Santo Domingo.- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana estableció en un informe de auditoría, que los principales funcionarios del Defensor del Pueblo dieron estricto cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos.
Determinó además que los estados de ejecución presupuestarias examinados presentan, razonablemente, en todos los aspectos importantes, los ingresos y desembolsos realizados por el Defensor del pueblo en el período comprendido del primero de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2017.
El informe recoge los resultados de la auditoría que la Cámara de Cuentas practicó a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Defensor del Pueblo, por el período del primero de enero del 2015 al 31 de diciembre del año 2017, y el informe legal correspondiente. Fue emitido el 9 de noviembre del 2018.
En la resolución que aprueba el informe de auditoría, se resalta que ante el cumplimiento estricto de las leyes, reglamentos y normativas, procede a acoger las disposiciones relativas a la presunción de legalidad en las operaciones y actividades ejecutadas por los funcionarios de la entidad.
“Se observa que, las actuaciones de los principales funcionarios se enmarcan dentro de los principios éticos y morales que regulan el ejercicio de la función pública”, destaca.
El Defensor del Pueblo es un órgano constitucional, que está dirigido por la doctora Zoila Martínez Guante, y como defensora adjuntas fueron designadas las doctoras María Batista y María Ramos.
En el reconocimiento de los gastos, el informe de la auditoría se indica que el Defensor del Pueblo reconoce sus gastos en base al método de lo devengado, es decir, cuando se incurre en los mismos.
La auditoría a los estados de ejecución presupuestaria del defensor del Pueblo se basó en la facultad que le otorga la ley 10-04, del 20 de enero del 2004, a la Cámara de Cuentas.
La institución explicó que la auditoría se realizó de conformidad con las normas de auditoría gubernamental y las guías especializadas elaboradas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
La resolución, del 13 de noviembre de este año, está firmada por el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez y los demás miembros de esa entidad, Pedro Ortíz Hernández, Carlos Tejada Díaz, Félix Álvarez Rivera y Margarita Melenciano Corporán.
