Por Pablo Vicente.-Hoy en día los partidos políticos asumen un papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia y por lo tanto juegan o deberían jugar un rol mucho más activo en la definición e incidencia de las políticas públicas.
Los partidos políticos son indispensables para garantizar la pluralidad democrática y ser portavoces de las necesidades ciudadanas, Giovanni Sartori sostiene que un partido es “cualquier grupo político reconocido oficialmente que participa en las elecciones y que es capaz de postular candidatos para cargos públicos a través de las elecciones”.
Sin embargo el mismo Sartori (2002) sostiene que además de la clásica, es decir, postular candidatos para las elecciones, los partidos participan en la articulación y representación de intereses, en la movilización y socialización de los ciudadanos, en la formación de gobiernos, así como, en la formulación de políticas públicas¨ en ese sentido en lo que tiene que ver con la definición de políticas públicas no siempre están vinculadas a las acciones del partido, es decir una cosa es desde el gobierno y otra desde la oposición, por lo que se requiere un proceso articulador entre la gestión política y la gestión de gobierno.
En tal sentido y reconociendo que es desde los partidos políticos que se llega a posiciones de poder en el que se puede implementar e incidir en la formulación de esas políticas públicas que en muchos casos son reflejadas en programas de gobierno, pero que se pierde de vista al momento de implementar políticas públicas en el ámbito de lo estatal. El programa de cada partido debería ser un compromiso, un contrato con los votantes que lo respalden.
Existen diversas formas en que el Estado regula la vida partidaria. El financiamiento y la selección de candidatos son las más comunes pero no es lo único, también, puede haber otro tipo de reglamentaciones que inciden decisivamente en la actividad de los partidos. Por ejemplo, los requisitos con que se otorga la personería jurídica o se aceptan las postulaciones de los candidatos, el nombre del partido, las cuotas de género en los cargos, la participación de jóvenes, las fechas de elecciones internas y generales, líneas de capacitación etc. Además de esas atribuciones sería bueno preguntarse. ¿Qué pasa con las propuestas programáticas?, ¿Cuál es el rol de los partidos políticos para garantizar el cumplimiento de la agenda que prometen a sus electores? ¿Existe una vinculación de los partidos con la sociedad? ¿Hasta dónde son responsables los partidos de la insatisfacción ciudadana con respecto a la forma en que los partidos interpretan su compromiso representativo? En realidad hay preguntas que no tienen una repuesta única y que debería ser motivo de preocupación y debate sobre el rol a juzgar por los partidos políticos que trascienda el elemento electoral.
De ahí la necesidad de repensar el rol a desempeñar por los partidos políticos en relación a las políticas públicas entendiendo esta como las acciones o inacciones del Estado para solucionar ciertos problemas públicos. En tal sentido los partidos políticos como gente de intermediación entre el Estado y la sociedad pueden aportar bastante al momento de definición de políticas públicas que impacte de manera positiva a la sociedad como receptora de esa política.
En los procesos políticos y sobre todo en momento de campaña electoral los partidos políticos realizan acciones con mira a ganarse la simpatía del electorado y por lo tanto hacen promesas que en muchos casos se desvinculan a la hora de tomar el control en la ejecución y definición de políticas públicas.
Es necesario que los partidos políticos asuman un rol de intermediación entre el Estado y la sociedad, un interlocutor clave para que las problemáticas de la ciudadanía puedan convertirse en políticas públicas que los partidos impulsen como actores claves en un estado social, democrático y de derecho.
Los partidos políticos no solo son maquinarias electorales que se activan en procesos de campañas políticas, son también actores claves que pueden contribuir a la solución de problemas y sobre todo a la construcción de ciudadanía.
El autor es Dominicano, Abogado. Gestor Social. Presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) y de la Red Latinoamericana para el Desarrollo Democrático (REDLADD).
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