Las realidades de Latinoamérica muestran marcos legislativos disímiles en los diferentes niveles del Estado, suele haber inconsistencias en las normativas municipales, provinciales y federales que repercuten en la planificación del tendido de redes de telecomunicaciones. La falta de coherencia entre esas demandas genera a los operadores demoras y dificultades en el despliegue de infraestructura.
BUENOS AIRES, 18 de octubre de 2018.- La conectividad por medio de banda ancha móvil forma parte de una oportunidad para que los diferentes países de América Latina puedan alcanzar mayor desarrollo desde el punto de vista económico y social, consiguiendo así mayores beneficios para los pobladores. Para ello es necesario poder extender su cobertura, a partir del esfuerzo de inversión realizado por los operadores para poder llevar sus servicios a la mayor parte de los ciudadanos.
Sin embargo, cuando la industria de telecomunicaciones busca cumplir las metas de cobertura de infraestructura se encuentra con distintas normativas en los países de América Latina que suelen presentar inconsistencias y contradicciones, que se transforman en restricciones para ampliar y desarrollar redes que permitan alcanzar a toda la población. Así lo refleja la nueva versión del reporte: Adopción Digital en Latinoamérica: el rol del despliegue de infraestructura y otras políticas en la región, publicado por 5G Americas.
“El documento remarca la necesidad de un trabajo conjunto entre las autoridades del Estado y la industria de las telecomunicaciones al momento de pensar las normas para el despliegue de infraestructura. Un trabajo colaborativo es necesario para que estas reglas sean coherentes y atiendan las necesidades de todos los involucrados”, detalló José Otero, director de 5G Americas para América Latina y el Caribe.
En el documento se describe la normativa vigente en lo que refiere al tendido de infraestructura para 9 mercados de la región, la nueva versión actualiza a los cambios sucedidos en los mercados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá y Perú, pero además añade a Costa Rica y Ecuador. Entre los puntos que se revisan están los límites de emisiones no ionizantes –en atención a las recomendaciones de la International Commission on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)–, el potencial impacto en el entorno urbano, y la existencia de distintos procedimientos y autoridades gubernamentales en la materia.
El reporte considera en este último punto las condiciones con las que cuentan los municipios, más allá de las legislaciones nacionales, estatales y provinciales. Destaca que existen casos donde la normativa municipal no se condice con las exigencias legales nacionales o provinciales. También se remarcan aquellos mercados donde existen regulaciones de alcance nacional que trabajan sobre una coordinación de las demandas en todo el territorio.
“Se debe tener en cuenta que existe una gran cantidad de entidades administrativas locales, o municipios, en cada uno de los países. Éstas pueden llegar a miles en los mercados más extensos. Asimismo, debido a los proceso de conformación de los Estados latinoamericanos, muchas de ellas cuentan con reglas propias que son disímiles a las nacionales, situación que aumenta las trabas al momento de desplegar las redes, volviendo los procesos burocráticos lentos y, en ocasiones, llevándolos a instancias judiciales. Esta situación se traduce en retrasos al momento de despliegue de las redes de los operadores, lo que significa mayores demoras en el despliegue de nuevas tecnologías”, detalló Otero.
Las dificultades para desplegar infraestructura se presentan como un escollo para los habitantes que día a día consumen mayor cantidad de banda ancha móvil. Distintos organismos avizoran un aumento en el consumo de datos producto de la madurez LTE, la creciente adopción de Internet de la Cosas (IoT), el desarrollo de IMT-2020 o 5G, y las denominadas celdas pequeñas (small cells).
En sus conclusiones, el documento remarca la necesidad de un trabajo conjunto entre los Gobiernos y los operadores para conseguir soluciones, mejorar las prácticas en lo que refiere al despliegue de infraestructura a partir de un consenso entre ambos. Se destaca también que a nivel nacional se deben generar reglas de alcance común, sustentadas en procedimientos definidos de manera clara, precisa y estandarizada. También que es importante que existan plazos acotados, definidos y que consideren la aceptación automática (como el denominado “silencio administrativo positivo”).
El documento también hace hincapié en la importancia de desplegar reglas para estimular las prácticas de uso compartido de infraestructura. En ese sentido, se sugieren que se promulguen los acuerdos voluntarios en condiciones recíprocas, donde se considere la voluntad de las partes y la libertad contractual. También se remarca la importancia de que este tipo de acuerdos se enmarquen en la factibilidad técnica, económica, operativa y legal, se sugiere que en lo posible se evite la intervención de las autoridades regulatorias.
“El esfuerzo conjunto de los sectores público y privado serán necesarios para que se pueda alcanzar la adopción digital en América Latina. Este trabajo debe estar enmarcado en una política de Estado con legislaciones claras, que incentívenla inversión y se reconozca a las telecomunicaciones como un eje primordial en la evolución económica y social”, apuntó Otero. Quien remarcó que “Los servicios móviles sólo se pueden brindar en aquellos lugares donde existe infraestructura”. El reporte Adopción Digital en Latinoamérica: el rol del despliegue de infraestructura y otras políticas en la región de 5G Americas puede ser descargado aquí.
