Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), corrobora que la postura que hemos sostenido sobre la lucha contra la corrupción ha sido la más apegaba a la búsqueda del bien común, y de la sanción efectiva de cualquier crímen contra el erario.
Se titula “Efectos de la corrupción en los contratos de asociaciones público-privadas. Consecuencias de un enfoque de tolerancia cero”, elaborado por Roberto de Michele, Senior en Transparencia, Integridad y Anticorrupción”.
Las reflexiones básicas del estudio son dos:
1-Los enfoques de “tolerancia cero” que piden anular los contratos de asociación público-privada afectados por la corrupción generan más efectos negativos a la economía y al erario público que otras medidas “flexibles y proporcionales”, apunta un informe del BID.
2-Entre otras medidas alternativas a la “tolerancia cero”, el informe sugiere incorporar remedios que permitan continuar con los proyectos “mientras se aplican medidas correctivas y disuasorias como multas, inhabilitaciones futuras o reemplazo de subcontratistas”.
La pretensión no es la dejar impune los actos de corrupción que afecten los contratos públicos-privados, sino la de aislar el problema de manera su enfrentamiento impacte lo menos posible la actividad económica.
Como ejemplo de un manejo catastrófico se cita el decreto anti Odebrecht del expresidente peruano, Pedro Pablo Kucyznski, quien decretó la muerte civil de esa empresa en una acción que en su momento fue aplaudida y comentada muy favorablemente por activista del movimiento anticorrupción que se levantó en la República Dominicana a partir de los escándalos de Odebrecht:
“En Perú, el Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) aprobó en febrero de 2017 el denominado popularmente decreto “Antiodrebrecht” en medio del escándalo suscitado por las revelaciones de Marcelo Odebrecht sobre los millonarios sobornos pagados por su constructora a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse grandes contratos en obras públicas.
“El decreto ordenó la intervención de cuentas, prohibió contrataciones estatales y controló de forma tajante la venta o transferencias de bienes y capitales de empresas que hubieran confesado actos de corrupción o que fueran culpables de ese delito.
“Esa norma, que fue reformada un año más tarde, fue duramente criticada por gremios empresariales, laborales y por la propia empresa Odebrecht, ya que impedía el pago a proveedores y subcontratistas y la liquidación de bienes para afrontar pagos de deudas y créditos bancarios.
“En la práctica, la normativa, que también se aplicó a otras empresas constructoras implicadas en actos de corrupción, llevó a la paralización de la obra pública y la financiación debido a la interrupción de la cadena de pagos”.
De haber seguido un camino similar, en la República Dominicana, se hubiesen complacido tres reclamos de los que quisieron aprovechar la coyuntura para provocar un colapso político: 1-Cancelación de todos los contratos de Odebrecht; 2-Paralización de las termoeléctricas de Punta Catalina; y, 3-Juicio político contra el presidente Danilo Medina.
En cambio, se hizo lo que ahora recomienda el BID, procurar herramientas más proporcionales, que incluyan sanciones, pero que habiliten la continuación de las obras.
De lo contrario, Punta Catalina, que ya ha iniciado los calentamientos de pruebas para empezar a beneficiar a la industria eléctrica con oferta de generación más económica y menos nociva al medioambiente, estuviera convertida en un parque de chatarras, esperando que pasaran años para darles continuidad a un costo dos a tres veces mayor que el que ha tenido sin interrumpir su construcción, mientras la estabilidad política y económica del país anduvieran a la deriva.
