Por Nelson Rudys Castillo Ogando. Como notario siempre he estado en posiciones distintas y a menudo encontradas con el actual presidente del Colegio, más allá de puntuales y leales colaboraciones institucionales. Pero muchos notarios de todos los rincones del país tienen ese mismo sentimiento. Las fuertes divisiones internas vividas en los últimos años no tienen parangón en la moderna historia del notariado dominicano.
Nadie está en posesión de toda la verdad, pero es incuestionable que todos estos episodios patentizan una grave falta de liderazgo y de capacidad de diálogo del presidente. La corporación notarial puede, debe y tiene que ser gobernada desde la generosidad, el consenso, la moderación y la aceptación democrática de la disidencia. Las relaciones externas son manifiestamente mejorables.
El notariado en estos momentos corre un serio peligro de aislamiento social y político, de imprevisibles consecuencias, por razón de una estrategia fundamentalmente errónea de nuestra dirección. Sin comerlo ni beberlo, los notarios estamos enfrentados con la Suprema Corte de Justicia, con el Consejo del Poder Judicial, con los alguaciles, con los abogados, con el sector bancario y empresarial. El notariado dominicano fracasará en los grandes retos que tiene que afrontar imperiosamente en los próximos tiempos (tarifa de honorarios, competencia exclusiva, jurisdicción voluntaria) si sigue empeñado en pelearse con todo el mundo.
Lo peor, sin embargo, es la muy escasa capacidad de interlocución de nuestro presidente gremial. Si alguien piensa que con tener cierta proximidad a algunos jueces de Altas Cortes ya está todo resuelto, revela con ello una comprensión muy parcial e incompleta del funcionamiento de la democracia y separación de poderes. Acabaremos pagando muy cara esa falta de capacidad para generar consensos.
El futuro del notariado por los próximos años no augura nada bueno, pues el actual presidente ha demostrado tener malas relaciones con prácticamente todos los notarios y los grupos de poder. En algunos casos, incluso pésimas. Más allá de su intención de perpetuarse en el cargo lo execrable, sin duda, es violentar groseramente la propia ley notarial y haber cercenado la secular confraternidad existente entre el Consejo Directivo y los notarios.
Jamás el notariado había sido tratado por los interlocutores sociales y políticos con semejante displicencia y dureza. El problema fundamental es la pérdida de la aceptación y consenso social alrededor de la figura del actual presidente del Colegio y, en adición a ello, está su responsabilidad entreguista a la inmersión política-partidaria dentro del gremio.
Hará falta un nuevo gobierno notarial que sepa combinar equipos, ideas, experiencia, renovación y, sobre todo, capacidad de interlocución política, firmeza y diplomacia. Ha llegado la hora de dejar atrás las armas, los piquetes frente a la SCJ e iniciar procesos de razonamiento para lograr el respeto a la ley y la vuelta de la institucionalidad. La situación es preocupante y grave.
