El organismo que preside Yolanda Martínez impuso una multa que asciende a 46,342,800 de pesos, equivalente a unos 3 mil salarios mínimos en ese sector.
La decisión del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA), a través de la Resolución Núm. 018-2018 sobre el abuso de posición dominante de la Cervecería Nacional Dominicana (CND) en el mercado de producción, comercialización y distribución de la cerveza en República Dominicana.
La resolución indica que el abuso de posición dominante está tipificado en la Ley General de Defensa de la Competencia Núm. 42-08, en su artículo 6, y la CND es responsable específicamente por violación a los literales a; b; y d.
Informa que la decisión fue tomada por votación unánime del Consejo Directivo. “El organismo impuso la sanción máxima establecida por la ley, correspondiente a 3 mil salarios mínimos del sector, lo que totaliza la suma de RD$ 46,342,800”.
La resolución ordena a la Cervecería Nacional Dominicana al cese de inmediato de las conductas abusivas y la nulidad de los contratos suscritos bajo estas condiciones, establece una penalidad de 3% del monto por cada día dejado de pagar, y advierte que la ley permite duplicar la multa en caso de reincidencia.
De acuerdo lo que determinó el organismo estatal, la CND, abusando de su posición de dominio que excede el 98% del mercado, impone restricciones que no tienen justificación objetiva y económica.
Entre esas restricciones mencionó la imposición de precios de reventa; cierre de mercado a través de contratos de exclusividad de distribución, comercialización, promoción y publicidad; restricciones de visibilidad y espacio en góndolas de marcas competidoras.
Asimismo, en el proceso de investigación, se pudo evidenciar cómo la CND aprovecha la dominancia en el mercado de las cervezas para imponer condiciones en otros mercados, y que a través de conductas anticompetitivas, favorezcan sus marcas de agua, refrescos, jugos, energizantes y ron. Una de las condiciones exigidas por la empresa es obligar a los clientes a promocionar y publicitar todos los productos fabricados, distribuidos y comercializados por CND en la actualidad y los que pudiese fabricar o comercializar en el futuro. También condicionan la posibilidad de los clientes de ceder, concluir o transferir los beneficios que les son concedidos a CND en estos contratos, aún después del vencimiento de los mismos.
El efecto de las conductas demostradas a lo largo de este proceso, representan un importante disuasivo a la inversión: al generar un mercado donde no hay libre y leal competencia, posibles competidores se abstienen o limitan de participar en el mismo, o incluso en mercados conexos, afectando con esto el desarrollo del país y el derecho a competir en igualdad de condiciones, derecho que tiene rango constitucional y está descrito en su artículo 50.
Estas prácticas impactan directamente a los consumidores en dos vertientes: reduce el llamado “bienestar del consumidor” al hacerle pagar más por un bien de lo que pagaría si el precio de este se mantuviese en un nivel competitivo, y limita las opciones de elección de los consumidores, al verse restringidos o impedidos en adquirir o, incluso, en conocer otro producto, ante las declaradas restricciones impuestas por la CND a los comercios donde los consumidores acuden.
La dirección ejecutiva de PRO-COMPETENCIA abrió una investigación de oficio en enero del 2017, que concluyó en diciembre de ese mismo año, al presentar un informe de instrucción en el que describe, pondera y tipifica los actos de abuso de posición dominante de la CND. Este informe fue admitido por el Consejo Directivo en enero de este 2018, y abrió un procedimiento administrativo sancionador que permitiese ponderar los argumentos de ambas partes, Dirección Ejecutiva y la CND. A partir de ese momento se realizaron las audiencias donde se discutieron pruebas y los medios de defensa incidentales planteados. En fecha 14 de septiembre de 2018 se conoció la audiencia de fondo ante el Consejo Directivo, donde la CND presentó testigos, pruebas y argumentos, en ejercicio pleno de su derecho de defensa y debido proceso, principios constitucionales y legales que el Consejo Directivo garantizó a lo largo del caso.
El Consejo Directivo de PROCOMPETENCIA lo preside Yolanda Martínez, junto a Iván Gatón, Victor Mateo, Juan Reyes y Marino Hilario. La Presidenta del Consejo dio a conocer todos los detalles de la resolución en una rueda de prensa llevada a cabo en la sede de la institución.
