Art. 359 del Código Penal: “El que ocultare o encubriera el cadáver de una persona asesinada o muerta a consecuencia de golpes o heridas, será castigada con prisión correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos, sin perjuicio de penas más graves si resultare cómplice del delito”.
La muerte inesperada, cruel, salvaje de una adolescente y de la criatura que llevaba en su vientre duele. Y duele desde lo más profundo del alma que se desgarra solo de suponer el sufrimiento padecido.
Estremece la conciencia social, es cierto, pero no debe ser tomado una bandera para obtener beneficios políticos de quienes tienen la responsabilidad de evitar acontecimientos de esa naturaleza poniendo en práctica políticas públicas que eliminen la marginalidad y garanticen los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y las leyes, como educación, salud, vivienda, empleo y protección. (Y no hacen nada)
El Procurador General de la República convoca una conferencia de prensa para anunciar que apelará la sentencia. También se montó en la ola. Eso pudo decirle el fiscal de San Francisco de Macorís. (Es lo usual) Si el ministerio público recurre, los abogados de los imputados, también.
En este país hay miles de jóvenes como Emely, sumergidas en la pobreza y la ignorancia, que, como insólitamente dijera el presidente de la República, buscan maridos para salir de la pobreza en que su gobierno las mantiene. Somos el primer país de la región con embarazos de adolescentes. Estamos en los primeros lugares por muertes materno/infantil.
Miles de niños y niñas mueren en los hospitales todos los días antes de cumplir los cinco años de edad sin que las autoridades y los medios de comunicación se enfurezcan; sin que los partidos, incluyendo la izquierda digan o hagan algo.
Se trata, por supuesto, de hijos e hijas de nadie, sin recursos económicos, sin prensa, sin redes sociales, sin bocinas, sin abogados caros. Forman parte de Los deshechos humanos de una de las sociedades menos equitativas del continente.
La vicepresidente de la República, montada en la creciente ola del populismo y la demagogia politiquera, protesta por la sentencia de los jueces que ella, junto a quienes dirigen el país, han escogido, pero no dice nada ante un ministerio público incapaz y una policía que dispara primero y averigua; y nunca se ha referido al sistema judicial, politizado y corrompido por su partido.
El Colegio de Abogados, un “intermedio del PLD”, donde se supone que están los jurisconsultos, los que han estudiado y leído el código, haciéndose el gracioso protesta; hasta organizaciones de izquierda se lanzan a las calles a protestar contra una sentencia que consideran benigna, pero no lo hicieron el día que archivaron el expediente de Félix Bautista y Díaz Rúa, entre otros. Y no han quemado una goma por el “mareo” judicial del caso Odebrecht. (Este es el único país donde no hay un preso por ese expediente)
Los medios de comunicación y las redes sociales arden de rabia por los cinco años de condena a Marlín y no los 20 que la ignorancia y los prejuicios habían dictado. Contra esa señora, a quien no conozco, ni quiero conocer, se violó el debido proceso, se le condenó ignorando que todo imputado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.
El tribunal, presionado por la prensa amarilla que deseaba teñir de rojo sus páginas, se llenó de miedo. El juez que leyó la sentencia utilizó calificativos inapropiados para un magistrado, que reflejaron prejuicio, parcialidad y populismo judicial, hablando como si estuviera en una manifestación política ante las masas enardecidas, no en un tribunal.
Morbo de carne sin ojo y sin cerebro, como en un circo, pedía que Marlín fuera condenada a morir lapidariamente, en la hoguera, la guillotina o ahorcada, no importa lo que dijera la ley. El “palé” 30-20 se peló. Y la turba salió indignada. El 30-20, en buen derecho, no era posible. Era injusto. El Código no lo establece. La ley es la ley; no puede ser buena en unos casos y mala en otros. El populismo jurídico y virtual no dicta sentencia.
Los jueces tienen que emitir sus condenas en función de lo que puede ser probado. Por eso el expediente de la policía y el Ministerio Público tiene que ser sólido, tiene que estar bien instrumentado. El juez es un lacayo de la ley. No puede hacer más ni menos que lo que ella dispone, nos guste o no. (Si el código que reposa desde hace años en el Congreso no ha sido conocido y aprobado, con las tres causales del aborto, incluidas, es culpa del partido de gobierno de Medina. ¡Y de nadie más!)
Es horrendo crimen cometido contra Emily y la criatura que llevaba en su vientre, pero también es horrible intentar sacarle provecho político en medio del llanto y el dolor de los padres y demás familiares de la adolescente.
