El presidente Danilo Medina decidió ponerse del lado de la inmensa mayoría de la sociedad dominicana que había manifestado por todos los medios posibles su rechazo a que el país se adhiera al Pacto Migratorio patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuya firma se llevará a cabo en Marrakech, Marruecos, los días 10 y 11 de este mes.
Conforme la decisión anunciada la tarde de ayer por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, el Gobierno comunicará al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, las razones por las cuales la República Dominicana no suscribe este pacto.
Un mínimo de intuición nos hace presumir que entre las causas que invocará el Gobierno se encuentra la realidad migratoria de la República Dominicana, la que es peculiar en atención al hecho de que es el único país que comparte con otro una isla y que ese otro país representa una situación que genera permanentes conflictos.
Es lamentable, sin embargo, que la decisión del Gobierno fuera anunciada luego de un silencio explicable ante un tema que genera tantas crispaciones por la realidad que vive nuestro país frente al vecino emisor masivo de inmigrantes.
Este posible atentado a la soberanía e integridad de nuestro país debió ser abordada por el Gobierno con la mayor responsabilidad, lo cual no ocurrió si atendemos al hecho de que el canciller Miguel Vargas Maldonado anduvo huyéndole al tema, a sabiendas de que el mismo genera una repulsa más o menos importante de todos los sectores nacionales, conscientes del impacto que, de ser suscrito por el país, tendría en los sentidos más amplios del concepto.
Como ya se ha señalado, la firma del pacto migratorio hubiese significado llevarse de paro todos los esfuerzos anteriores emprendidos para hacerle ver a la llamada comunidad internacional que nuestro país tiene derecho a defender su integridad territorial de las amenazas latentes y los hechos concretos ya existentes de una migración masiva y sistematizada que nos arropa.
Habría anulado de hecho la Constitución de la República y las leyes adjetivas sobre la materia, así como la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional que pretendió establecer un marco sustantivo por el cual se rija el espinoso tema de los derechos de los inmigrantes irregulares que tanto dolor de cabeza han generado a nuestro país.
Algunos de los defensores del pacto, tanto dentro como fuera del Gobierno, se aferran a la idea de que beneficiaría a los dominicanos que han emigrado o pudieran emigrar en el futuro, sin atender al hecho de que es cada vez menor el número de nacionales que decide quedarse de manera irregular en otras naciones. Bien por el presidente Medina
