Afirma que la ruta legal y objetiva de sus honorarios está documentada
SANTO DOMINGO, República Dominicana. El abogado Conrado Pittaluga Arzeno, involucrado en el caso Odebrecht, definió como absurdo, fuera de toda lógica y razonabilidad, su inclusión en el proceso y dijo contar con pruebas contundentes que desmontan las imputaciones que se le han hecho.
El profesional del derecho afirmó que su vínculo con el consorcio Moya- Odebrecht, Autovía del Coral, consistió en la prestación de una asesoría legal que viabilizó un contrato, validado por el Ministerio de Hacienda, otros organismos públicos y aprobado por el Congreso Nacional, para el desarrollo de una infraestructura vial importante para el paÍs.
Sostiene que su patrimonio está acorde con 35 años de ejercicio del derecho y que su involucramiento en el caso Odebrecht está fuera de toda lógica y razonabilidad, por lo cual espera que –en buen derecho- se le dicte un auto de no ha lugar.
“Era una obra que tuvo estancada por 8 años a causa de la falta de financiamiento y que luego de una cesión voluntaria de contrato del Grupo Moya a Autopista del Coral, S.A., formada en sociedad con Odebrecht, pudo arrancar y en esto jugó un papel importante nuestra consultoría, tal y como ha sido reconocido,” comentó Pittaluga.
Deploró el morbo que se ha construido con el cobro de sus servicios legales, equivalentes al 1.25% del contrato de la obra, un parámetro mundial que no contraviene ley alguna en República Dominicana.
“Depositamos ante el tribunal documentaciones de reconocidas firmas internacionales, con registros en el Ministerio de Hacienda, que estiman entre 1.25% y el 2% el componente de gastos legales relacionados con la obra,” destacó.
Durante una entrevista concedida a la destacada periodista Alicia Ortega, Pittaluga aseveró que carece de veracidad la especie de que los honorarios cobrados a la empresa constructora constituyen una operación de lavado o que forman parte de sobornos distribuidos por Odebrecht.
Afirmó que la ruta objetiva de los fondos demuestra -y para eso cuenta con pruebas documentales- que el 90% de los mismos están invertidos en eurobonos, con vencimiento hasta en 2042, registrados como activos suyos. “¿Qué soborno es este entonces? ¿Es soborno fiao, a largo plazo? Es ilógico,” apuntó.
Subrayó que todas las operaciones y movimientos del resto de los recursos provenientes de los honorarios recibidos están debidamente documentados y en manos del juez Francisco Ortega, quien instruye el caso en la Suprema Corte de Justicia.
“Yo no soy testaferro de nadie, no he sido funcionario público ni he manejado fondos públicos; mi patrimonio se justifica en un dilatado ejercicio profesional de 35 años participando en casos importantes,” argumentó.
Sostuvo que, en buen derecho y tomando en cuenta la fuerza de las pruebas, lo esperable es un no ha lugar en lo que a él concierne. La barra de la defensa de Pittaluga está compuesta por los abogados Eric Raful, Edward Veras, Santiago Rodríguez, Carlos Pérez, Manuel Rodríguez, Joaquín Zapata y Conrad Manuel Pittaluga Vicioso.
