La instituciones estatales vigentes fueron diseñadas y definidas en la Constitución del 2010 impuesta por el Presidente Leonel Fernández, por el cogollo de la partidocracia corrompida y por la cúpula del gran empresariado capitalista local y transnacional, a manera de pacto social y político dominante.
Las elecciones que sucedieron a su aprobación definieron la composición humana de la instituciones renovables o poder temporal, y en la actualidad reinan las personas escogidas en los comicios presidenciales, congresuales y municipales del 2016, bajo el mando del pele-danilismo.
Esas personas fueron electoralmente favorecidas por millonadas de pesos y dólares procedentes del presupuesto electoral del Estado asignadas discriminatoriamente a los partidos tradicionales (dineros de los contribuyentes), por voluminosos recursos de todo tipo robados al Estado (dineros de los contribuyentes malversados por altos funcionarios), por profusas “inversiones electorales” del gran capital privado (sobornos a partidos con fines rentistas y de control) y por dinero de la narco-corrupción.
El gran capital privado junto a las instituciones policiales y militares, y la cúpulas de las iglesias más fuertes, Embajada de EEUU, FMI, Banco Mundial-BM, grandes prestamistas internacionales privados, CÍA, FBI, Cuerpo de Asesores Militares gringos (MAAG)… conforman el poder permanente, esto es, el que no pasa por elecciones y sobrevive a todas las coyunturas electorales pasajeras.
· Poder dominante: asociación delictiva y deshumanizada.
El poder permanente es una especie de poder detrás del trono (o detrás de la mampara visible del gobierno e instituciones estatales) y cuenta con enormes recursos propios en el caso del gran empresariado privado (producto de la explotación y sobre-explotación del pueblo trabajador, y del saqueo del patrimonio natural del país); o cuenta con recursos asignados presupuestariamente (casos cuerpos castrenses y policiales) y licencia para robar las riquezas públicas. Esto último es factor común a sus diversos componentes.
En muchos países, y aquí de manera sobresaliente, el poder permanente y el poder temporal se amalgaman y abrazan en continuas y perniciosas prácticas de corrupción bajo la premisa de considerar el patrimonio estatal, natural y territorial (ingresos vía impuestos, enormes excedentes de la explotación del trabajo manual e intelectual de la sociedad, y riquezas del suelo, subsuelo y sobre-suelo de nuestra Nación) como patrimonio a compartir para ser apropiado privadamente y repartido entre las personas que detentan esos poderes; lo que se traduce en un desprecio total por los demás seres humanos y por nuestra casa común, la Madre Tierra.
Así se ha montado una especie de asociación delictiva y deshumanizada, protegida por un sistema de impunidad y reproducción basado en el control del Ministerio Público, Poder Judicial, Órganos de Fiscalización, Regulación y Control, Mecanismo de Prevención y Persecución, Poder Electoral, Altas Cortes, Sistema de Partidos financiado, Poder Legislativo y Ministerios y Direcciones; todos dóciles y constantemente batuteados y manipulados por el Poder Ejecutivo y por el Poder del Gran Capital Privado, conectados por diversos vasos comunicantes espurios.
Componentes determinantes de ambos poderes, temporal y permanente, en el que integrantes del temporal, una vez ilegalmente súper-enriquecidos y/o asociados a empresarios de tradición pasan a ser permanentes, han engendrado un PODER ESTATAL-PRIVADO MAFIOSO, capaz de las más deleznables prácticas gubernamentales y empresariales con complicidades espeluznantes.
· La tragedia en Villas Agrícolas revela alta degradación del poder delincuente.
El que paga la orquesta impone la música, aun si fuera lúgubre y anuncie tragedia.
Pasó en el “Villas Agrícolas” con la terrible explosión en la empresa de embases plásticos POLIPLAST DOMINICANA, en la que el gasoil, gas natural e insumos altamente inflamables se combinaron con la indolencia estatal, violaciones empresariales a las normas de seguridad industrial, ocultamientos imperdonables, manejos temerarios, tratamiento de la clase trabajadora y del barrio popular que rodea la empresa como mercancía desprotegida y material despreciable ante los ojos cómplices e indolentes de varios ministerios y de la propia central sindical a la que pertenece su sindicato (la CASD de Gabriel del Río)
Solo la existencia de esa asociación delictiva, de ese PODER ESTATAL-PRIVADO MAFIOSO, explica lo acontecido; acontecimiento plagado de decisiones criminales previas, protegidas por las más diversas instituciones del Estado mucho antes de la explosión estremecedora.
La mafia industrial abrazada a la mafia de los combustibles, protegida por la mafia política, la tecnocracia y la corrupta burocracia sindical, no respeta nada en su avasallante afán de ganancias, privilegios y poder.
Permitieron que una empresa de alto riesgo fuera rodeada por un barrio populoso.
Construyeron en sus proximidades dos liceos, tres escuelas primarias, tres estancias infantiles y proliferaron casas y casuchas.
A los dueños de POLIPLAST DOMINICANA, a la poderosa y rancia Familia Dies Cabral (Grupo Diesco), le importó tan riesgosas circunstancias para la sociedad. Igual las evidenciadas inseguridades al interior de su nave industrial: cercanía de calderas y depósitos de combustibles, ausencia de sistemas de alarmas y planes de evacuación y obstaculización de las vías de salida.
Y para colmo acostumbraban inyectar combustibles a los depósitos mientras permanecían encendidas las calderas, solo por simple interés mercurial.
La corporación del gas natural, propiedad del GRUPO MARTÍ (relevante componente de la recién denunciada mafia de los combustibles) siempre obvió el contexto de alto riego presente en esa asociación comercial y pasó por alto las temerarias circunstancias de ese último suministro; amén de que la empresa receptora la acusa ahora de ser reincidente irresponsables en fallas técnicas que han provocado escapes del combustible, incluido el que específicamente desató esta tragedia.
A ambas corporaciones la mueve solo el afán desmedido de lucro dentro de un entorno de poder donde todo se vale y se puede para ellas, protegidas como están por autoridades en las que hicieron “inversiones” millonarias (sobornos electorales) para obtener los apoyos correspondientes.
Ahora se pelean por atribuirse las culpas, evadir las inciertas penalidades y obtener las compensaciones de las Compañías Aseguradoras.
Ambas bloquean con su poder y sus socios gubernamentales las investigaciones que puedan afectarlas.
POLIPLAST oculta hasta el impresionante número de muertes y personas heridas, y todas sus violaciones acumuladas. Cierra en 7 el conteo y nadie se lo cree, pues hasta trabajadores no registrados tenía en su plantilla.
Es evidente que para operar de esa manera criminal contó y cuenta con el respaldo de los ministerios de medio ambiente e industria, trabajo y comercio, y del propio Palacio Nacional, que en este momento financia parte de la reparación de los efectos del siniestro y sus impactos desgarradores; algo que le corresponde hacer al propio grupo empresarial responsable de la tragedia.
Y para evitar que caigan sobre sus hombros las responsabilidades y cargos pendientes, cuentan con la complicidad inducida desde arriba de un sistema judicial asociado y/o subordinado al poder mafioso compartido entre las referidas instancias empresariales y políticas, y con la consecuente solidaridad de una dictadura mediática experta en silenciar no pocas de las culpas de la clase dominante-gobernante.
· POLIPLAST es un caso entre muchos.
Este caso podrá tornarse dramáticamente emblemático, pero este lejos de ser el único de esa calaña. Hay muchos otros a punto de estallar. Haina entera es más que un polvorín. La inseguridad industrial campea por todas partes a consecuencia de la referida asociación delictiva.
Barrios populares y pequeños poblados están amenazados por plantas de gas y formas inseguras de expendio (propano y natural) y estaciones de gasolina impuestas contra todas las normas (pasen por Nagua y Cuesta Blanca en SFM y verán dos ejemplos señeros).
Ríos y ambientes envenenados por desechos industriales abundan por doquier.
El pueblo trabajador está brutalmente desprotegido, a la merced de mercaderes inescrupulosos, dueños de empresas y funcionarios que se enriquecen al vapor imponiendo en los procesos productivos, extractivos y comerciales la cultura de la muerte para ellos reinar en la opulencia parasitaria; pisoteando normas, regulaciones, leyes y preceptos.
Y no es que existan empresarios celosos de las normas de seguridad y la sanidad ambiental, pero ellos no determinan las operaciones esenciales del sistema. El control, la hegemonía, está en manos de quienes son ajenos a toda sensibilidad humana e incluso son proclives a todo tipo de fechorías.
La tragedia de Villas Agrícolas debe marcar un antes y un después en la actitud popular-nacional frente a los peligros que nos asechan en esa vertiente de la vida en sociedad: este poder mafioso debe ser derrotado por la indignación popular que no cesan de concitar sus desafueros, agresiones y mentiras.( noticiassin.com /11-12-18, Santo Domingo RD)
