El ingeniero Juan Temístocles Montás intimó mediante acto de alguacil al abogado Julio Andrés Santamaría para que rectifique en un plazo de tres días calendario las afirmaciones injuriosas que tratan de vincular al alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la aceptación de un soborno en la la adquisición de un inmueble hoy arrendado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
En el acto, instrumentado a través del abogado Manuel Alejandro Rodríguez, Montás sostiene que Santamaría incurrió abiertamente en la vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad y al honor, exponiéndose a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley no. 6132, por la comisión del delito de difamación, salvo que obtempere a la rectificación requerida.
Igualmente, mediante el acto, Montás y su abogado intiman a Santamaría a que “de forma inmediata cese y se abstenga de continuar difamando al requirente, reiterando las afirmaciones difamatorios” que propalara sin pruebas de ningún tipo en el programa radial “El Zol de la mañana”, por la emisora 106.5 FM el día 22 de noviembre de 2018.
Montás reclama que en un plazo no mayor de tres días calendario “proceda a rectificar sus declaraciones difamatorias producidas en perjuicio de Juan Temístocles Montás Domínguez: a) solicitando audiencia y compareciendo nuevamente al programa radial “El Sol de la Mañana”, que se transmite en vivo cada mañana de lunes a viernes, por la emisora 106.5 FM a fin de desvincular al requirente de toda participación histórica en los hechos de corrupción expuestos, respecto del arrendamiento de la Torre Integral MICM, inmueble donde se ubica el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes”.
Solicita, además, que Santamaría proceda a publicar -por nota de prensa o espacio pagado- en un periódico de circulación nacional, la rectificación personal de sus declaraciones antes indicadas, en lo que al requirente respecta, a la vez que le comunique “en cada rectificación una disculpa de su parte por la ligereza censurable de su conducta y la afectación que ha producido en la persona del requirente”.
En el acto se advierte a Santamaría que la difamación proferida es causa de “considerables daños materiales y morales, permanentes y progresivos, particularmente por la afectación negativa que ha producido a la dignidad del requirente y que, en consecuencia, de no retractarse, rectificando sus declaraciones en la forma indicada, serán ejercidas en su contra las acciones judiciales de carácter civil y penal, que el Derecho pone a disposición del requirente para la protección de sus bienes e intereses jurídicos legítimos que han sido injustamente lesionados”.
Señala que de no acogerse a la solicitud de rectificación, Santamaría se expone igualmente a la apertura de “una acción disciplinaria ante la Junta Directiva del Colegio de Abogados de la República Dominicana, dada su calidad de licenciado en derecho matriculado en dicho Colegio, autor de una censurable conducta extraña al buen juicio y a los deberes éticos que deben dirigir la actuación de todo profesional del Derecho”.
En el contenido de su intervención en el programa radial, Santamaría señaló que supuestamente el ingeniero Freddy Pérez se negó a hacer un pago de comisión al señor Carlos Gómez, a quien el abogado supuestamente representa, por la venta de la Torre Integral MICM, en el entendido de que Pérez habría pagado un soborno de tres millones de dólares a funcionario público para hacer la transacción.
En la misma entrevista, Santamaría afirmó que Pérez habría identificado ante Gómez al funcionario y que resultaría ser el ingeniero Montás, quien ocupó el Ministerio de Industria y Comercio.
Montás aclaró que cuando él era ministro fue que se adquirió el edificio que aloja al MICM, pero que la negociación no se hizo con Freddy Pérez, sino directamente con el estatal Banco de Reservas.
