Rubén Jiménez Bichara dijo que la planta bajará las pérdidas, abastecerá al sistema, reducirá el déficit financiero, cubrirá la demanda y reducirá dependencia del petróleo.
SANTO DOMINGO. El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, informó este viernes que para lograr la mejora del servicio eléctrico dominicano es necesario superar cinco desafíos: las altas pérdidas de energía, el incompleto abastecimiento, el déficit financiero, la demanda creciente y la alta dependencia de derivados del petróleo como combustibles de generación.
El funcionario aseguró que la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) tiene la característica de que con su entrada al sistema incidirá de manera directa en esos cinco desafíos, lo cual la hace imprescindible para el proceso de mejora del sistema eléctrico nacional.
Señaló que para enfrentar esa situación el Gobierno ha desarrollado diversas estrategias, algunas en coordinación con el sector privado, tendentes a aumentar la oferta de generación, rehabilitar las redes eléctricas y procurar la compra de energía a más bajo costo.
Sin embargo, destacó que la construcción de Punta Catalina incide simultáneamente en esos cinco desafíos del sector eléctrico nacional.
Jiménez Bichara ofreció detalles sobre esos atributos de la planta al dictar la conferencia “Estrategias de mejora al servicio eléctrico dominicano: Proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina”, en una actividad organizada por el Ministerio de Administración Pública en el hotel Crowne Plaza de esta capital.
El titular de la CDEEE dijo que a partir del próximo año Punta Catalina adicionará al sistema 752 megavatios brutos de electricidad con un costo reducido de entre 7.5 y 8 centavos de dólar el kilovatio/hora.
“Esto quiere decir que ese aporte contribuirá a reducir las pérdidas de energía, al tiempo que permitirá aumentar el abastecimiento que actualmente promedia el 86% de la demanda, además de que contribuirá con la reducción del déficit financiero de las distribuidoras Edenorte, Edesur y EdeEste”, expresó Jiménez Bichara.
Agregó que la entrada de Punta Catalina al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) también implicará un aporte para enfrentar la demanda creciente de energía y por tratarse de una planta que operará con carbón mineral, reducirá significativamente la dependencia de los derivados del petróleo como combustible de generación.
“Como se puede observar, Punta Catalina incidirá en esos cinco desafíos del sector eléctrico”, manifestó el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE.
Dijo que en forma adicional, esa central termoeléctrica cuenta con componentes en su construcción que permitirán mitigar sus efectos en el medio ambiente, como la adición de un moderno sistema de tratamiento de emisiones, así como toda una estructura de traslado y almacenamiento de carbón mineral completamente techado, para evitar la expansión de las cenizas.
Asimismo, esta planta eléctrica evitará efectos a la fauna marina, ya que operará con un sistema de toma de agua a bajas velocidades, así como difusores submarinos para cumplir con las normas internacionales de temperatura al retornar el agua utilizada hacia el mar.
En cuanto al desarrollo económico nacional, Jiménez Bichara recordó que junto a Punta Catalina se construyó un puerto de alto calaje, así como una amplia infraestructura de transmisión eléctrica.
“Esto permitirá que hacia el futuro, la zona donde opera el parque eléctrico se convierta en un parque industrial, ya que muchas empresas desearán instalarse cerca de una infraestructura energética y portuaria de las dimensiones que tendrá este parque, en la zona de Catalina, provincia Peravia”, acotó.
Explicó que hasta el mes de septiembre la inversión en Punta Catalina por hitos entregados asciende a US$2,117 millones. De esa cantidad se han invertido US$291 millones provenientes del financiamiento europeo de SACE, US$595 millones de los bonos soberanos y US$1,231 millones de recursos propios del Estado.
El funcionario defendió la decisión del Gobierno de crear un fondo de contingencia de US$336 millones para garantizar la terminación de la obra y condicionar su devolución o entrega definitiva en la sentencia que dicte el tribunal de arbitraje internacional donde el Estado defenderá la posición de no pagar más de US$1,945 millones como valor contractual de la obra.
Dijo que la CDEEE contrató a la firma de abogados Foley Hoag LLP para defender los intereses del Estado y enfrentar el reclamo de US$708 millones adicionales que hace el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella.
26 de octubre 2018
