Los voluminosos recursos que acumula la Tesorería de la Seguridad Social se han convertido en el manjar que aspiran a degustar numerosos sectores de la economía dominicana, ya el Estado ha metido sus narices, por ejemplo, con la construcción de la ciudad Juan Bosch, lo que permite al gobierno y al sector privado emplear a la ley sobre fiducia como mecanismo legal para invertir los recursos de la seguridad social para obtener dividendos políticos el uno y resultados económicos el otro, al tiempo que se presenta ante su electorado como un benefactor con base al dinero de los asegurados.
De modo que no solo las aseguradoras de riesgos de salud, las aseguradoras de riesgos laborales y las aseguradoras de fondos de pensiones, gustan del suculento plato que constituyen los ingresos aportados por las fuerzas laborales del país; de otra parte, el sector turismo hace buen rato que está orientando su mirada de hambriento a hacia dichos fondos.
De ser así, la inversión en turismo ya no vendrá más desde afuera como era su objeto primero sino desde dentro, claro, Playa Dorada como proyecto fue fruto de inversión interna del Estado y el sector privado la satanizó cuando quiso apropiarse de ese sector, ahora busca hacerse con los depósitos de los asegurados.
En el propio sector hotelero, la salubridad es el elemento estabilizador por excelencia. Este puede contribuir más que el destino de los recursos sanitarios del sector a reinversiones que no harían más que dañar el programa de inversión de divisas en el sector, pues se estarían tomando recursos que requiere para mejor la salubridad en inversiones que pueden venir de allende los mares.
Nada de lo anterior tendría objeción, si por ejemplo, la seguridad social nacional hubiese ya cumplido sus metadas, pero resulta que está lejos de lograrlo, toda vez que una forma adecuada de medir sus resultados es, si por ejemplo, ya el país contase con cobertura universal de salud, o si cuando menos contásemos con atención primaria.
En ambos supuestos, el paso siguiente consistiría en medir la calidad tanto de la cobertura universal como de la atención primaria. De ahí que no existiendo ni el uno ni el otro, cabe preguntarse ¿por qué estamos hablando de invertir los fondos de la seguridad social, de los fondos de salud, de los fondos de pensiones y los de riesgos laborales, en la construcción y el turismo? Por solo citar dos renglones que se están disputando esos recursos.
Estos planteamientos evidencian que la seguridad social del país no se centra en la persona sino en los resultados económicos de la misma. Entonces es cuando se generan luchas solapada y abierta por el control y la disposición de esos fondos. Mientras en República Dominicana ocurre esto, otras naciones del área avanzan en la cobertura universal y en la atención primaria y, además, ya son capaces de medir los resultados obtenidos en ambos renglones.
Por ejemplo, en el Salvador han centrado la acción de la política pública en materia de salud, en un programa que han denominado “salud comunitaria” y los resultaos de esta política pública ya son medibles, cuantificables y objeto de análisis con miras a su posible uso como proyecto modélico en otros países del área.
De su lado, el Brasil, con todo y el empuje neoliberal que trata de hacer perecer el proceso democrático del gigante del Sur, se sigue con éxito el programa “salud para la familia”, por tanto, el gigante del Sur y el pulgarcito de América, luego de haber trabajado duro en la consecución de sus respectivas cobertura universal, trabajan en sus respectivas políticas de atención primaria y ya son objeto de estudio con base a resultados plausibles.
En sendos casos, se ha partido de las mismas premisas: programas con escasez de recursos, pero centrados en la persona del asegurado, uno desde la perspectiva de la comunidad y el otro desde la perspectiva de la familia. Así persona humana, familia y comunidad, actúan como un conjunto cuyo objeto es mostrar los resultados de programas que avanzan hacia la cobertura universal de salud, desde la atención primaria. O, como lo ha dicho el ONPECO por estos días de boca de su presidenta ciudadana Altagracia Paulino, se debe trabajar por cobertura de salud desde la cuna hasta la tumba. En igual sentido, va la propuesta programática de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Mientras eso ocurre, entre nosotros, las políticas públicas de la seguridad social criolla, se ha centrado en la captación y concentración de los recursos de la seguridad social, para las ARS, las ARL y las AFP. Una vez creada una cuantiosa masa económica, se pasa ahora a hablar de la diversificación de la inversión de los recursos obtenidos, y bajo control del mercado financiero, hacía sectores ajenos al objeto constitucional de destino de esos recursos. Hay pues en ello, violación a los objetivos programáticos de la Constitución de parte de los sujetos deudores frente al pueblo en materia de salud y de seguridad social.
En el lenguaje de Peter Drucker, nos encontramos ante una forma corrompida del uso de unos fondos que, en primera instancia, están destinados a un objeto diferente al que se le está dando y al que se le pretende dar en el futuro cercano. Estamos ante un Estado despilfarrador y un sector privado voraz que obligará al movimiento social a actuar para reivindicar derechos ciudadanos conculcados.
El desenlace de esta situación es único, la clase de los asegurados está condenada a conformar movimientos sociales de tal impacto, que sean capaces de revertir este proceso y hacer que el gobierno, en tanto y cuanto garante de los derechos fundamentales, en tanto sujeto obligado y deudor de programas sociales tangibles, entienda que el Derecho Administrativo de Regulador que ha nacido en el seno del estado social y democrático de derecho que nos rige, le obliga a destinar esos recursos al objeto para el cual fueron creados y, luego, el excedente de estos, si podría tener un destino diferente. DLH-8-10-2018
