tenso. Reinaba una atmósfera agobiante, acentuada por el creciente nerviosismo que parecía dominar a los que allí discutían la suerte del Gobierno.
Washington de Peña casi le gritó a Bosch que debía tomar una decisión y permitir que él y Peña Gómez acudieran a la radiotelevisora oficial a combatir, con los mismos medios, la subversión contra el Gobierno. Majluta estuvo de acuerdo y dijo que debían poner en su sitio a la gente que conspira.
– ¡Esto (el paro del comercio y la agitación radial) es un crimen contra la República! – dijo Washington de Peña sin poder casi controlarse.
Después de una acalorada y larga discusión, parecieron llegar a un acuerdo. Majluta tomó un pedazo de papel en blanco y escribió una extensa lista de nombres en él y lo pasó a sus compañeros De Peña y Peña Gómez. Bosch llamó a Julio César Martínez, director de la radiotelevisora estatal, y lo instruyó para que se habilitara una cabina de transmisión a los dos dirigentes del PRD.
– ¡Hay que defender al Gobierno constitucional! – le dijo.
Con una lista de unos 60 comerciantes extranjeros, en su mayoría árabes y españoles que Majluta, ministro de Finanzas, había escrito de memoria, Washington de Peña y el secretario general del PRD salieron rápidamente en el automóvil del primero en dirección a la emisora con la idea “de ponerse cada uno al frente de un micrófono y empezar a defender al Gobierno y a atacar a sus enemigos”.
Martínez les vio entrar, fue a su encuentro y sin un previo saludo, les dijo a ambos:
– ¡Que pendejos son ustedes! ¿Cómo pudieron llegar a pensar que Juan Bosch iba a entrar en una cosa como esa? – y agregó que el Presidente lo había llamado de nuevo para echar hacia atrás la orden.
Desilusionados, los dos dirigentes del PRD regresaron a casa de Bosch a toda prisa. Pero esta vez no pudieron verlo. Se les diría que el Presidente estaba muy ocupado atendiendo otros asuntos.
Cotejando todas las entrevistas realizadas a personas que fueron ese día testigos de este incidente, se pudo determinar que mientras los dos dirigentes se trasladaban a toda velocidad a la estación de radio y televisión, el viceministro Herrera convenció a Bosch de que el plan era “una locura” y que resultaría “contraproducente” para el Gobierno. Majluta había elaborado la lista sentado a la mesa del comedor, teniendo a Bosch a su lado. El plan era denunciar la participación de esos comerciantes extranjeros en la “conspiración que estaba en marcha” para justificar su inmediata deportación. El grupo sería sacado del país en un avión militar.
Herrera dijo al autor que días después de consumado el golpe del 25 de septiembre, un alto jefe militar le comentó que él, con su actitud, había alargado varios días la vida del Gobierno. La deportación, quiso decirle, hubiera precipitado el derrocamiento del presidente.
Los matutinos del domingo 22 de septiembre, se hicieron eco de versiones de que existía la posibilidad de una deportación masiva de comerciantes extranjeros. “Los rumores de una posible deportación de comerciantes extranjeros que se solidarizaron con el cierre, no pudieron ser confirmados”, conjeturó El Caribe. “Se señaló que esa medida fue solicitada al Gobierno por las organizaciones de izquierda contra quienes, aparentemente, se había originado la protesta huelguística”.
De todas maneras, el Gobierno reaccionó con energía al paro del comercio. Utilizando varios recursos obtuvo el cierre de emisoras que habían estado formulando exhortaciones al paro de actividades comerciales. A varias de ellas se les cortó el suministro de energía eléctrica. La compañía estatal de electricidad aprovechó el hecho de que algunas afectadas estaban atrasadas en el pago del servicio.
Los periódicos y las estaciones de radio se llenaron pronto de comunicados y declaraciones de apoyo al paro, por un lado, y de repudio al cierre, por el otro. El PRD, el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC) y el Catorce de Junio denunciaron la paralización como un intento de derrocar al régimen constitucional. Las Fuerzas Armadas emitieron una declaración enérgica de respaldo irrestricto al Presidente y al orden constitucional. En una nota de primera página de la edición del domingo 22, El Caribe resaltaba que este apoyo militar, a juicio de “observadores”, constituía una clara señal de que el movimiento no estaba “vinculado con un golpe de estado”.
Organizaciones de izquierda salieron en defensa del régimen, calificando, sin embargo, el cierre de actividades del viernes 20 como parte de un plan subversivo, pidiendo sanciones severas contra los responsables. El Catorce de Junio aseguraba que los comerciantes que cerraron sus negocios atendiendo a las incitaciones radiales habían violado la Constitución, por lo cual se hacían pasibles de acciones legales. Por su parte, el denominado Comité Cívico Anti-comunista, responsable de la huelga, explicó que su objetivo no era derrocar al Gobierno, sino llevar a cabo una protesta contra la creciente infiltración comunista. “El Gobierno ha dado en esta ocasión pruebas manifiestas de que sólo es activo para acallar la voz de la fe y de las tradicionales espirituales del pueblo dominicano”, alegaba en un comunicado de prensa.
El Gobierno se resintió por los efectos de un artículo del ex-presidente Balaguer, publicado en los periódicos de ese día, titulado “Las tres comidas calientes”. Tratábase de una crítica a la política económica que tocaba uno de los nervios más sensibles de la crisis. Balaguer consideraba la situación del país más difícil cada día y decía que la ayuda recibida en el país en los dos últimos años no guardaba proporción con las calamidades existentes. Censuraba los proyectos de leyes de confiscación y de plusvalía y afirmaba que el Gobierno debía cambiar de orientación. El imperativo consistía en “no hacer justicia social para repartir rencor, sino hacer justicia social para difundir y para propagar riquezas”.
Este artículo había sido escrito por Balaguer, desde su exilio en Nueva York, días antes del paro de actividades del comercio y sin contar, probablemente, con informaciones previas del mismo. Su propósito podía ser otro, pero la coincidencia de su publicación con el cierre de negocios encolerizó al Gobierno que denunció, por distintas vías, una presunta vinculación entre las fuerzas trujillistas que aquel representaba y los grupos de la extrema derecha que habían incitado a la subversión del orden. Bosch haría luego mención de este artículo de Balaguer en su libro (Crisis de la Democracia).
Parecía que todo se le venía encima al Gobierno, puesto que los trabajadores de la Azucarera Haina, el ingenio más grande del país, se proponían realizar una huelga el lunes siguiente, 23 de septiembre. Si esta huelga se daba, la posibilidad de que el comercio cerrara nuevamente sus puertas casi resultaba un hecho. En el fin de semana, todos los esfuerzos se concentraron en evitar que esta protesta laboral se diera.
El sábado, sin embargo, un comunicado, de los muchos publicados ese día en apoyo y repudio al paro del comercio, preocupó grandemente a las altas esferas palaciegas. La Asociación de Industrias, si bien negaba en el documento haber tenido participación en la preparación del paro patronal – así lo llamaba -, anunciaba que la cooperación de los industriales al éxito del mismo se debía a su exclusiva voluntad “como un desesperado repudio a la creciente infiltración comunista en el país”. Esa infiltración, decía, que “el Gobierno se obstina en ignorar”.
La asociación de industriales no hacía mención alguna de la toma violenta de emisoras de radio para difundir proclamas en favor del paro. En cambio, señalaba: “Al repudiar y condenar, en forma responsable, los insultantes, soeces y difamatorios pronunciamientos realizados por Radio Santo Domingo (la emisora estatal), contra los industriales y comerciantes que intervinieron en el paro, esta Asociación ha visto además con profunda indignación que dicha radio oficial, haya también transmitido la alocución de un conocido líder comunista, el cual, con notoria indiferencia gubernamental, ha venido pronunciando una serie de conferencias de adoctrinamiento marxista-leninista, dictadas, la mayor parte de ellas, en los locales de las gobernaciones y ayuntamientos”. Ese líder comunista era Manolo Tavárez, del Catorce de Junio.
El comunicado más que un respaldo al cierre del comercio del día anterior, constituía una abierta declaración de rompimiento de todo vínculo con el Gobierno. Bosch debía saber que no podría esperar en lo adelante apoyo de este importante sector en la eventualidad de otra crisis política. Sin duda, el país marchaba directo hacia una definición. Pero el Gobierno no tenía razones para pensar que un desenlace estuviera próximo. De todas formas, aún en medio de la situación crítica por la que atravesaba, el apoyo firme de los mandos militares era un fuerte sostén en donde apoyarse. Eso creía Bosch.
La nación parecía muy dividida. Mientras el Catorce de Junio llamaba a una defensa de la constitucionalidad e instaba al Gobierno a adoptar “medidas enérgicas contra los que están violando nuestras leyes y atentando contra la seguridad y la paz pública” y de paso le pedía abandonar su política de “tolerancia con los enemigos del pueblo”, los diarios publicaban editoriales condenando el cierre de estaciones de radio y televisión.
Un comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas Profesionales uniéndose a esas protestas, consternó las esferas oficiales. El documento demandaba la rectificación de la medida contra la prensa, advirtiendo que de prolongarse la situación, el Gobierno se pondría “al margen de la democracia y la constitucionalidad”. En particular este documento resaltaba la profundidad de los problemas que encaraba el Gobierno porque entre los firmantes figuraba gente que en lo habitual simpatizaba con Bosch y estaba de acuerdo con la política de éste.
Bosch, que apenas finalizaba su séptimo mes en el poder, se hallaba virtualmente arrinconado. Una crisis político-militar con Haití sellaría su suerte.
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